Después de las elecciones de gobernador de ayer domingo, las próximas se celebrarán en junio del próximo año 2023; sin embargo, el consejero presidente Lorenzo Córdova Vianello y el consejero activista Ciro Murayama Rendón terminarán su gestión en abril del próximo año y ya no tendrán ninguna injerencia en esas votaciones.
El efecto calendario inevitable y la iniciativa de reforma electoral presentada por el presidente López Obrador y Morena tendrán cuatro pistas de atención electoral: la reforma, la designación de cuatro de once consejeros, la designación de un nuevo consejero presidente y el obligado relevo del secretario ejecutivo del Instituto porque el actual, Edmundo Jacobo Molina, fue impuesto en una votación adelantada, irregular y con la complicidad panista para que Córdoba pueda mantener el control del INE hasta 2026.
Sea cual fuere el camino que tome la iniciativa de reforma electoral, lo único que queda claro es que llegó a su fin el modelo electoral que impuso el presidente Carlos Salinas de Gortari en 1990 para disfrazar de reforma lo que fue solo la continuidad maquillada del viejo modelo de la Comisión Federal Electoral de Manuel Bartlett Díaz que lo entronizó den el poder en 1988.
Salinas, Jorge Carpizo MacGregor y Ernesto Zedillo inventaron una estructura centralizada en un Consejo electoral nominado en un principio por decisión presidencial y después repartidos los consejeros entre los partidos registrado, para evitar la creación de una autoridad electoral autónoma de manera absoluta. No por menos, por ejemplo, el gran cacique electoral del INE es José Woldenberg, primer consejero presidente que fue designado por Salinas, Héctor Aguilar Camín y Zedillo por su articulación orgánica al modelo de democracia política delegativa sobre la cual nunca perdió el control la autoridad presidencial. Córdoba y Murayama fueron asesores de ese primer Consejo electoral de Woldenberg.
La perversión salinista creó un Instituto Electoral que debiera ser autónomo del presidencialismo agobiante y de los partidos registrados, pero el mecanismo de designación de consejeros quedó en manos de los partidos políticos que votaban por mayoría a los seleccionados, pero también por una triple sobrerrepresentación de partidos en la mesa-herradura del Consejo del INE por permitir la presencia de consejeros votados por partitos, representantes directos de los partido y legisladores con representación de partidos.
El INE ha tenido varias reformas: Salinas lo creó dejando al secretario de Gobernación como presidente del organismo, Zedillo lo quitó con la decisión de consejeros designados por el presidente de la república y la reforma del 2014 fue pactada por el presidente Peña Nieto y el PAN para colocar a Córdova Vianello como el consejero presidente que representara los intereses de esas dos fuerzas políticas ante la avalancha que ya se preveía de López Obrador rumbo a las elecciones de 2018.
En este contexto, el INE nunca ha sido un organismo autónomo en términos reales, con escenarios grotescos como la complicidad del presidente Vicente Fox con la lideresa priísta magisterial Elba Esther Gordillo para imponer en 2004 al consejero presidente Luis Carlos Ugalde y luego destituirlo de manera vergonzosa por su incapacidad para manejar a favor de Felipe Calderón Hinojosa las elecciones presidenciales de 2006. Y en el mismo escenario queda la decisión política del presidente Peña Nieto para mantener como consejero presidente a Córdova Vianello en 2015, después de que se dieron a conocer grabaciones donde este funcionario insultaba de manera racista a representantes indígenas que exigían derechos electorales burlándose de la forma de hablar, circunstancias que debieron haber provocado su cese fulminante por la violación de las leyes contra el racismo.
Con el apoyo del PRI, del PAN y del PRD ya sin Cárdenas ni López Obrador, Córdoba y Murayama se asumieron como Cuarto Poder autónomo del Estado –con reglas salariales doradas— y se autodotaron de la función de representar y defender el modelo de democracia representativa como un dique de contención a las propuestas de democracia participativa del López Obrador y desde el INE se construyó la narrativa de acusar al presidente de la República de gobernante populista autocrático.
Córdoba y Murayama agotaron el modelo salinista del INE y su proceso de salida abre la gran oportunidad para construir, ahora sí, una autoridad electoral autónoma del poder presidencial.
Política para dummies: la política es la demagogia de la democracia.
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