Aquí hemos señalado la necesidad de adelantar con urgencia de reforma electoral, porque está visto que las actuales reglas electorales no alcanzan para mantener la estabilidad política del país ante la tensión exagerada entre grupos y sectores.
El presidente de la República y su partido Morena han presentado los rasgos fundamentales de una reforma político-electoral, pero en lugar de generar debate recibió el repudio de la oposición y el anuncio en directo de que no va a debatir esa iniciativa y menos aún la votaría para conseguir las reformas constitucionales.
En este sentido, los resentimientos parciales están condenando a que las elecciones presidenciales de junio del 2024 y todo el proceso previo de sucesión presidencial en Morena y sus efectos en otros partidos tengan que darse en escenarios más complejos y tensionados, pero con reglas del juego inservibles.
En este escenario, Morena tendrá mayores ventajas por la capacidad de movilización social su estructura electoral, en tanto que la alianza opositora solo dependerá de lo poco que pueda tener de ejército electoral el PAN, en tanto que el PRI y el PRD perdieron sus bases que le ayudaban a realizar elecciones.
Con el anuncio opositor de que boicoteará el debate parlamentario sobre la nueva reforma electoral, Morena tendrá la posibilidad de culpar a la oposición de bloquear una reforma indispensable para evitar el alto grado de conflictividad de las elecciones del 2024. Y para completar el cuadro desorganizado, la oposición no tiene una iniciativa formal de reforma político-electoral y sus propuestas de elecciones primarias y gobiernos de coalición son irrelevantes frente a la necesidad de reorganizar la totalidad del INE como estructura.
Y si a ello se agrega el dato de que los gobiernos de coalición ya están en la Constitución y que ha sido culpa de la oposición ir posponiendo la reglamentación para hacerla funcional, entonces se tendrían los datos indispensables para saber que la oposición solo quiere bloquear a Morena y no tiene una propuesta de organización sistémica de la selección.
Todo el proceso previo electoral que está encabezando el presidente de la República desde el Palacio nacional para definir la candidatura presidencial de Morena estaría dando las evidencias necesarias sobre la urgencia de nuevas reglas electorales, al grado de que la actual dirección del INE aparece marginada, rebasada, desplazada y hasta humillada.
A esta circunstancia ha contribuido el hecho de que la autoridad política del consejero presidente Lorenzo Córdova Vianello se ha reducido prácticamente a cero y no solo por los ataques presidenciales, sino más bien por el hecho de que ya no tiene elecciones que gestionar porque las próximas serán en Estado de México y Coahuila en junio del 2023 y el consejero presidente termina su gestión formal en abril del próximo año.
La reorganización de las fuerzas políticas nacionales requiere de una nueva estructura partidista-electoral, pero las élites políticas siguen enfrentadas en confrontaciones de desánimos personales. Por ley se tienen que elegir cuatro nuevos consejeros electorales que cambiarán los equilibrios internos en el Instituto y afectarán también al liderazgo agotado de Córdoba Vianello como líder político favorable a la oposición PRI-PAN-PRD.
Sin nuevas reglas electorales, las elecciones de gobernador en 2023 y las presidenciales en 2024 se tendrán que realizar a base de reglazos judiciales y no en función de nuevas reglas institucionales. la oportunidad que presenta la iniciativa de reforma electoral de Morena ya fue abanicada por la oposición, abriendo desde ahora la incertidumbre de elecciones conflictivas sobre todo en Estado de México y las presidenciales por la tensión de fuerzas que están rebasando desde ahora los márgenes institucionales.
Sin reglas electorales, los próximos procesos comerciales serán a reglazos.
