Xóchitl Patricia Campos López
La Reforma Electoral que se mueve en el ámbito discursivo de la segunda mitad del sexenio a raíz de la propuesta presidencial, tiene como punto de debate la necesaria desaparición del INE y el fortalecimiento de los partidos políticos. La Representación Proporcional, uno de los muchos elementos a discusión, aparece como un incentivo para que los institutos políticos colaboren con el poder ejecutivo en función de su compensación electoral. La RP es uno de los mecanismos que coadyuva a que la enfermedad del faccionalismo se corrija dentro de los partidos, así como a preservar los canales pacíficos de la representación.
Durante los años del modelo de transición vía elecciones competitivas, la ciudadanización e institucionalización del árbitro electoral generaron que los partidos se llenaran de transfuguismo, faccionalismo y corrupción. El acceso al financiamiento público, la vía plurinominal e incluso la autonomía civil de los órganos electorales, fueron procesos que motivaron la competencia de las camarillas internas y cursos de acción en detrimento de los partidos. Los institutos partidistas se olvidaron de sus militantes, bases, capacitaciones, plataformas electorales, doctrinas y liderazgos originarios. Las oligarquías de los partidos, los jefes reales, hicieron de sus institutos las franquicias que vendían candidaturas al mejor postor. Y la autoridad electoral nunca preservó la vida interna y capacidad organizativa de los partidos. Incluso cuando el PRI trató de institucionalizarse en serio, la competencia electoral incentivaba las salidas de sus militantes a otros institutos, es decir, provocaba la desinstitucionalización del partido vía contrabando de candidatos. Con el tiempo, la circunstancia fue semejante en todos los organismos. Con esa partidocracia la consolidación democrática no llegaría jamás.
Si bien es cierto que los partidos políticos tienden a encontrar un óptimo de estabilidad y desideologización conforme la democracia se asienta y el electorado madura, lo cierto es que también este fenómeno se desarrolla conforme una clase media crece. La teoría del centro o inteligencia políticos consiente el fin de las ideologías cuando el bienestar social se amplía. En México ocurrió lo contrario. El andamiaje jurídico-electoral y de partidos, cada vez se hizo más caro e impune; mientras México se hacía más pobre. La ciudadanización se volvió la excusa de una oligarquía que también quiere monopolizar la sociedad civil. Por eso el modelo del IFE/INE resultó un fracaso como propuesta en otros países, por ejemplo, Latinoamérica y África.
Lo importante no es el árbitro sino el buen juego, incluso es la lógica liberal. De ahí la sinrazón de los opositores a la misma. Extinguir al INE es promover el fortalecimiento de los partidos, las militancias, estructuras e institucionalidad. Conforme los diferendos sociales de la estructura económica en el país, es más que razonable la polarización ideológica; por ello resulta necesario revivir a los partidos políticos y eliminar al INE. México vive un faccionalismo extremo y un caudillismo caciquil por todas partes que bien podría regularse mediante la organización de partidos políticos en verdad.
