Uno de los temas centrales sobre la violencia en tiroteos masivos en Estados Unidos debe atraer la atención analítica: ya no solo el tema del racismo o del terrorismo interno o de las actividades criminales. Cálculos aproximados podrían arrojar datos sobre unos 300 tiroteos ocurridos en instalaciones educativas de diferentes niveles en los últimos tres años.
Desde el caso impactante de Columbine en 1999, el crecimiento exponencial de tiroteos en escuelas ha crecido de forma impresionante. ¿En qué ha fallado el sistema educativo en la configuración del pensamiento social de los estudiantes como para que adolescentes, de menores de edad a nivel universitario, desdeñen la formación educativa y estallen en violencia contra sus compañeros y sus profesores?
Después de lo ocurrido en Uvalde, Texas, una de las respuestas institucionales sigue merodeando en los pasillos del sistema legislativo: la autorización para que profesores porten armas visibles como una manera de desalentar la violencia.
Se trata de lo que pudiera llamarse la doctrina Trump basada en la argumentación de que “lo único que detiene el tipo malo con un arma es un tipo bueno con un arma”, aunque con las dificultades naturales de saber sí existen tipos buenos con arma y si todo se tendría que resolver en duelos armados el equipo del viejo oeste.
La indagación está planteada pero no se ha llevado a fondo: el responsable de la masacre en Uvalde era un estudiante bueno —good guy–, sin antecedentes penales y muy cercano a su abuela, pero ahora se sabe que tenía ideas asesinas muy claras. A la hora de adquirir los dos rifles de asalto AR y 375 rondas de municiones, el muchacho todavía era un buen tipo, pero de manera repentina se convirtió en un mal tipo en el instante en que le disparó a su abuela.
Los compradores privados de armas están enfrentando la famosa ley de las banderas rojas que implican exámenes o supervisiones psicológicas hasta el momento de adquirir pistolas y rifles, pero algo ocurre en el momento de poseerlas y asumir la condición de poder que de manera normal estalla por razones hasta ahora no estudiadas: los buenos se convierten en malos por el poder de dominación de la pólvora en sus manos.
La escritora Lionel Shriver hizo una indagación literaria en su novela Tenemos que hablar de Kevin, publicada por Anagrama apenas en 2007. A través de cartas escritas a su marido del que se encuentra separado, la protagonista, Eva como la fundadora de la humanidad, realiza una dolorosa introspección que pasa revista a lo que ocurre en el seno de las células familiar estadounidense que carece, por cierto, de los valores familiares conocidos en otras culturas: en la ficción, su hijo fue responsable de un tiroteo en la escuela y asesinó a compañeros y profesores.
Y ahí es en donde se enredan las posibles interpretaciones: el asesino de Uvalde es de origen hispano y de alguna manera se tienen indicios de que su formación cultural-familiar tenía mucho de funcionamiento de cohesión interna que han mantenido los descendientes de latinoamericanos. Y no se entiende en qué momento cambió la estratificación de valores como para que dentro de la lógica estadounidense un descendiente de hispanos le disparara sin piedad a su abuela, sobre todo porque en hogares hispanos el centro de la vida familiares es la abuela y no los padres.
El perfil hispano del asesino de Uvalde, la revalorización de la estratificación familiar y el tiroteo dentro de aulas escolares están haciendo estallar el modelo de convivencia social en Estados Unidos, mientras el contexto social de coyuntura recicla con intensidad las exigencias de algunos grupos sociales para un control absoluto de las armas en grados casi de prohibición de su venta al amparo de la Segunda Enmienda
Un dato que no se ha profundizado en los análisis necesitaría de un seguimiento más sistematizado: la posesión libre de armas por particulares representa un replanteamiento del pensamiento politológico. El Estado, según Hobbes en Leviatán, es producto de un contrato entre la sociedad que acepta la cesión de parte de su libertad para que el Estado se encargue de la seguridad; pero el contenido de la Segunda Enmienda se basa en el criterio de que el individuo tiene el derecho de adquirir las armas para la defensa personal y familiar, aunque el costo sea negarle esa función al Estado.
En un reciente artículo el analista afroamericano Jamelle Boule, en el New York Times, llega la dramática conclusión de que los conservadores estarían teniendo un razonamiento radical: el costo de la libertad debe pagar la factura de masacres ocasionales. Es decir, que las masacres de inocentes son sacrificios inevitables para llevar a la libertad absoluta a rango casi divino.
De nueva cuenta Trump asume el liderazgo en el razonamiento conservador: “la existencia del mal en nuestro mundo no es una razón para desarmar a los ciudadanos respetuosos de la ley. La existencia del mal es una de las razones para armar a los ciudadanos respetuosos de la ley”. y puede ser, quizá, que las cifras den la razón: existen en Estados Unidos casi 400 millones de armas en propiedad de particulares, para una población total de 320 millones de habitantes, aunque se tienen registrados cálculos de que no todos los estadounidenses tienen armas.
La única correlación que pudiera explicar el ánimo armamentista del ciudadano es la que refiere el hecho de que Estados Unidos basa su hegemonía geopolítica y su bienestar en la exacción de riqueza de otros países a través de la economía o de las guerras y al hecho de que el american way of life depende del dominio militar de EU. Las armas en manos de ciudadanos reproducen el modelo de dominación del poder.
La violencia, al final de cuentas, es la expresión de un concepto de dominación social.
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