Queda por dilucidar si es el INE el que confunde legalidad con legitimidad o los analistas. En todo caso, estas líneas son para ambos con el fin de que eviten confundir ambos conceptos.
Recién, la consejera presidente del INE, Taddei, expresaba con sobrado optimismo que sería muy bueno conseguir una participación del 70% de los electores que conforman el padrón electoral para el próximo 2 de junio. Vamos, por desearlo que no quede.
La indiferencia de los electores a la presente campaña, que se suma a la indiferencia tradicional por las anteriores, pese a que se incrementa el número de convocados a votar en el padrón electoral, así como el posicionamiento ya definido e inamovible de detractores a Morena –ya cegados y muy dispuestos de votar lo que les pongan enfrente, aunque la candidata Gálvez llame a votar el 2 de julio (punta del iceberg de otras carencias, graves, notables, inocultables)– y pese a lo muy estólida que va la campaña presidencial, invita a ponderar con más cuidado ese deseable 70 % que, de todas maneras, es poco, para un país que requiere que participe la mayoría de la gente, pues con ello afianzaría la democracia y no solo una legitimidad que, después de todo, la ley no exige obtener ni por mandato ni por porcentaje de votos emitidos ni por nada a ser obtenida por ningún candidato a nada. La ley así lo establece, calla el tema. Ahora que… la opinión de los opinólogos es otro cantar. Quienes nos abstenemos de pedir la legitimidad como requisito insalvable que no lo es, no tenemos más problema al entender que la ley no reclama legitimidad de nadie, pues no podemos mal entender que tenerla fuera una obligatoriedad resultante de obtener determinados porcentajes de participación de votos mínimos y, por otro lado, nos limitamos en consecuencia así, a lo que la ley sí exija y no lo es la legitimidad.
Que la gente participe es deseable por elemental salud democrática, nada más. Y sería su derecho abstenerse, aunque luego tengamos alto abstencionismo o gente quejádose, habiendo dejado pasar la oportunidad de involucrarse.
Si por legitimidad se entendiera gran participación, la ley es omisa del concepto señalando porcentaje mínimo requerido. Bastaría que sea una elección con apego a lo que la ley dispone. Y la legitimidad no está incluida. Qué se le va a hacer.
No se puede llamar voto duro a ese segmento que votará lo que sea que les pongan enfrente siendo opositores a Morena, pues recibe otros nombres pero no es el lugar para expresarlos y puede haber niños leyendo esto.
Al toro. Un 70 % deseado por Taddei, representa tres vertientes que nadie debiera confundir: a) Hay omisiones en la ley sobre conseguir legitimidad, b) tenemos malos antecedentes de participación en elecciones presidenciales y c) los opositores a Morena, sobre todo, parecen apostar a que la gente no acuda a votar, porque eso sí les ayudaría a sostener su gran mentira que piensan usar como excusa y como juego o guerra sucia: que esta será una elección de Estado. Burdos. Se antoja dudosa esa participación masiva de un 70 % pese a que uno esperaría la revancha opositora multitudinaria que dicen representar, tratando de ganar el 2024. Una cosa es que digan y otra es que se movilicen. ¿Les alcanzará? No lo parece. Se les ve indiferentes para hacerlo. Por cierto, no será una elección de Estado. Sí pinta para una derrota de Gálvez, porque es una mala candidata en una pésima opción. Cuando se tiene una candidata excelente, se gana y no se chantajea el resultado. ¿Qué la apuesta opositora es a ganar el Congreso? Pidiendo el voto por Beltrones, dudosamente lo conseguirán. No es votar lo que sea. Eso sería irresponsable.
Esta columna llama a votar. Es imperioso movilizarse a las urnas. No necesitamos el triunfo de una opción que solo se opuso todo el sexenio y nos entrega la idea sosa de que vendiendo gelatinas se salió adelante, mientras se acompaña de lo peorcito del PRI.
Ya intentaron ganar en 2018 con la batea de babas diciendo que a López solo lo votó el 30% de los electores. Olvidaron que la ley no prevé porcentajes mínimos y eso prevalece en 2024. Por ende, no se requiere una mayoría de porcentajes, solo que sea simple y que choca con su equivocada lectura y merece ser enmendada. En 2018 votaron 60 de 90 millones. Los 30 que se abstuvieron no cuentan, fue su problema no haber ido a votar, pudiendo hacerlo. De los 60 que sí lo hicieron, 30 millones por López, son la mayoría de los votos efectivos que son los que cuentan. Los otros treinta se repartieron entre Anaya y Meade. Ganó por ende, López Obrador. No hay manera de darle vueltas o hacer otra lectura a conveniencia de los torcidos y antidemocráticos intereses opositores.
