La urgencia de una reforma electoral está a la vista: la dinámica política-electoral rumbo al 2024 ya ha hecho añicos la viabilidad y la credibilidad del Instituto Nacional Electoral, sobre todo por la terminación del ciclo de Lorenzo Córdoba Vianello desde 2011.
El IFE de 1990 a 2014 y el INE de 2014 a la fecha nacieron para mejorar el sistema electoral mexicano, pero los resultados están a la vista: el desorden en la organización del sistema político es cada vez mayor y la autoridad electoral ha sido rebasada por la realidad del conflicto.
En términos comparativos, el actual INE en poco difiere de aquella Comisión Federal Electoral que llegó a su punto de ruptura en las elecciones de 1988 y que hubo de desaparecerla para cuando menos dar la imagen de que se habían dado algunos pequeños pasos hacia la democratización política.
El IFE fue inventado por el presidente Carlos Salinas de Gortari, el beneficiario del conflicto electoral de 1988, solo para cambiar el rostro del sistema electoral, pero dejando el dominio público sobre partidos y ciudadanos; inclusive, hasta 1997 el presidente del organismo electoral era el secretario de Gobernación, como en los viejos tiempos del priismo hegemónico.
La única novedad en aquel entonces fue la creación de un grupo de notables con el rango de consejeros ciudadanos, aunque todos ellos representando intereses de grupos políticos, partidistas y empresariales, a fin de que el régimen priista cambiará de rostro sin modificar sus red de intereses. Este modelo presuntamente ciudadano respondió a los intereses de la élite gobernante y se convirtió en instrumento al servicio de los partidos.
Las instituciones electorales deben de salir de cualquier tipo de control gubernamental o de los partidos; en la actualidad, la designación de consejeros electorales representa no sólo cuotas de poder de los partidos, sino éstos ponen por la vía del voto corporativo a la autoridad electoral.
Los once años de administración del INE en manos de Córdoba Vianello y su grupo han pervertido la función electoral que tiene el sentido de garantizar la democracia participativa en las urnas; sin embargo, la reglamentación estricta y tergiversada ha impedido que los ciudadanos en realidad pueden elegir a sus gobernantes.
Como estructura de poder el servicio de un grupo de la no la burocracia política, ahora Córdova Vianello está promoviendo un relevo de autoridades electorales controlada por los consejeros ciudadanos actual i quiere dejar, inclusive, la herencia del secretario ejecutivo del instituto que él puso ya manipulado, a fin de mantener el control electoral que viene desde la designación de José Woldenberg, en 1994.
La perversión de la estructura electoral requiere de una nueva organización al margen de los intereses de la burocracia elitista del actual INE; es decir, que la salida de Córdova Vianello en abril 2023 debiera de terminar también con el reinado del consejero ejecutivo Edmundo Jacobo por responder a los intereses transexenales de Woldenberg-Córdova.
La iniciativa de reforma electoral del presidente López Obrador no construye una verdadera autoridad ciudadana que evite la injerencia del partidos en el funcionamiento del Instituto. Una verdadera reforma estructural debería desaparecer el modelo de los consejeros electorales y crear una autoridad electoral operada solo por directores de oficinas, terminando con la junta de notables que representa el consejo general.
Sin una reforma a fondo del INE, las elecciones presidenciales de 2024 serán una garantía de conflicto electoral y postelectoral y llevarán a situaciones de violencia entre grupos que han visto al Instituto como un botín.
