Políticos identificados con el tabasqueño Adán Augusto López Hernández, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, siguen insistiendo en que el gobernador morenista Javier May Rodríguez va a «caer» en dos años (para que no se repitan elecciones), debido a que no ha podido resolver la crisis de inseguridad.
Los allegados al ex secretario de Gobernación, en su mayoría expriístas, ponen como ejemplo el destronamiento de Salvador Neme Castillo en 1992, que fue objeto de una campaña de linchamiento de gran calado por parte de sus propios compañeros del PRI que aprovecharon la coyuntura de las movilizaciones del entonces incipiente movimiento de Andrés Manuel López Obrador.
Curiosamente, muchos de los actores que participaron en el descabezamiento de Neme hoy siguen la receta contra el actual jefe del Ejecutivo.
La «destitución» de May Rodríguez la pusieron sobre la mesa priístas como medida para distender la violencia.
Pero hoy que ya hay una estrategia de contención y se ha logrado romper la inercia de «brazos caídos» contra los criminales, la demanda, alimentada por políticos, crece en redes sociales.
La crisis de inseguridad que vive Tabasco, producto de lo que se dejó de hacer en la materia en el sexenio pasado y aun de una presunta colonización de las corporaciones policíacas por parte de la delincuencia, tuvo una mejoría a partir de la segunda quincena de febrero pasado.
Con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del gobierno federal, Omar García Harfuch, como cabeza de la estrategia aplicada en la tierra del ex presidente López Obrador, empieza a verse la luz tras una noche macabra que puso al edén a principios de año en los primeros lugares nacionales en número de homicidios dolosos.
La captura de cabecillas del grupo delictivo local La Barredora ha logrado reducir el problema, mediante una estrategia que consiste en «jubilar» la actuación de «brazos caídos» del gobierno de Adán López, que, además, enfrenta la sospecha de complicidad.
A diferencia de lo que pasaba en el estado en la administración de López Hernández, que terminó su testaferro Carlos Merino Campos, en este período gubernamental los capos criollos están siendo combatidos.
Los criminales que han caído en el nuevo gobierno se movieron a sus anchas en el pasado reciente, pero aun con estos resultados favorables persiste la estrategia de pedir que el titular del Ejecutivo «se vaya».
Tal demanda tiene tintes políticos fáciles de demostrar: encabezan esa petición dos allegados al senador Adán López, el ex mandatario priísta Manuel Andrade Díaz y la ex candidata del PAN-PRI a la gubernatura, la priísta Lorena Beaurregard de los Santos.
Adán López fue coordinador de campaña de Andrade en la elección de 2000, y Beaurregard fue «asesora» del gobernador Manuel Gurría Ordóñez, quien sustituyó a Neme en 1992.
A Beaurregard la llevó al gobierno de Gurría el que fue su secretario de Gobierno, Juan José Rodríguez Prats, a quien Gurría le decía «el hermano menor que nunca tuve».
Fue Rodríguez Prats, hasta hace poco militante del PAN, quien llevó a su protegida al blanquiazul en 2024 y la hizo abanderada a Plaza de Armas.
Sin embargo, poco después Rodríguez Prats se quejó que la priísta le quitó la candidatura plurinominal a diputado que iba en primer lugar por dársela a alguien de su grupo.
Rodríguez Prats fue asesor del gobierno de Tabasco al inicio de la gestión de Adán López, a pesar de que el gurriísta era el más ácido crítico de López Obrador.
Durante la administración del hoy líder de la Cámara Alta, Andrade y Lorena «callaron como momias».
