En nuestro país, ha sido denominador común que en los llamados “crímenes de Estado” jamás se sepa la verdad de los hechos. Siempre hay tantas versiones e hipótesis, que la ciudadanía termina por no creer en ninguna. Estos crímenes generalmente esconden en el fondo razones políticas.
Ahí están, por ejemplo:
La matanza de estudiantes ocurrida el 2 de octubre de 1968 en la Plaza de las Tres Culturas, Tlatelolco, Ciudad de México, siendo Presidente de la República Gustavo Díaz Ordaz. En su momento cada parte sostuvo su propia versión de los hechos.
El asesinato de Luis Donaldo Colosio Murrieta, candidato presidencial del PRI, en Lomas Taurinas, Baja California, la tarde del 23 de marzo de 1994 tras encabezar un mitin. Es la fecha en que la ciudadanía (y la misma clase política) sigue dudando de la autoría material (y además solitaria) de Mario Aburto sin que existan autores intelectuales. Y la sombra de la duda todavía cae sobre el entonces Presidente de México, Carlos Salinas de Gortari.
Y uno de los más recientes casos: La desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, entre la noche del 26 de septiembre y la madrugada del 27 del mismo mes de 2014. Los normalistas se habían apoderado de cinco autobuses privados para trasladarse a la manifestación para conmemorar el 2 de octubre en la Ciudad de México.
Según una versión, los normalistas habrían sido atacados por elementos de las policías municipal y estatal, así como de militares del 27o. batallón de infantería. En otra versión, solo habrían atacado las policías para evitar que los estudiantes irrumpieran en un evento del DIF-Municipal, encabezado María de los Ángeles Pineda Villa, esposa del entonces munícipe de Iguala, José Luis Abarca Velázquez.
En otra versión se dice que eran más estudiantes, pero 43 son los que desaparecieron; desaparición sobre la cual la Procuraduría General de la República presidida por Jesús Murillo Karam, y una serie de servidores públicos de entonces, concuyeron en la polémica “verdad histórica”, que viene siendo el cómo sucedieron los hechos:
Los normalistas “fueron privados de la vida, incinerados y sus cenizas arrojadas al Río San Juan”, en Cocula.
Durante los ocho años que han transcurrido, siempre estuvo en duda la “verdad histórica” dada a conocer en el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto, cuyo nombre, curiosamente, no se encuentra en la lista de personas que diseñaron esa verdad.
Y que puede ser la verdad, pero ya terminó de desvirtuarse porque hay otro informe dado a conocer la semana pasada por el subsecretario de Gobernación especializado en temas de derechos humanos, Alejandro Encinas, en su calidad de presidente de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa:
La “verdad histórica” fue una acción concertada entre el poder al más alto nivel; un crimen de Estado.
Palabras más palabras menos.
Como en todo crímen de esta naturaleza, los subordinados terminan en prisión, como es el caso del Procurador General de la República: Jesús Murillo Karam. (Y según las investigaciones de las autoridades actuales, hay más servidores públicos involucrados en el diseño de la “verdad histórica”).
¿Y los presidentes de la república de la época cuando han ocurrido los crímenes de Estado? Siempre tan libres como el viento porque representan la más alta jerarquía y porque pactan. Aunque quizá pueda ocurrir que no se enteren de las acciones de sus subordinados.
En fin, pero cuando intervienen las Fuerzas Armadas debe saberlo el Jefe Supremo, y este es el Presidente de México.
Y no todos tienen el carácter, la valentía, para reconocer errores, acciones u omisiones.
Conforme a la enciclopedia libre Wikipedia, el presidente Gustavo Díaz Ordaz “el 1 de septiembre de 1969 declaró en su quinto informe de gobierno al Congreso…:
“Por mi parte, asumo íntegramente la responsabilidad personal, ética, social, jurídica, política e histórica, por las decisiones del gobierno en relación con los sucesos del año pasado…”
“Su sucesor en la presidencia, Luis Echeverría, declaró a Jorge G. Castañeda en el libro La Herencia:
“Porque cuando me preguntan ¿usted mandó a los soldados a Tlatelolco? siempre contesto: ‘No, el comandante supremo era él, yo no lo fui hasta el día primero de diciembre de 1970.’”
¿VINCULADO A LO ELECTORAL?
Si las familias de los normalistas desaparecidos exigen justicia y encontrar por lo menos los restos de sus hijos, es deber de las autoridades competentes continuar investigando; incluso, de oficio.
Pero genera otras suspicacias ante la proximidad de las elecciones a las gubernaturas del Coahuila y del Estado de México, sobre todo ésta que será la joya de la corona en las elecciones locales de 2023.
Y también está a la vuelta de la esquina el proceso electoral para las elecciones concurrentes 2024, donde el máximo cargo a disputarse será la Presidencia de la República, pero no menos importante serán las curules y los escaños para integrar las cámaras de Diputados y de Senadores. Todo acompañado de elecciones locales en alrededor de la mitad de las entidades.
El proceso electoral para los comicios 2024, iniciará en 2023.
Entonces, ¿hay apretón de tuercas con fines electivos?
MARIANA BENÍTEZ
La detención del Procurador General de la República en la época de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapan, Jesus Murillo Karam, ha desatado la polémica en torno a sus colaboradores, justificada o injustificadamente. Aunque solamente las autoridades competentes pueden atribuir responsabilidades en un debido proceso.
En fin, esto viene a colación porque en su natal Oaxaca (donde actualmente se desempeña como presidenta de la Mesa Directiva del Congreso), la entonces Subprocuradora de Asuntos Jurídicos e Internacionales, Mariana Benítez Tiburcio es blanco de “fuego amigo” aprovechando la detención de Murillo Karam.
En la columna anterior preguntábamos si ella sabía algo de esa “verdad histórica”, a raíz de su presentación ante Comisiones Unidas de la Cámara Baja donde prácticamente rindió un informe de la investigación sobre la desaparición de los estudiantes.
Y como Mariana Benítez llevaba temas internacionales y jurídicos de la PGR, tenía la relación con el Congreso de la Unión, y esa participación fue una comparecencia sobre diversos temas en representación del procurador Murillo Karam. Algo así como leer un texto y ya.
Eso hasta donde conseguimos averiguar.
Incluso, al parecer, su nombre no viene en la lista de funcionarios involucrados en el diseño de la “verdad histórica”; además las instituciones en materia de procuración de justicia tienen áreas específicas de investigación y las decisiones neurálgicas generalmente no las toman los subordinados.
En fin. En su tierra natal, Mariana Benítez genera polémica, será porque la ven como prospecto al Senado de la República por su partido, el PRI.
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