Sin nadie asomarse al fondo del asunto, podría decirse que Alejandro Murat Hinojosa es un gobernador cabalmente respetuoso del equilibrio de Poderes y de la independencia de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca.
Eso, aun cuando el procedimiento legalmente le permita inmiscuirse al mandar al Congreso Local una terna de entre una lista de al menos diez aspirantes previamente seleccionados de entre los inscritos a la convocatoria emitida por la Legislatura.
¿Por qué hipotéticamente respetuoso?
Resulta que el Congreso Local acaba de designar a Arturo Peimbert Calvo como nuevo Fiscal General, cargo que hace unos días botó Rubén Vasconcelos Méndez cuando apenas iba a cumplir cuatro años de los siete para los cuales fue electo. (¿O lo obligaron a botarlo?)
Peimbert fue miembro del gabinete ampliado del ahora ex gobernador Gabino Cué Monteagudo (del PRD-PAN-PT-Convergencia), en su momento discípulo del entonces perredista Andrés Manuel López Obrador y antecesor del actual mandatario.
Posteriormente ocupó la titularidad de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), creada ex profeso para Peimbert; siempre apapachado e impulsado por organizaciones sociales y por determinados líderes de la Iglesia Católica.
Fungió como Defensor hasta mediados de abril de 2019 cuando por mandato constitucional es sustituido por José Bernardo Rodríguez Alamilla; uno de los principales visitadores en la gestión de Arturo, quien migró a la Ciudad de México en busca de mejor fortuna profesional.
Compitió para titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), pero María del Rosario Piedra Ibarra le ganó el puesto; ella pesó más en el afecto del presidente López Obrador.
A Peimbert no se le identifica con Alejandro, ni con ninguno de los Murat, en una relación política o afectiva; al menos públicamente, no; salvo que la relación venga de aquél año álgido y cruento en Oaxaca: El 2006.
En fin, el caso es que Arturo Peimbert vuelve a Oaxaca cuando falta algo más de año y medio para la conclusión del sexenio del gobernador Alejandro Murat (del PRI), quien no tuvo ninguna objeción en incluirlo en la terna como el ‘palomeado’ para nuevo titular de la Fiscalía General del Estado.
Algo raro hay en todo ello.
Una de las principales lecturas es que con la llegada de Peimbert, ha iniciado la transición gubernamental en Oaxaca; en otras palabras, que Alejandro está entregando el estado a Morena, cuyos legisladores impulsaron al nuevo Fiscal.
Claro, tampoco el mandatario tenía mucho margen de acción; para la designación del Fiscal la Constitución Local solamente exige mayoría calificada de los presentes, entonces así es fácil sacar cualquier nombramiento.
(Aunque cuando la designación de Rubén Vasconcelos, Alejandro Murat operó de modo tal de poner a éste con la aprobación los legisladores morenistas).
Donde ahora pudo poner resistencia, era en la integración de la terna. Pero no la puso; es más, en los corrillos políticos locales circuló como reguera de pólvora el anuncio de la llegada de Peimbert por un acuerdo entre el gobernador Alejandro Murat y el presidente Andrés Manuel.
Ojalá la independencia y autonomía de la Fiscalía fuese real; pero los hechos demuestran lo contrario; siempre hay la injerencia de alguien, de algún poder, de algún ente, etc.
Lo que en Oaxaca todo mundo le da vueltas es ¿por qué Alejandro Murat cedió el brazo ejecutor? En la praxis política, la dependencia de procuración de justicia siempre ha sido eso; un brazo ejecutor.
¿Por quién o quienes viene Peimbert? ¿De parte de Morena? ¿O de parte de quién?
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