La muerte en las cárceles municipales

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Fíjense sobre el siguiente dato reportado por la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO):

“De enero de 2020, al 15 de julio de 2022 se han iniciado 474 expedientes relacionados con abusos policiales cometidos por elementos municipales… (y) ha documentado ocho muertes ocurridas en cárceles municipales o durante la detención de las personas.” 

¡Qué grave!

Se trata de un reporte general de Oaxaca, entidad conformada por 570 municipios.

Y solamente es un ejemplo de lo que puede ocurrir en los más de 2 mil 400 municipios existentes en México, a manos de policías: Detenciones arbitrarias, homicidios, sanciones extrajudiciales, cobros excesivos, pruebas truqueadas de alcoholimetro, “moches”, etc.

Ah, y en algunos municipios, colusión con bandas criminales, desde las más pequeñas hasta las que representan palabras mayores. Ahí está el caso de la desaparición de normalistas de Ayotzinapan.

Desaparición que empezó por la persecusión por parte de policías municipales de los camiones en que se trasladaban los estudiantes a una manifestación a la Ciudad de México para conmemorar el 2 de Octubre. Temían que a su paso por las calles de Iguala, Guerrero, irrumpieran en un evento de la titular del DIF-Municipal, María de los Ángeles Pineda Villa.

A ella, esposa del entonces munícipe José Luis Abarca, en su momento la vincularon con bandas criminales, entre éstas la que habría participado en la desaparición de normalistas. Eso según se ha dado cuenta en medios de comunicación sin que hasta el momento se tenga certeza de los hechos.

En las historias de abusos de policías municipales, a veces es responsabilidad directa de los presidentes municipales; los uniformados solamente obedece ordenes, o actuan por sí mismos para sacar ganancias económicas ante sus precarios sueldos.

Vaya, no todos los elementos de las policías municipales son los villanos. Pero la inmensa mayoría sí actúa sin aplicar los protocolos correspondientes, ya sea por desconocimiento de los mismos o por negligencia.

Habrá que reconocer también la falta de cultura de respeto a las normas por parte de la ciudadadanía, lo cual tampoco justifica el abuso de las policías municipales.

Retomando los casos en Oaxaca. La Defensoría de los Derechos Humanos, a cargo de Bernardo Rodríguez Alamilla, acaba de alertar en que:

“Los centros de detención municipal son zonas de alto riesgo de violaciones a derechos humanos, ante la persistencia de casos de personas que mueren en estos lugares, bajo el resguardo de servidores públicos.” 

Y citó algunos sucesos recientes:

“En el caso de Jaime H.O., se tuvo conocimiento que esta persona fue detenida por elementos de la policía municipal de Santa María Huatulco debido a una falta administrativa, sin embargo, falleció horas después debido a un golpe en la cabeza.” 

El organismo Defensor tuvo conocimiento que la tarde noche del viernes 19 de agosto, Abigail H.U. fue detenida por elementos de la policía municipal de Salina Cruz, por una supuesta falta administrativa, sin embargo, apareció muerta horas más tarde.”

Aparte, dio cuenta de otro caso ocurrido en el municipio de Santa María Alotepec, Mixe, donde “acreditó violaciones al derecho a la integridad personal y a la vida de una persona que falleció en los separos municipales, después de haber sido detenido por una falta administrativa en 2017”.  

En el caso de Abigail, sus familiares denunciaron que fue golpeada por policías municipales, ocasionando su muerte, pero las autoridades de Salina Cruz dijeron que la mujer se suicidó, que se ahorcó con su ropa interior.

En un comunicado, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca informó que el resultado de una segunda autopsia (realizada por “especialistas forenses ajenos” a la institución) coincide con la primera: “Asfixia por ahorcamiento, a reserva de la formalización de la opinión pericial.” 

Sin embargo, familiares de la joven seguían sin creer la versión oficial del suicidio; más bien consideran que murió a manos de la policía municipal.

Parece que la autopsia no es suficiente cuando la muerte de una persona ocurre en las cárceles municipales.

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