Entre la neurosis autoritaria del consejero presidente del INE y la moratoria constitucional de la alianza opositora manejada por dos empresarios, el escenario electoral para el 2023 en el Estado de México y la presidencial de 2024 se presenta plagado de conflictos por la existencia de un sistema de elecciones que ha permitido fraude, irregularidades y abusos.
Y aunque Lorenzo Córdova Vianello diga y repita hasta el cansancio que la actual estructura electoral es la ideal, las elecciones de gobernador en 2021 y 2022 han mostrado en toda su dimensión descarnada la falta de autoridad y de respeto del INE y la necesidad de construir un nuevo mecanismo para la emisión del voto.
La confusión que existe en el INE se encuentra en el mandato legal de organizar elecciones con restricciones estrictas que impidan el abuso de poder o desvirtúen el mandato de los electores y no la tarea prioritaria que los consejeros se han dado de ser los caballeros de la mesa redonda de la democracia. En términos estrictos, la democracia no solo es una filosofía, sino que constituye una estructura de participación ciudadana que debe ser regulada para impedir los abusos de poder.
La reforma electoral no debe quedar atrapada en el juego de intereses de los funcionarios del INE que no quieren perder sus privilegios y el secuestro de la organización electoral por razones que tienen que ver más con la incapacidad de la oposición para ejercer su espacio político.
La realización de elecciones de gobernador en el Estado de México en 2023 y en la presidencial de 2024 está perfilando una tensión exagerada de intereses políticos que ya rebasaron los mecanismos de contención de las actuales reglas electorales, lo que hace casi obligatoria la urgencia de una reforma electoral que redistribuye el poder y sobre todo que regule los abusos de gobiernos y partidos de todos los signos ideológicos. Solo una reorganización del sistema electoral podría garantizar elecciones con un mínimo de credibilidad y sobre todo con un margen muy amplio de ejercicio pacífico del derecho.
El actual sistema electoral, la pasividad del INE y las distracciones democratizadoras de los consejeros dejó la puerta abierta desde el 2021 a la penetración del crimen organizado en los procesos electorales y en la captura institucional de territorio y oficinas para responder a los intereses de las diferentes bandas criminales. Del apoyo delictivo de cárteles a candidatos y partidos solo queda un paso para que el ejercicio del poder quede en manos directas de las bandas criminales.
La irresponsabilidad de funcionarios del INE y de los partidos opositores para evitar una reforma electoral de manera paradójica beneficia al partido Morena que en las dos últimas elecciones estatales ha rebasado una impunidad los límites legales para el uso de recursos públicos en apoyo a campañas y candidatos, aunque también la oposición en sus propios espacios ha cometido las mismas violaciones a las reglas equitativas de la democracia electoral.
La reforma electoral debe salirse de su condición de rehén político de partidos de oposición y del chantaje de los funcionarios electorales que van de salida y que no estarán en las elecciones mexiquenses y nacionales. De ahí la importancia de que la gran prioridad nacional sea esa reforma electoral que podría conducir a una mejor democracia y no seguir intentando fundar una democracia sobre reglas electorales parciales y enfermas.
El actual sistema electoral fue creado por el presidente Salinas de Gortari para seguir controlando los procesos electorales a través de los intereses de los partidos tradicionalistas, entre ellos el PRI. La victoria de Morena ha sido un desafío para la reorganización institucional del entramado político-electoral. Si la oposición se encapricha en posponer la reforma electoral, sus quejas después de las elecciones fraudulentas serán irrelevantes.
—30—
