Como el Congreso de la Unión y la mayoría de los congresos locales incumplieron con legislar sobre la paridad en gubernaturas (y siguen sin cumplir), como lo ordenó la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) desde diciembre de 2020 para los comicios inmediatamente posteriores a los del 2021 (los del 2022), pues ahora vendrán otras medidas.
Ya no la tendrán tan fácil los partidos políticos, a los cuales, en aquel diciembre, la Sala Superior vinculó a secas para cumplir con el principio de paridad en la postulación de candidaturas a ese máximo cargo de elección popular de las entidades federativas.
Y es que derivado de diversas impugnaciones sobre la selección interna de candidaturas a las gubernaturas 2022, la Sala Superior determinó en sus sentencias:
Obligar a los partidos políticos que, antes del inicio del próximo procedimiento para elegir gubernaturas, establezcan reglas claras para aplicar el criterio de competitividad en la postulación de candidaturas a ese cargo, esto es, que las mujeres sean postuladas a campañas con más posibilidades de resultar ganadoras.
Concretamente fue cuando resolvió en definitiva el caso Oaxaca, confirmando el registro de Salomón Jara Cruz como precandidato único de Morena a la gubernatura de esta entidad para el proceso electoral local ordinario 2021-2022, que había impugnado la senadora Susana Harp Iturribarría.
Posteriormente, al resolver la impugnación de Maki Esther Ortiz Domínguez en contra de la designación de Américo Villarreal Anaya como precandidato único y a la postre candidato de Morena a la gubernatura del estado de Tamaulipas –y que confirmó–, la Sala Superior:
Reiteró la orden a los partidos políticos nacionales para que, a más tardar al inicio del próximo proceso electoral en que participen gubernaturas definan reglas claras para garantizar la paridad sustantiva en la postulación de candidaturas a este cargo.
Y en ambas sentencias vinculó al Instituto Nacional Electoral (INE) para verificar que los partidos emitan las disposiciones sobre paridad sustantiva con base en el criterio de competitividad, así como vigilar su cumplimiento en la postulación.
Y como prácticamente es la víspera del próximo proceso electivo, el INE ya puso manos a la obra en acatamiento de la sentencia.
Sus Comisiones Unidas de Prerrogativas y Partidos Políticos y de Igualdad de Género y No Discriminación del Instituto acaban de aprobar poner a consideración del Consejo General un proyecto de acuerdo que ordena a los partidos modificar sus documentos básicos para establecer las reglas claras, como lo ordenó la Sala Superior.
Reglas claras que garanticen la paridad en la postulación de sus candidaturas a partir de las elecciones de gubernaturas en Coahuila y Estado de México a celebrarse en 2023.
Y el proyecto propone un últimatum: A más tardar el 31 de octubre de 2022 todos los partidos políticos nacionales deben modificar sus documentos básicos a efecto de establecer cómo aplicarán la competitividad en la postulación de mujeres a las candidaturas a gubernaturas, ya sea de manera individual, en coalición o candidatura común, a partir del próximo proceso electoral.
Además se plantea requerir a los partidos para que informen al INE a más tardar 30 días antes del inicio de su proceso de selección de candidaturas a gubernaturas en Coahuila y Estado de México, la entidad donde postularán a una mujer como candidata o, en su caso, si lo harán en ambas entidades.
Y en caso de que aún no hayan sido aprobadas por el Consejo General las modificaciones a sus documentos básicos, informen en el mismo plazo al Instituto los métodos de selección de candidaturas aprobados por el órgano competente partidario para garantizar la paridad sustantiva a través del criterio de competitividad.
La pregunta es si los partidos cumplirán. Porque varios, empezando por Morena, ya andan adelantando su selección interna, sin que se sepa si ya tienen reglas claras para garantizar la paridad sustantiva en la postulación de candidaturas a las gubernaturas.
Pueden no cumplir. Pero entonces corren el riesgo de que las reglas las dicte la Sala Superior, incluso con la sanción de dejar a los partidos sin el registro de candidaturas.
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