Disputa por el INE, clave para el 2024

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A partir del enfoque político del Instituto Nacional Electoral que identifica al proyecto de gobierno del presidente López Obrador como populista, el control del INE se ha convertido en un punto central para el escenario de las presidenciales de junio de 2024.

El INE encabeza a la oposición aliancista y sus aliados empresariales a la ultraderecha y ha utilizado sus recursos y burocracia para caracterizar al régimen lopezobradorista de populista, en tanto que las respuestas morenistas han colocado al Instituto en el espacio de los defensores del modelo político del neoliberalismo salinista.

La propuesta de reforma político-electoral del presidente López Obrador y Morena se localiza en el escenario de cambios inevitables que tendrán que ocurrir en abril de 2023 cuando los consejeros Lorenzo Córdova Vianello, Ciro Murayama Rendón y otros dos terminen su ciclo legal y tengan que abandonar el Instituto, obligando a los partidos a renovar cuatro asientos, y además al nombramiento de un nuevo consejero presidente y del secretario ejecutivo.

El INE y la oposición han tratado de polarizar el ambiente político con el argumento de que el presidente López Obrador quiere desaparecer al Instituto, lo cual es una mentira amañada porque la iniciativa de reforma –de manera lamentable– deja la estructura del INE como organismo de intermediación electoral manejado por siete –hoy son once– barones y baronesas como una especie de politburó o comité central de la vieja estructura de los partidos comunistas.

Los principales puntos de la iniciativa de reforma se podrían centrar en dos: la disminución de 200 diputados –no necesariamente todos los plurinominales– y la reducción de once a siete consejeros electorales con las mismas funciones en la actualidad, solo que evitando que sus nombramientos salgan de elecciones entre los partidos y se prorrateen consejeros entre las organizaciones partidistas que deben ser vigilados y regulados por el Instituto. La propuesta de votación popular por los consejeros electorales llevaría a otro paso a los mecanismos de democracia participativa.

Más que un cambio de régimen, la propuesta de reforma político-electoral del presidente López Obrador implica una nueva forma de gobierno, pues terminaría con el ciclo de la democracia representativa a través de un sistema de partidos con legisladores electos en las urnas y trataría de arribar al modelo de democracia participativa pero el involucramiento directo de los ciudadanos en la designación de ciertos niveles de funcionarios.

El modelo de organización burocrática del INE fue creado en 1990 por el presidente Salinas de Gortari con el Instituto Federal Electoral y sus funciones de organización de elecciones, pero con labores nebulosas de garantizar la vigencia del modelo democrático tradicional representativo. La anterior Comisión Federal Electoral de Bartlett solo organizaba elecciones y dejaba los resultados electorales a la autocalificación en el colegio electoral formado por los presuntos diputados electos.

En este contexto, el IFE-INE asumió por la libre su función de definir y garantizar el modelo democrático, pero sin contar con facultades para ello, pues el ejercicio y equilibrio de la democracia se logra en la proporción representativa entre los partidos políticos en el Congreso. En este sentido, el INE se ha querido acreditar la función de Cuarto Poder electoral –tipo chavista en Venezuela– no constitucional para determinar prácticas, enfoques, propuestas y desarrollos democráticos que corresponderían a otras instituciones con funciones concretas de libertades democráticas.

El modelo salinista del IFE-INE convirtió a la autoridad electoral en un embudo autoritario que califica a voluntad de once barones y baronesas electorales las características y condiciones de la democracia, marginando, cuestionando y desechando prácticas democráticas directas. El Consejo General del INE gasta recursos y personal burocrático para aplicar un modelo de interpretación democrática de corte autoritario y a partir del viejo pensamiento político de la democracia representativa, sin reconocer que el populismo es un ejercicio democrático democracia participativa.

Ahora mismo, el consejero presidente Córdova Vianello y el consejero Murayama Rendón están emprendiendo una campaña con recursos del Instituto en contra de la reforma caracterizándola de populista, pero sin que exista de manera coherente y articulada alguna crítica que señale que el populismo es antidemocrático; en todo caso, la crítica antipopulista se sustenta en la capacidad de liderazgo de un dirigente, aunque cumpliendo con todos los requisitos institucionales de la democracia.

El contenido de la reforma político-electoral del presidente López Obrador no modifica la estructura del INE, aunque sí cambia ciertas reglas: menos consejeros, menos asesores, menos burocracia y menos entrega de subsidios a los partidos salvo para cubrir gastos de campaña y no financiar a la burocracia de los partidos que vive de recursos del INE que provienen de los contribuyentes. Una verdadera reforma estructural del INE implicaría la desaparición del Consejo General y su conversión a un organismo con la sola función de instalar casillas y contar votos, quitándole inclusive el manejo del padrón electoral que se ha filtrado sin ningún control de privacidad de los ciudadanos.

Más que una disputa por el control del INE, la reforma del presidente de la República busca quitarle el Instituto a la burocracia política que se apoderó de la estructura electoral desde la fundación del organismo como IFE en 1990 a través de consejeros electorales designados por los partidos que deben ser vigilados.

Si se revisa con minuciosidad el funcionamiento del Instituto Electoral a lo largo de 32 años –de 1990 a 2022– podrían encontrarse elementos suficientes para advertir que el Consejo General tuvo a bien funcionar como un dique de contención a la corriente cardenista y lopezobradorista que se salió de los espacios institucionales sin caer en la rebelión y que se ha dedicado a combatir a la burocracia del organismo; asimismo, el Consejo General se dedicó a acotar el funcionamiento de las corrientes madracista y bartlista que quisieron tomar el control del PRI.

Los consejeros presidentes del Instituto arribaron por acuerdos cupulares entre las organizaciones políticas del PRI y del PAN: José Woldenberg fue una recomendación en 1994 del entonces súper asesor hasta alienista Héctor Aguilar Camín; Luis Carlos Ugalde llegó a esa posición en el 2003 por un acuerdo del presidente panista Vicente Fox y la lideresa priísta y ya por entonces calderonista Elba Esther Gordillo para frenar a López Obrador en las elecciones del 2006; Leonardo Valdés Zurita entró de emergencia cuando Ugalde fue destituido por incompetente y representó una concesión al perredismo de Los Chuchos ya entonces alejados de Cárdenas y López Obrador.

Y el actual consejero presidente Córdova Vianello fue designado en 2014 por un acuerdo político del presidente Peña Nieto y el PRI con el PAN en el contexto del Pacto por México que implicó un nuevo acuerdo cupular entre esas dos organizaciones partidistas, excluyendo al perredismo cardenista y lopezobradorista. La intención obvia fue preparar la estructura del Instituto para las elecciones del 2018, solo que no contaron con el hecho de que López Obrador arrasaría en las urnas con el 53% de los votos, más del doble obtenido por el segundo lugar, el panista Ricardo Anaya Cortés.

La reforma electoral del presidente López Obrador y la campaña de resistencia de los consejeros Córdova Vianello y Murayama Rendón está consolidando la función del INE como un organismo contrario al proyecto político del presidente, solo que con recursos públicos y sin pasar por los trámites de una agrupación política o un partido.

De ahí que buena parte de la lucha electoral del 2024 se va a resolver alrededor de abril de 2023 cuando Córdoba Vianello y Murayama Rendón salgan del INE y los nuevos consejeros se vean obligados a designar a otro consejero presidente y a otro secretario ejecutivo y no mantener al actual Edmundo Jacobo que es una pieza de control directo del actual consejero presidente.

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