Samuel García Sepúlveda se precia de representar lo “nuevo”, no solo por su juventud, sino por sus ideas, propuestas, proyectos económicos, forma de hacer política, etc.
“Si no, preguntenle a Nuevo León”, dice el mitad gobernador, mitad candidato, mitad incitador de la violenta irrupción de ciudadanos en el Congreso de esa entidad cuando el pleno legislativo procedía a elegir al gobernador interino.
Lo negará. Y puede que no sea el incitador, pero las caldeadas circunstancias políticas lo hacen aparecer como el autor intelectual, aunque diputados o líderes de su partido político, Movimiento Ciudadano, hayan llevado a los manifestantes.
Máxime que el viernes actuaba como gobernador por unos días recesando su precampaña como precandidato de MC a la Presidencia de la República para retomarla el dos de diciembre al surtir efectos la licencia autorizada por el Congreso local.
Tiene un pie en la gubernatura y otro en la precampaña.
Las y los diputados de Nuevo León deberían reformar la Constitución local para establecer que cuando un gobernador pretenda otro cargo de elección popular en cualquier momento antes de concluir su mandato, la única licencia procedente será la licencia definitiva, para evitar:
1.- Una crisis política en la entidad derivada de la falta de estabilidad del Ejecutivo estatal.
2.- Que el gobernador ejerza la función siendo precandidato, lo cual se presta al uso de recursos públicos con fines electorales y/o para generar desestabilización política.
Cierto, el cargo de gobernador, al ser un cargo popular, es irrenunciable. Pero si bien se preserva el derecho político de un ciudadano, también deben preservarse el derecho de otros y sobre todo un interés supremo: La estabilidad de una entidad federativa.
Cómodamente Samuel García quiere seguir siendo gobernador con una licencia para contender al mismo tiempo por la Presidencia de México, y mientras que su secretario de gobierno o cualquier otro de los suyos le guarde el lugar como gobernador interino. Por si pierde, regresar a ejercer la titularidad del Ejecutivo estatal.
Eso ¿es propio de un político ícono de la nueva forma de hacer política?
Más bien es propio de las mañas viejas, que pueden llevar implícita la práctica del uso de recursos públicos con fines electorales.
Negarse a respetar la Constitución Política también es maña de la vieja política. Samuel García se niega a aceptar la facultad del Congreso de Nuevo León de designar gobernador interino mientras no sea uno propuesto por él, proveniente de Movimiento Ciudadano.
Incluso, amenaza con impugnar la designación de Luis Enrique Orozco Suárez, quien se desempeñaba como vicefiscal del ministerio público estatal, como gobernador interino.
Quien sabe qué piense la ciudadanía de Nuevo León de su gobernador, pero quizá empiecen a lamentar la actuación de Samuel cuando la entidad patine inmersa en un conflicto por el manejo de la administración pública estatal. Porque el gobernador interino tal vez se encuentre con la resistencia de un gabinete a modo de García Sepúlveda.
En fin.
LA MINISTRA DE TODOS MODOS LA PONDRÁ AMLO
Ninguna de las tres aspirantes a ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación alcanzó mayoría calificada en las dos rondas de votación en el Senado de la República, para cubrir la vacante generada por la renuncia de Arturo Zaldívar Lelo de Larrea.
Se veía venir, pues en el contexto de la sucesión presidencial la oposición no va a ceder nada, y ni el grupo parlamentario de Morena, ni las aspirantes pudieron convencer a senadores del PRI, del PAN, del PRD, de MC y demás opositores.
En la primera votación se registraron 112 votos: 58 a favor de Bertha María Alcalde Luján, 5 para Lenia Batres Guadarrama; dos para respaldar a María Estela Ríos González, tres votos nulos y 44 en contra de las tres candidatas.
En la segunda ronda se contabilizaron 113 votos: 68 votos por Alcalde Luján, dos a favor de Batres Guadarrama, tres a favor de Ríos González y 40 en contra de la terna.
Conforme a lo establecido en la Constitución Política, el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, someterá una nueva terna a consideración del Senado. Y se repetirá el procedimiento. Y si no se vuelve a alcanzar la mayoría calificada, AMLO tiene la facultad de designar directamente a la nueva ministra.
Vuelta y vuelta y de todas maneras el presidente López Obrador pondrá a la ministra, ya sea vía voto de senadores (al fin que la terna es propuesta por él) o de manera directa.
Así está la Constitución. Sería cuestión de reformarla para elegir a las y los ministros de otro modo, pero tampoco por voto popular.
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