Guillermo Buendía
El legado político del manejo de la sucesión conformado durante la época dominante del sistema presidencialista y del partido único -incluyendo el de la transición que dio lugar a la alternancia hacia la derecha- da cuenta de la parafernalia de prácticas metaconstitucionales que caracterizó a la democracia mexicana, el cual ahora es insuficiente para ser utilizado como parámetro comparativo. Cuando el presidente López Obrador, a mediados de 2021, marcó el inicio del proceso sucesorio con una lista de nombres que puedan buscar la nominación de la candidatura de MORENA, también acabó con los resabios anacrónicos de aquellos mecanismos políticos que aseguraron la retención del poder de un régimen totalitario.
Bajo estas circunstancias, los partidos antagónicos de las dos coaliciones tienen ante sí retos políticos inéditos. Con plazos de tiempo cada vez más presionados para definir mecanismos consensuados de cómo y quién asumirá la candidatura presidencial, sin disidencias y rupturas internas entre los partidos De Regeneración Nacional y Acción Nacional -este último representante histórico de la extrema derecha mexicana, encarnada hoy por Claudia X. González y Gustavo de Hoyos- sostienen junto con sus aliados una lucha frontal por el poder. El otro partido, el Revolucionario Institucional sumergido en la crisis de la dirigencia de Alejandro Moreno Cardenas y derrotas electorales ha encontrado dentro de la coalición Va por México el lugar desde el cual continua defendiendo el modelo neoliberal instaurado treinta años atrás. Bajo la subordinación de los intereses del gran capital extranjero y nacional los partidos subvencionados por Va por México, y el proyecto de un capitalismo progresista de un Estado de bienestar de los partidos Juntos Haremos Historia, perfilan un escenario de confrontación sin precedentes para las elecciones de 2024.
La candidatura presidencial de las dos coaliciones pasa por dos aspectos concretos: el sistema de partidos y el sistema electoral. El primero se está definiendo entre dos bloques, donde se han integrado los partidos que reconfiguran las fuerzas políticas de MORENA, PAN y PRI. En tanto la sobreregulación normativa de las reglas electorales por parte del INE, que en recientes procesos electorales y consultas ciudadanas habidos durante el gobierno lopezobradorista se han aplicado de manera discrecional, facciosa. Sin más partidos que los ahora registrados y con la misma legislación electoral, la sucesión presidencial de 2024 desde hace un año viene acumulando una serie de conflictos. Es cada vez más evidente la exclusión del senador Ricardo Monreal de la lista presidencial y de que no hay piso parejo entre los aspirantes morenistas afirmó Marcelo Ebrard; por el otro lado, la oposición empuja ampliar su fuerza política con MC sin definir aún los mecanismos que postulen una candidatura de unidad. En tales condiciones el proceso sucesorio aparece empantanado en diferencias de forma -las encuestas como método democratico infalible de la voluntad del pueblo, propone el fundador con licencia de MORENA- o el “ya están muy vistos” a decir del empresario opositor, por lo que se requiere de una propuesta joven, nueva; cuando en el fondo se disputa el poder público puesto al servicio de dos proyectos antagónicos de gobierno.
Desde 1989, la alternancia con el PAN resultó a modo de las coincidencias políticas para instaurar el modelo neoliberal. Las concertacesiones entre PRI y PAN no encontraron ningún impedimento fundamental -incluso durante la alternancia de la presidencia de la República- para realizar las reformas estructurales que permitieron privatizar las industrias estratégicas públicas y reducir al Estado a un regulador de los intereses de los monopolios trasnacionales instalados en nuestro país. La oposición fue tomando forma bajo un proyecto alternativo, a partir de 2006. Tuvieron que pasar siete años para la formación de un movimiento que se constituyó en contrapeso de los gobiernos del PRI y PAN. El fin del sexenio del presidente Enrique Peña Nieto marcó también el agotamiento de las políticas privatizadoras, fiscales y de endeudamiento externo que propiciaron la concentración de la riqueza en unos pocos y el empobrecimiento de más de sesenta millones de mexicanos.
La legislación electoral es fundamental para entender la disyuntiva de los partidos en el actual proceso sucesorio. Los recursos públicos son objeto de escrutinio por parte del INE, la UIF de la SHCP y la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales de la FGR, y por supuesto el TEPJF, instituciones del Estado mexicano con facultades y atribuciones para impedir la práctica de aceitar la maquinaria electoral. La entrega de la tarjeta rosa, bicicletas, cemento, tinacos y despensas con fines de conservar un clientelismo electoral, así como los programas sociales que se ofrecen como gratificación de la compra de votos, son constitutivos de delitos electorales. Esta fiscalización de los recursos públicos no es el único aspecto de las prácticas partidistas que deben ajustarse a las disposiciones legales. Los actos anticipados de campaña, el contenido de los spots diseñado para fines de las campañas políticas de la sucesión presidencial, el posicionamiento de candidatos a través de encuestas, entre otros asuntos, dan cuenta de la movilización de los partidos para acabar con las restricciones de la legislación electoral. Aparte -como asunto de seguridad nacional- está el financiamiento y lavado de dinero proveniente de organizaciones criminales a los partidos, servidores públicos y candidatos en campañas.
Los partidos Del Trabajo, Verde Ecologista de México y De la Revolución Democrática tienen en su participación con las fuerzas políticas dominantes un apoyo social relativo, dependiente. No son expresión de minorías sociales ni corrientes políticas alternativas de un sistema de partidos. El rol contestatario del PT en la Cámara de Diputados y la influencia focalizada del PVEM en Quintana Roo los hace aliados en la esfera electoral y restringidos en puestos o comisiones clave de gobierno.
Con respecto al tramado institucional del sistema electoral los partidos encuentran en el INE una autonomía a modo de sus intereses según sea la fuerza de representación dentro del Consejo General. Lorenzo Cordova Vianello, consejero presidente, al descartar la reforma electoral propuesta por el Ejecutivo Federal -alineándose a la postura de la coalición opositora- lleva al proceso sucesorio a realizarse bajo la misma normatividad que ha conformado un sistema de partidos costoso, falto de vinculación social y representación política. Modificar las instituciones electorales en el sentido de incidir en nuevas relaciones políticas y sociales de los partidos, fomentar el tránsito hacia una democracia participativa y la gestión del INE y del TEPJF no continúe siendo onerosa sin comprometer la imparcialidad, certeza y legalidad de los procesos electorales, acaban siendo temas centrales de una reforma.
El desarrollo democratico obliga que el ejercicio del poder pase por la evaluación de las consultas ciudadanas, cosa que no es del agrado de los propios partidos y de la autoridad actual del INE. En el discurso de los actores políticos siempre se observa una postura consecuente a los cambios, sin embargo, en la práctica sabotean la participación social. La descalificación quedó plasmada en no instaurar una democracia plebiscitaria.
