Podría decirse que hay tiempo para confeccionar una reforma electoral para aplicarse en el proceso electivo 2024. Porque la Constitución Política General establece que:
“Las leyes electorales federal y locales deberán promulgarse y publicarse por lo menos noventa días antes de que inicie el proceso electoral en que vayan a aplicarse, y durante el mismo no podrá haber modificaciones legales fundamentales.”
Y ese plazo de noventa días vence aproximadamente a finales del mes de mayo del 2023, pues conforme a la normatividad vigente el proceso electoral federal debe iniciar en la primera semana de septiembre del año anterior al de la elección (2024).
Eso, si la Legislatura Federal no modifica dichos plazos mediante una reforma previa a la reforma electoral integral que plantea Morena y aliados. Aunque también el resto de los partidos políticos, vía sus grupos parlamentarios traen su propia propuesta.
Una reforma previa para ajustar tales plazos con el propósito de ganar tiempo para avalar la reforma integral, por llamarla de algún modo.
Sin embargo, una reforma electoral de envergadura debería estar lista por lo menos un año antes del año electivo, para instrumentarla sin problemas.
Por ejemplo, la última reforma constitucional integral en materia electoral fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2014, y el 23 de mayo del mismo año se publicó la norma secundaria: Las leyes generales de Instituciones y Procedimientos Electorales, de Partidos Políticos y la de Delitos Electorales.
En base a ese andamiaje jurídico se organizaron los procesos electorales siguientes; el federal del 2015 y los locales, en este caso con las facultades otorgadas al entonces nuevo Instituto Nacional Electoral (INE) para intervenir en elecciones de las entidades federativas.
Tomando como referencia el proceso electoral federal del 2015, hubo siete meses entre el inicio de éste y la entrada en vigor de la reforma del 2014, con la cual precisamente se creó el INE, cuyos consejeros del Consejo General fueron electos por la Cámara de Diputados en los primeros días de abril de este último año (y para periodos escalonados).
Y de ahí, ese primer Consejo General del Instituto empezó con la selección de consejeros electorales para la integración de los Organismos Públicos Locales (OPL); o sea, de los institutos electorales de las entidades federativas. El Senado de la República, por su parte, inició la integración de los nuevos Tribunales Electorales Estatales.
En fin, la reseña anterior viene a colación porque instrumentar una reforma electoral como la plantea Morena necesita tiempo, máxime cuando proponen un cambio en el sistema electoral para reducir el número de integrantes de las cámaras del Congreso de la Unión, y un cambio en la elección de las consejerías electorales tanto del INE como de los OPL.
Claro, en este momento es incierta la consumación de una reforma electoral. Pero en caso de llegar a darse, lo idea sería tenerla lista por lo menos a finales del año en curso para instrumentar sin problemas los cambios esenciales que pudieran producirse.
Amén de la incertidumbre, el diputado Ignacio Mier Velazco, coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, informó que la Junta de Coordinación Política (Jucopo) ya acordó realizar foros de Parlamento Abierto sobre la reforma constitucional en materia político-electoral, los cuales iniciarán el martes 26 de julio y concluirán el 25 de agosto.
La idea es discutir las 49 iniciativas existentes, presentadas en lo individual por diputadas y diputados de las 64 y 65 Legislaturas, por las bancadas del PT y del PAN, así como por el Ejecutivo Federal. Las conclusiones y el informe final se tendrán entre el 26 de agosto y el 1 de septiembre del año en curso, para luego ser remitidas a las Comisiones Unidas de Reforma Política-Electoral y de Puntos Constitucionales.
Entonces, según esos tiempos, de ser el caso la reforma electoral estaría lista en diciembre; caso contrario, difícilmente prosperará en función de la dificultad de llegar a consensos entre los diferentes grupos parlamentarios; todos, por cierto, tienen intereses político-electorales, no solamente Morena.
MÁS INFORMACIÓN Y MENOS DISCURSO
En las asambleas informativas de Morena sobre su propuesta de reforma electoral, hay más discurso que explicación sobre en qué consiste ésta.
Así que la socialización de la misma no se produce.
O al menos no a nivel de sociedad civil; solamente a nivel de militantes y simpatizantes de Morena. La socialización de la reforma electoral es necesaria, aun cuando las asambleas tengan más fines proselitistas que informativas.
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