Un reportaje contundente, soportado en documentos oficiales e intercepciones telefónicas ilegales decisivas, que revela cómo y dónde amigos muy cercanos a Andrés López Beltrán, Andy, reciben sin justificación ni respeto a norma alguna, cientos de millones de pesos en compras por asignación directa de gobiernos morenistas, pusieron fuera de sí el fin de semana al presidente Andrés Manuel López Obrador.
La revelación de una obvia red de corrupción y tráfico de influencias en el primer círculo familiar del mandatario, fue apenas el preludio de uno de los más duros fines de semana del Gobierno de AMLO, quien sería sorprendido en una gira de trabajo por el Estado de México por una revuelta de pobladores de Texcaltitlán, al sur de esa misma entidad, contra delincuentes del grupo La Familia Michoacana, en el que resultaron linchados 11 maleantes y 3 campesinos luego de que los productores se negaron a continuar pagando por derecho de piso.
En este contexto se dio un nuevo conflicto entre los 5 magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 3 de los cuales exigen la sustitución inmediata de su presidente, el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón.
Integrado por 7 magistrados, el Tribunal pasa por una fuerte debilidad institucional debido a que 2 –José Luis Vargas e Indalfer Infante– concluyeron hace poco sus períodos y el Senado no ha logrado designar a sus relevos.
Reyes Rodríguez llegó a la presidencia de ese Tribunal en otro conflicto y con el apoyo de quienes ahora exigen su destitución.
Este nuevo conflicto se da dentro de versiones de que los 3 ministros que hoy exigen la sustitución de su presidente, actúan bajo instrucciones de la Presidencia de la República en una readecuación con miras a tener el control de esta institución durante el proceso electoral de 2024.
El Tribunal Electoral es el que califica todos los procesos electorales en el país, comenzando por la elección del Presidente de México.
“MIS HIJOS SON HONRADOS”: AMLO
Evidentemente agobiado, rebasado por los hechos, el presidente López Obrador afirmó que su hijos son honrados y que no medran ni aprovechan su posición para tramitar compras para sus amigos entre los gobernadores de Morena.
Exigió a Carlos Loret -quien en Latinus dio a conocer el caso de corrupción y de tráfico de influencias-, que dé a conocer las 40 horas que dice tener de grabaciones telefónicas entre amigos de Andrés López Beltrán y otros para realizar compras directas y recibir a cambio y en fast-track cientos de millones de pesos.
Loret ha prometido dar a conocer esos contenidos junto a miles de documentos durante los meses siguientes.
Todo indica que el periodista tiene al mandatario contra la pared y sin saber cuando sacará al público la siguiente grabación comprometedora.
El mandatario no tuvo tiempo ni momento de tranquilidad para poder procesar este asunto, porque casi al mismo tiempo tuvo que enfrentar la visita de la secretaria del Tesoro de los Estados Unidos, Janet Yellen, quien luego fue atendida por Rogelio Ramírez de la O, secretario de Hacienda.
Al salir luego a un recorrido por el norte del Estado de México acompañado por Delfina Gómez, gobernadora de la entidad, el mandatario fue enterado del enfrentamiento de pobladores de Texcaltitlán, a unos cuantos kilómetros de dónde él estaba.
Nunca en su mandato se había enfrentado a una situación similar.
Resguardado por un contingente amplio de militares con vehículos artillados, el Presidente consideró que es responsabilidad de todos los sectores y ciudadanos, no sólo de su gobierno, combatir y actuar contra el pago de derecho de piso.
Su declaración se perdió entre pronunciamientos de opositores y críticos, quienes advirtieron que el estallido de hartazgo de una población, en su mayoría agricultores, es un mensaje inocultable de que la actuación de los delincuentes y la ausencia de respuesta del Gobierno, llegó a al límite de quienes sufren de extorsiones con el cobro de derecho de piso.
Este linchamiento bien puede ocurrir ahora en otros muchos poblados de la república agobiados por la presencia y dominio de carteles y delincuencia organizada.
UN PAR DE SESIONES Y TERMINÓ EL PERÍODO EN EL SENADO
Con una fuerte carga de asuntos por resolver, Ana Lilia Rivera y Eduardo Ramírez, presidentes respectivos del Senado y de la Junta de Coordinación Política, llamaron a la cordura y a resolver sus conflictos a los ministros del Tribunal Electoral ya que, dijeron, tienen una grave responsabilidad ante la nación, por ser quienes calificarán el más grande proceso electoral de nuestra historia.
“Requerimos que todas las instituciones electorales estén listas para enfrentar este gran reto para nuestra democracia”, subrayó la senadora Rivera.
A su vez el chipaneco Ramírez dijo:
“Los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación “tienen en sus manos las resoluciones que rigen nuestro sistema democrático y político, por eso es indispensable que entre sus integrantes prevalezca la unidad y reconciliación”, precisó.
Ambos morenistas confiaron en que entre los magistrados prevalecerá la madurez y la prudencia para que no entorpezcan la calificación de la elección
Ramírez desechó la versión de que el Gobierno Federal alimente este conflicto y aseguró que el presidente López Obrador y sus cercanos son ajenos a estas circunstancias.
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