Aplastada por su condición de minoría y sin capacidad para definir estrategias contra la mayoría de Morena en las dos cámaras, la alianza opositora PRI-PAN-Partido de los Chuchos y el oportunismo vulgar de Dante Delgado y Movimiento Ciudadano han cedido la función opositora a la Casa Blanca y al pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para frenar las reformas lopezobradoristas.
En este reacomodo, sobre todo la Suprema Corte mexicana se ha convertido en un bloque de contención de las reformas de la mayoría morenista, aunque solo desde el punto de vista de un procedimentalismo formalista por errores de forma en la gestión de las decisiones de Morena, pero en el fondo por una identificación política ideológica de la mayoría de los ministros de la Corte con el bloque político del empresario Claudio X. González como el verdadero jefe de la oposición legislativa.
Y si todos están confiados en que en el corto plazo tiene la Corte mecanismos jurídicos para frenar decisiones, parece que nadie está pensando en el mediano plazo: Morena va a ganar la presidencia, como indican todas las encuestas, y el próximo presidente tendrá que nombrar nuevos ministros de la Corte con la certeza de no confiarse como lo hizo López Obrador con designaciones que luego pasaron a defender los intereses de la oposición.
La Corte tiene limitaciones muy estrictas: sólo puede descalificar procedimientos puristas que no respeten las reglamentaciones legislativas, por lo que la mayoría parlamentaria sólo tendría que cumplir con las reglas de aprobación de leyes para inmovilizar las intenciones políticas de los ministros de la Corte que representan los intereses de los presidentes de la República que los nombraron: Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.
La suplantación de funciones del Poder Legislativo por parte del Poder Judicial tiene límites jurídicos y sobre todo políticos, porque una mayoría morenista en el próximo Congreso tendría la facultad –y desde luego el interés– de reformular los alcances de la Suprema Corte en los términos de la constitucionalidad y evitar que el Poder Judicial federal supla la ineficacia y torpezas de la oposición legislativa.
La Suprema Corte se va a jugar un espacio político determinante en la revisión de las reformas del Plan B electoral y en las 20 decisiones del rally legislativo del pasado fin de semana y la derrotada oposición está esperanzada en que los ministros de la Corte funcionales a los proyectos del viejo régimen le castren las alas al poder legislativo. Una revisión minuciosa de las decisiones restrictivas del pleno de la Corte pudiera permitir la conclusión de que el Poder Judicial tomó decisiones que influyen en la composición y funcionamiento del sistema político/régimen de gobierno/Estado constitucional, pero con fallos que rebasaron el ámbito estrictamente judicial-constitucional sustituyendo a los partidos que son los que tienen la representación política.
De la misma manera en que la oposición le ha trasladado a la Corte el fracaso legislativo, el PRI-PAN-Partido de los Chuchos también le ha cedido al Gobierno de Estados Unidos la responsabilidad legislativa del fracaso político opositor y está apoyando las violaciones de la Casa Blanca a la soberanía mexicana en temas como sistema de representación, lucha contra la corrupción y sobre todo la imposición del enfoque estadounidense de seguridad nacional.
En este contexto, la Corte y la Casa Blanca están supliendo el fracaso opositor y son las manos de los gatos que están sacándole las castañas del fuego al bloque de Claudio X. González.
Política para dummies: La política fracasa cuando se delegan responsabilidades.
El contenido de esta columna es responsabilidad exclusiva del columnista y no del periódico que la publica.
@carlosramirezh
Canal YouTube: https://youtube.com/@el_independiente
