El Estado mexicano descansa sobre un gran entramado del sistema político,
económico y social, así como de sus subsistemas.
Durante muchos años el sistema político mexicano se sostuvo sobre los hilos del
presidencialismo, en el que jefes políticos y caciques locales y regionales se
rendían ante la voluntad del poder en turno. A veces negociaban, a veces eran
obligados.
Esta fórmula permeó a los tres poderes de la Unión, a las entidades federativas y
los municipios. Por eso existieron familias consanguíneas que dominaron estados
y municipios durante años.
En algunas de ellas se arraigaron costumbres, como el poder por el poder o la
corrupción, lo que trajo consigo una disfuncionalidad en las funciones de Estado y
de gobierno y sus posteriores administraciones no quisieron modificar las
conductas que desvirtuaron la administración pública.
Por ejemplo, cuando Guacamaya Leaks divulgó el escándalo del robo de 6
terabytes de información a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), reveló
que servidores públicos de los gobiernos de Jalisco, Morelos y el secretario de
Gobernación, Adán Augusto López, tuvieron alguna relación con grupos de la
delincuencia organizada.
Aquí subyacen las causas políticas profundas que dificultan el funcionamiento del
sistema de seguridad mexicano, en los que quizás en algunos casos haya
compromisos reales con la delincuencia.
Y cuando el presidente López Obrador señala que estando el ministro Arturo
Zaldivar como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el
gobierno federal podía intervenir en los casos de su interés, abre la sospecha de
intervención indebida en el Poder Judicial y, además, la pregunta es cuántas
denuncias en los órganos jurisdiccionales existían sobre los personajes que
divulgó el robo de información a la SEDENA.
En la medida en que se consoliden las instituciones de seguridad, erradicando
problemas como corrupción e impunidad, cabe la posibilidad que se desaten los
nudos que impiden el correcto funcionamiento institucional de la seguridad.
Los gobiernos locales y municipales, de los que el poder político federal se ha
desentendido y los ha dejado a su libre albedrío, son más propensos a continuar
con prácticas anquilosadas al amparo del federalismo y del municipio libre.
En lugares y regiones del país la delincuencia se ha consolidado como
organizaciones paralelas a las autoridades, dominando al poder político en
algunos casos o sometiendo a la población civil, en otros casos.
Esto ha traído consigo alteraciones de los modelos del poder que estudia la
ciencia política, al incorporar e igualar a la delincuencia como un nuevo actor que
impone sus reglas a los partidos políticos.
En la mayor parte de las entidades federativas no existe la sana división de
poderes y el rol de contrapeso es muy tímido, como en Jalisco, con un poder
judicial con deficientes números y con la fuerte sospecha de corrupción y un poder
legislativo ajeno a las causas ciudadanas que dice defender.
Hoy una parte del sistema de seguridad mexicano descansa sobre una clase
política con una muy dudosa reputación, bajo el señalamiento de la SEDENA y
con un reprobable desempeño de un exministro, que abre la sospecha de algunas
conductas indebidas.
*Es Maestro en Seguridad Nacional por la Armada de México
Correo electrónico: [email protected]
Twitter: @racevesj
