Llegó a mis manos una escalofriante investigación de Noroeste dando cuenta el número de personas inocentes que han muerto en operativos de las fuerzas de seguridad pública. Al parecer ninguno presentaba relación o acercamiento alguno con el crimen organizado.
En sus operativos oficiales y de acuerdo al criterio de los mandos presentaban comportamientos “indebidos” y por ello les disparaban las corporaciones, federales o locales, en pocas palabras sobre las víctimas no había ninguna sospecha ni presentaban investigación abierta alguna.
El reporte presenta un número de mil 524 víctimas, “casos recopilados a partir de una larga investigación, que incluyó revisiones hemerográficas, informes de derechos humanos y expedientes judiciales. Se acudió, sobre todo, a algunas organizaciones de familiares de desaparecidos, que nos abrieron su información. Y se hicieron entrevistas con 191 familiares directos de las víctimas”.
Aquí por supuesto se suman las desapariciones forzadas que el gobierno ha tratado de maquillar, vamos ocultar, para no contradecir al presidente quien asegura que el registro negro no puede ser mayor a sexenios anteriores. De ahí la renuncia de Karla Quintana como Comisionada Nacional de Búsqueda de personas desaparecidas.
Ella es Doctora en Derecho por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Maestra en Derecho (LLM) por la Universidad de Harvard, Máster en Estudios de la Diferencia Sexual por la Universidad de Barcelona, Licenciada en Derecho por la UNAM, y licenciada en Lengua y Literatura Hispánicas por la UNAM.
Pero volviendo al reporte, estás mil 524 víctimas confirman que en México cualquier ciudadano puede sufrir abuso de poder sin ninguna sanción al igual que impunemente la violación a sus más elementales derechos humanos. Quedamos entonces a la percepción de las fuerzas armadas sobre nuestro “indebido comportamiento”.
Los casos documentados tratan de jóvenes, que se encontraban de manera individual o en pequeños grupos, manifestantes, integrantes de sectores económicamente marginados o de sectores estigmatizados, bastaba un tatuaje en el cuerpo o ingesta de alcohol como pretexto suficiente para disparar.
Como muestra el reporte presenta tres casos: “Yolanda Adriana, de 22 años, fue asesinada en diciembre de 2012 en Chihuahua. La mataron cinco elementos de la Policía Federal cuando paseaba en auto con sus hijas y su esposo. Ninguno de los presuntos autores está detenido.
“En enero de 2020, en el estado de Michoacán, Alfredo fue detenido por militares y entregado al Cártel Jalisco Nueva Generación, aun cuando solo era un campesino dedicado a la pizca de limón. No se ha vuelto a saber de él. No tenía antecedentes penales o alguna investigación abierta. Víctor, un adolescente de 16 años, fue desaparecido en diciembre de 2013 por la policía Estatal de Veracruz. ¿Su delito? Vivir en una colonia ‘peligrosa’, aunque sobre él tampoco había ninguna acusación”.
Estos crímenes son calificados como de lesa humanidad y hasta el momento no hay información del gobierno que constate la aprehensión de los uniformados que han cometido estas atrocidades, por supuesto Alejandro Encinas ha sido hermético y omiso en ese sentido.
Conductor del programa VaEnSerio mexiquensetv canal 34.2, izzi 135 y mexiquense radio.
@cramospadilla
