Qué lástima que Alejandro Murat Hinojosa no haya podido darle a Oaxaca paz social y tranquilidad, como lo prometió cuando andaba en campaña como gobernador de Oaxaca y cuando asumió el mandato casi a hurtadillas en un recinto habilitado porque el Congreso del Estado estaba sitiado por miembros del magisterio radical.
Prácticamente se va como empezó: Con la gobernabilidad escurriéndosele entre las manos.
En la última semana, como muchas durante su administración, organizaciones “sociales”, maestros y habitantes de diversas comunidades, sitiaron la capital oaxaqueña, municipios conurbados y puntos carreteros estratégicos al Istmo y a la Costa.
Lo más grave: La ciudadanía ha empezado a hacerse justicia por propia mano ante la ausencia de gobierno. Y de los tres órdenes: Estatal, Federal y municipal, pero sobre todo el estatal en cuya cancha se encuentra la mayoría de la problemática.
Y como no hay quien haga prevalecer el Estado de Derecho, la noche del miércoles habitantes de San Agustín de las Juntas a punta de balazos, palos, piedras y machetes, desalojaron a manifestantes que durante tres días mantuvieron bloqueado el crucero del Aeropuerto Internacional “Benito Juárez de Oaxaca”, en inmediaciones de ese municipio.
Grave, indeseable, pero no es para menos. La irritación ciudadana crece porque no puede transitar libremente, se ve afectada en su trabajo y todavía corre el riesgo de la agresión por parte de manifestantes que se apoderan de autobuses y hasta de autos particulares.
Incluso, un día antes, en el periférico de la capital oaxaqueña, un grupo de manifestantes tiraron al suelo a un joven transeúnte, y una vez sometido lo apalearon a satisfacción, sin que ningún elemento de seguridad pública se apareciera por el lugar para poner orden.
Los uniformados estatales o/y municipales aparecen prácticamente para proteger a los manifestantes cuando la ciudadanía realiza acciones por sí misma. Entonces, ponen en práctica “operativos disuasivos” según para “evitar confrontaciones” como ocurrió anoche luego de que pobladores del municipio de San Agustín de las Juntas hicieran el desalojo.
En oaxaqueños y oaxaqueñas existe la percepción de la existencia de un desmedido temor hacia las “organizaciones sociales” por parte del gobierno estatal, o cuando menos de los servidores públicos encargados de la gobernabilidad y de la seguridad pública: Francisco García López y Dalia Baños de Noyola, titulares de las secretarías General de Gobierno y de Seguridad Pública, respectivamente.
Aunque quizá necesiten de la autorización expresa de su superior: El gobernador Alejandro Murat (del PRI), quien, por cierto, hace unos días al pronunciarse a favor de la ampliación de cinco a nueve años la tarea de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, dijo:“Como gobernador de Oaxaca mi principal obligación es ocuparme de la seguridad de las y los oaxaqueños. Para ello es fundamental que la coordinación de los tres niveles de gobierno en las tareas de seguridad sea con un marco jurídico claro y que dé certeza a todos los participantes.
“Cabe señalar que en los últimos tres sexenios la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interna ha sido constante y permanente. Reitero mi confianza a las Fuerzas Armadas, que siempre han respondido de manera incondicional a las estrategias y políticas de seguridad que cada gobierno en turno les ha planteado, independientemente de su filiación partidista.
“Por eso en el corto plazo, y mientras no exista otra estrategia que le pueda brindar al pueblo de México la seguridad que exige y merece, es irresponsable retirar de las calles a las Fuerzas Armadas…”
La Guardia Nacional opera desde el 2019. Y con o sin ampliación en la duración de las tareas de seguridad pública, o perteneciendo o no a la Secretaría de la Defensa Nacional, ¿cuándo el mandatario de Oaxaca ha pedido la intervención de la referida corporación para desalojar manifestantes que durante días bloquean vialidades en la capital oaxaqueña o carreteras regionales?
Quizá la palabra desalojo suene fuerte. Usen entonces el vocablo “disuadir”. No hace falta que disparen en contra de manifestantes; basta con hacer presencia en el lugar sitiado y acordonar el lugar mientras se van, mover autobuses y todo lo que ponen para bloquear.
Hace unos días, la Secretaría General de Gobierno emitió un comunicado con el siguiente encabezado: “En esta administración el diálogo es el único recurso para lograr la conciliación en los conflictos sociales”.
Más claro, ni el agua.
Y en un sentido similar, la Secretaria de Seguridad Pública, Dalia Baños, escribió en redes sociales: “Somos un organismo respetuoso de los derechos humanos, hemos sido una institución abierta al diálogo; el uso de la fuerza pública ha sido el último de nuestros recursos. Condenamos cualquier acto de violencia física/verbal que sea ejercida sobre cualquier ciudadano (1).
“Exhortamos a las organizaciones que mantienen afectaciones en las vialidades de la ciudad, que se conduzcan en el marco del diálogo y la legalidad, observando siempre el respeto a los derechos humanos de las y los oaxaqueños (2).”
En el caso del estado de Oaxaca, está bien privilegiar los derechos humanos. Pero de ambos lados, de manifestantes y de la ciudadanía en general, que es la que al final de cuentas resiente en su trabajo, en su economía y en su integridad personal, la furia de las personas inconformes con la inacción gubernamental en cuanto a sus demandas justas o injustas.
Lo acaba de decir Alejandro Murat: Como gobernador de Oaxaca su “principal obligación es ocupar(se) de la seguridad de las y los oaxaqueños”. ¿Entonces?
En descargo podrá decir que Oaxaca no se encuentra en los niveles de violencia como en otras entidades federativas, donde se enseñorea el crimen organizado. Cierto. Sin embargo, poco falta si no se ponen frenos desde ahora.
Sí, en un algún momento de su administración, Alejandro Murat mantuvo cierta paz social. Pero ahora está cerrando como llegó: En medio de inconformidades y conflictos, algunos de los cuales no los genera su administración porque derivan de líos políticos en los municipios, pero aún así es su responsabilidad que no estallen en las calles.
A VER QUÉ HACE SALOMÓN JARA
Las manifestaciones sociales será un gran paquete para el próximo gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz (de Morena), a partir de diciembre cuando asuma el cargo. Y a ver qué hace.
En campaña dijo que en su gobierno la conflictividad social bajará porque atenderá la problemática desde las comunidades. Ojalá. Pues es una realidad el estallido de conflictos por falta de atención a las necesidades y demandas de habitantes de diversas poblaciones.
Sin embargo, también es realidad la existencia de organizaciones que bajo a la bandera de la lucha social solamente buscan beneficios para los liderazgos de éstas.
UN NUEVO PACTO SOCIAL
Cómo estará el ambiente, que la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca “instó al Estado a propiciar un Nuevo Pacto Social que retome las grandes problemáticas que fomentan esas manifestaciones”. Ello ante “la recurrencia de bloqueos que impiden el libre tránsito de las personas en la capital del estado, municipios conurbados y al interior de la entidad”.
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