La seguridad está constituida por elementos intangibles de bienes. No se trata de
la seguridad, como resultado de políticas de seguridad o defensa, sino de uso y
disfrute de bienes y derechos, como la consecuencia de los bienes jurídicos que
tutela la seguridad: en el campo político, se refiere al sistema democrático
mexicano, a los derechos civiles y políticos, así como a los derechos humanos; en
el campo económico, a la participación de la parte proporcional en la economía
que produce el país, al derecho a un salario, entre otros; y en el campo social, al
derecho a la salud, la vivienda, la educación, el trabajo, principalmente.
Por esta razón, es que el vínculo de la función de la seguridad es quizás la más
importante de las funciones del Estado, ya que se encuentra muy relacionado a
prácticamente todas las demás funciones que presta el Estado: la hacienda, la
jurisdiccional, la de buen gobierno, la del exterior, principalmente, por medio de las
instituciones agrupadas en gabinetes temáticos, como el político, social, defensa o
hacendario.
Todas las instituciones agrupadas en estos gabinetes temáticos de gobierno, junto
con las instituciones y personajes del sector empresarial y del sector social,
producen información que sirve a los propósitos de Estado: su propia seguridad y
la satisfacción de sus gobernados. Este principio rige en todos los países del
mundo.
Por tal motivo es que una institución que maneja esta información, como el Centro
de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), es considerada de seguridad
nacional. El carácter de información es estratégico y se auxilia de los objetivos
nacionales que se encuentran en la Constitución, así como en los intereses
nacionales contenidos en el Plan Nacional de Desarrollo y en el Presupuesto de
Egresos de la Federación, que son instrumentos para la implementación de
políticas de Estado en materia de seguridad nacional.
Cuando en 1918 el presidente Venustiano Carranza crea la Sección Primera en la
Secretaría de Gobernación (SEGOB), sus objetivos eran eminentemente políticos.
En el periodo del presidente Emilio Portes Gil, esta Sección Primera pasó a ser el
Departamento Confidencial y posteriormente en la administración del presidente
Lázaro Cárdenas este Departamento pasó a ser la Oficina de Información Política
(OIP).
Durante la Segunda Guerra Mundial en 1942, la OIP se transformó en
Departamento de Investigación Política y Social (DIPS), y en 1947 se modificó en
Dirección Federal de Seguridad (DFS) adscrita a la SEGOB. Cabe señalar que,
aunque la DFS fue el primer órgano de inteligencia adscrito a una Secretaría de
Estado civil, como lo es la SEGOB, tuvo en su estructura operativa y
organizacional a militares, razón por la cual, es que no perdió la esencia de una de
las funciones de un Estado Mayor como lo es, la inteligencia.
No fue sino hasta la reforma de julio de 1973 al Reglamento Interior de la SEGOB
que por primera vez apareció la denominación Seguridad Nacional y hasta 1982
en el Plan Nacional de Desarrollo de Miguel de la Madrid es que aparece
formalmente como política de Estado.
En 1967 la DFS se transformó en Dirección General de Investigaciones Políticas y
Sociales (DGIPS) y para el sexenio del presidente Miguel de la Madrid, en 1985,
se disolvió la DFS y se creó la Dirección General de Investigación y Seguridad
Nacional (DGISEN), disuelto en 1989 para crear el Centro de Investigación y
Seguridad Nacional (CISEN).
El problema no es institucional. El problema es el uso de las herramientas de la
función de Estado, como la inteligencia, para usarla con fines políticos y escuchar
u observar a quienes piensan distinto o disienten del poder en turno, desviando el
propósito para el que fueron creados, en perjuicio de la función de gobierno.
El procesamiento de información que hacen las instituciones de seguridad y el
Centro Nacional de Inteligencia debe ser capaz de advertir riesgos y amenazas,
como las vulnerabilidades a los sistemas críticos – o informáticos- del Banco de
México, el cruce de información de inteligencia financiera con fines políticos o
delincuenciales, la corrupción, la alteración de flujos de dinero en el sistema
circulante mexicano que provengan del lavado de dinero, el avance de la
desertificación de alguna cuenca, o bien, las amenazas que provengan del
exterior, sean políticas, económicas o sociales.
*Es Maestro en Seguridad Nacional por la Armada de México
Correo electrónico: [email protected]
Twitter: @racevesj
