Muy interesante la maratónica sesión extraordinaria del Pleno de la Sala Superior del Tribunal Electoral de la Federación, en la cual resolvió la impugnación a la elección del morenista Américo Villareal Anaya como gobernador de Tamaulipas: Confirmó la validez de la misma y la elegibilidad de él, y, en consecuencia, la entrega de la constancia de mayoría.
¡Y por unanimidad de votos!
Así que ya puede dormir tranquilo el tamaulipeco; su elección ya quedó firme y asumirá el mandato este 1º de octubre.
Siendo un caso tan complejo, francamente consideramos que veríamos un acalorado e intenso debate en el Pleno de la Sala Superior. Dicho en otras palabras, un agarrón entre las personas magistradas, máxime cuando el ponente fue José Luis Vargas Valdez, casi siempre cargadito hacia el oficialismo morenista.
Y sí hubo debate intenso, pero mesurado, prudente, maduro; de altura.
Y fíjense que no tanto respecto del polémico tema sobre una presunta intervención del crimen organizado en la elección de gobernador de Tamaulipas. Las pruebas aportadas por el partido que impugnó (Acción Nacional) fueron notas periodísticas y videos, pero sin elementos que relacionaran los dichos con hechos.
Algo así como un dicen que fulano dijo, que sutano dijo. Por ejemplo, que apareció la declaración de una persona supuestamente relacionada con un grupo criminal a favor del candidato morenista, o que dijo haber aportado dinero a la campaña. Que en un año “x” un representante del partido guinda vitoreo a una banda criminal (y, que, por cierto, en su momento fue sancionado por Morena).
Y situaciones por el estilo, que no acreditaron.
El partido impugnante no relacionó cómo esas acciones afectaron la elección, o cómo influyeron en el ánimo del electorado; ni probó cómo el presunto criminal aportó el dinero, etc. Incluso, las personas magistradas consideraron que en su momento el promovente debió presentar una queja ante el Instituto Nacional Electoral (INE) con relación al dinero del crimen.
En fin, en términos coloquiales más o menos así estuvo ese debate.
Otro tema debatido por las personas magistradas fue la presencia de servidores públicos en actos de campaña y cierre de la misma de Américo Villareal. Por ejemplo, de una presidenta municipal; de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum; y del Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard.
Situación que sí se acreditó, pero no fue determinante como para invalidar la elección, de la cual el partido actor también impugnó violencia.
La solicitud de incorporación de Américo Villareal a su cargo de senador también fue tema del debate jurisdiccional como causa de inelegibilidad (por cierto, incluido en una previa modificación al proyecto de sentencia). Pero magistrados y magistradas coincidieron en que no; que incluso existen criterios jurisdiccionales en ese sentido; que las personas electas, tras el cómputo de la elección pueden incorporarse al cargo que venían desempeñando.
Un criterio que, por cierto, debería cambiar. Porque si bien la elegibilidad es revisable en un segundo momento al concluir los cómputos, y que la finalidad de la separación del cargo es garantizar la equidad en la contienda, las personas electas ya no deberían hacerle al chapulín. La solicitud de Américo para incorporarse a su escaño fue una decisión política desafortunada, que además evidenció temor del morenista y acrecentó dudas sobre la limpieza de su elección.
En fin, según se apreció en el proyecto de sentencia y en el debate del Pleno de la Sala Superior, la impugnación del PAN no fue lo suficientemente sólida como para invalidar la elección. Es como dijo la magistrada Janine Otálora: El Tribunal no puede resolver en base a pasiones políticas de los impugnantes; palabras más, palabras menos.
LOS SERVIDORES DE LA NACIÓN
Y miren, en el debate de magistradas y magistrados del máximo órgano jurisdiccional en materia electoral emergió un tema sumamente interesante, novedoso, que acaparó su tiempo y atención: El papel de los servidores de la nación como representantes de Morena ante mesas directivas de casilla.
En la elección de Tamaulipas, quien sabe cuántos servidores de la nación fungieron como representantes partidistas en casillas, pero no se acreditó que hubiesen ejercido presión sobre los electores.
Sin embargo, la magistrada Janine Otálora puso el dedo en la llaga, al observar que si bien tales servidores no son funcionarios de primer nivel, ni realizan funciones ejecutivas, sí pueden llegar a influir en el ánimo de los electores, porque son quienes hacen entrega de las tarjetas o apoyos a los beneficiarios de los programas sociales, entonces éstos los conocen.
Por tanto propuso vincular al INE para emitir reglas que acoten la participación de los servidores de la nación en casillas el día de la jornada electoral. Sí, al Instituto, porque vincular al Congreso de la Unión es esperar quien sabe cuánto tiempo para una reforma ex profeso, además los legisladores tienen la piel muy sensible y ya la traen contra el TEPJF (claro, esto no lo dijo la magistrada).
La propuesta fue admitida, para incorporar a los resolutivos de la sentencia un punto vinculando al INE “para que, en treinta días hábiles a partir de su notificación, establezca lineamientos para evitar que esa participación (de servidores de la nación como representantes de casilla) pueda afectar los procesos electorales en un futuro.”
Y ese futuro es casi inmediato, pues vienen las elecciones 2023 de gubernatura en el Estado de México y en Coahuila, cuyo respectivo proceso electoral pronto iniciará.
Y también vienen las elecciones concurrentes 2024, cuyo proceso electoral empezará en septiembre de 2023, para elegir Presidente de la República, senadores y diputados federales; además cargos locales en unas 30 entidades federativas, entre éstos 8 gubernaturas.
Eso de acotar la participación como representantes partidistas en casillas de personas que trabajan como servidores de la nación, seguramente no le gustará nadita a Morena.
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