Un elemento más en ese grupo de consideraciones sí merece expresarse: tenemos un 30 % de electores que se quedó callado en 2018. Ojalá que se pronunciaran para que ni opositores ni morenistas se sirvan de ese silencio para intentar lecturas vanas llevando agua a su molino, leyéndolo como voto efectivo que no fue a su favor y a favor de su causa, cuando que no lo es. Las campañas debieran dirigirse a ese indiferente y mediocre 30 % que se quedó callado en 2018, a ver si se despereza y se pronuncia con voto efectivo en las urnas. Eso sí sería de celebrarse. Desde 1994 no hemos visto una cifra de participación arriba del 77.7 %.
En justicia, dígase que en 1994 eran 58 millones los convocados a votar y hoy son casi 98 millones. A ver si mejoramos la cifra real, no solo la proporcional. Y sobre todo, que los opositores se dejen de zarandajas de elección de Estado y otras marrullerías para justificar su merecida derrota, causada solo por una sórdida carencia de propuesta seria, carencia de la que son los únicos responsables.
Ese 30 % que se calló en 2018 es insondable en sus intenciones. Toda lectura es ociosa, pues parte de humo, de espuma, de lo inescrutable. En esta columna no le vendemos quimeras.
Así entonces, no se confunda legitimidad con legalidad. El lector tiene derecho a saber 3 cosas:
La ley electoral en México no obliga a obtener un porcentaje mínimo de votos al ganador. Y no hay segunda vuelta electoral. Se gana por un voto de diferencia que puede mover a reconteo, pero nada más. A menos que se ordenara una segunda votación ante irregularidades, pero eso no ha ocurrido en la presidencial porque numéricamente pinta para imposible un resultado así. Y menos en una presidencial. Mas es verdad que se gana por un voto de diferencia sin limitarlo a porcentajes mínimos no obligados a obtener. O sea, no se requiere un 40, 50, 60 % de votos y el bajo resultado que se obtuviera de ellos es tan legítimo como legal. Quien cuestione la legitimidad nos estaría arrastrando a una guerra civil que entendemos que nadie serio, quiere.
Dicho de otra manera: si el candidato A gana con el 10 %, su contrincante saca 8, el otro 7 y así, eso no es culpa de la ley ni del candidato ganador. Gana A y sí, tendrá un problema de gobernabilidad, pero no de legitimidad. Son dos cosas distintas. El que más votos tenga, ese ganó en el esquema mexicano. Así de sencillo. No es cosa de legitimidades. Es cosa de mandato legal. Punto. Y será problema de gobernabilidad por la permanente negociación desgastadora o porque neceen los perdedores queriendo ganar en las calles lo que no fueron capaces de ganar en las urnas legítimamente, ahí sí. Se parece tanto ese supuesto al proceder del PAN y del PRI en este sexenio. Malos contendientes y malos perdedores que son.
Además de que el voto nulo no cuenta para sumarse a nada, el voto efectivo es el auténtico y valedero. También recuérdelo.
Al trasnochado priismo abierto o encubierto que siempre quiere alardear del inexistente requisito de la legitimidad para defender sus marrullerías, recuérdesele: es el más interesado en cuestionar resultados que le son adversos. Es mal perdedor. Como desprecia la democracia, es lo normal. Los priistas se embrollan solos. Ejemplo: cuestionaron los priistas el resultado obtenido por el panista Fox que los echó: 41 % de votos, diciendo que ni la mitad obtuvo y eso…eso cuestionaba su presidencia. Nunca pudieron llamarlo ‘presidente Fox’. Se les atoraba en la garganta. Antidemocráticos que son los priistas.
Pues bien, el mediocre priista Peña Nieto ganó con el 36 % de los votos la gubernatura mexiquense. A los priistas ahí sí se les llenaba la boca llamándolo “señor gobernador”. Lacayos. Entonces no reparaban, no les molestaba ese porcentaje inferior al 50 % que la ley no requiere ganarse para reconocer un triunfo electoral y le champaban al panista Fox. Lo de siempre con el PRI que siempre desprecia la democraia: si se trata de ellos, vale. Si es en los demás, no. Por eso su modelo excluyente y corrupto siempre merece perder en las urnas. Y son los únicos responsables de que sean derrotados cada vez más.
Lo importantes es que el ciudadano tenga claro dos cosas: a) en México se gana una elección por el mayor número de votos conseguidos y b) la ley no determina obtener determinado número de votos mínimo y no lo casa con legitimidad alguna. No se pronuncia por las legitimidades de nadie. Y de eso deben tomar nota los analistas políticos.
