Todos los partidos políticos pretenden consejerías del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), incluyendo la presidencia, castas. Cosa que parece imposible y no porque no existan aspirantes puros, sino porque el mismo procedimiento induce a la partidización del máximo órgano de dirección de la autoridad administrativa electoral.
(Una pretención de ‘dientes para afuera’ porque a decir verdad todos los partidos quisieran llevar mano en la selección de las consejerías electorales, tener de su lado al árbitro).
No es una partidización descarada, pero sí simulada. Claro, ya en funciones, las consejeras, los consejeros, deben actuar conforme se los manda la Constitución y la ley, pero siempre está latente la influencia de los partidos políticos.
La partidización inicia con la integración del Comité Técnico de Evaluación, el cual se conforma por siete personas: Tres nombradas por la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados, dos por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y dos por el Instituto de Transparencia.
Quizá el Comité fue pensado como un filtro y un mecanismo de control y de equilibrio para que ningún partido político lleve las de ganar en la selección de consejerías. Un ‘equilibrio’ que depende de la afinidad ideológica de las personas titulares de la CNDH y del Instituto de Transparencia.
La Jucopo por naturaleza es un órgano plural eminentemente político, cuyos integrantes deben ponerse de acuerdo en las tres personas a proponer para el Comité Técnico. ¿Qué les gusta? ¿Morena y aliados, una? ¿PAN, PRI y PRD, una? ¿Y MC, una? ¿O Morena y aliados, dos? ¿PAN, PRI y PRD una? ¿Y MC ninguna?
Empiecen a contar los votos en el Comité Técnico o, en todo caso, a prevér cómo vendría el consenso, para seleccionar a las personas más idóneas a la presidencia del Consejo General del INE y tres consejerías; que además debe presentar a la Jucopo por quintentas, una por cada vacante.
Serían entonces cuatro quintentas: Una específicamente de aspirantes a sustituir a Lorenzo Códova Vianallo como consejero presidente; y las otras para reemplazar a los consejeros Ciro Murayama Rendón y José Roberto Ruiz Saldaña, así como a la consejera Adriana Margarita Fabela Herrera. Y cuidando garantizar la paridad en el Consejo General.
Lo ideal sería que el Comité Técnico de Evaluación integre las quintetas basándose en el perfil profesional, en los conocimientos en materia electoral y probidad de las personas aspirantes. Sin embargo, siempre cabe la duda sobre si dan prioridad a aspirantes por recomendación de legisladores, partidos o grupos políticos, incluso de interese fácticos.
Además, las quintetas de aspirantes no se llevan al Pleno legislativo para que éste elija uno de cada una. Porque la normatividad establece lo siguiente:
“El órgano de dirección política impulsará la construcción de los acuerdos para la elección del consejero Presidente y los consejeros electorales, a fin de que una vez realizada la votación por este órgano en los términos de la ley, se remita al Pleno de la Cámara la propuesta con las designaciones correspondientes.”
O sea una vez que el Comité Técnico remite a la Jucopo la relación de las quintentas, los miembros de esta Junta (integrada por los líderes de las bancadas) deben ponerse de acuerdo y seleccionar a uno de cada quinteta, que serían las designaciones a avalarse por el Pleno, en caso dado.
Y los líderes de las bancadas en los hechos son representantes de su respectivo partido político. Así, ¿cómo evitar la partidización de las consejerías electorales? Lo peor de todo es el sello con el cual se identifica a las personas seleccionadas, aun cuando entre éstas sí las exista puras.
La insaculación, que es la última opción para designar consejerías, quizá sea el mecanismo para mermar la partidización. Si bien se llevaría a cabo con la lista que integre el Comité Técnico de Evaluación, las personas seleccionadas por insaculación deberían menos favores a los integrantes de la Jucopo y, por ende, a los partidos políticos.
Veremos si el proceso de selección en marcha termina en la insaculación, por la misma Cámara de Diputados a falta de consenso o votación, o por la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuando el procedimiento de designación no se concrete en la Cámara Baja.
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