En su carta al historiador y trotskista Adolfo Gilly en 1972 para comentarle su libro La revolución interrumpida, Octavio Paz hacer una indagatoria histórica sobre la corrupción y su punto central fueron las dinastías chinas, basado en el libro La burocracia celeste. Historia de la China imperial (Barral Editores, 1974), del enólogo Etienne Balazs.
Paz refiere el nacimiento de los letrados o funcionarios públicos contratados por los monarcas chinos para atender la cotidianeidad de los asuntos del Estado. Para ser funcionario había que hacer una prueba que debían de pagar los aspirantes; una vez pasada, entonces podría ingresar a la burocracia. Pero lo primero que hacían esos nuevos funcionarios era extraer para sí recursos públicos, en lugar de canalizarlos a la sociedad. El Estado era patrimonio de los monarcas y sus funcionarios.
Este enfoque confirma lo analizado más a fondo por Max Weber sobre la burocracia, una casta de poder. Al tener la primera, segunda y última palabra sobre las solicitudes de los ciudadanos, la burocracia pierde el enfoque del Estado y decide en relación con sus intereses. Y cobrando comisiones o no, la burocracia convierte al Estado y sus funciones en un patrimonio propio.
La patrimonialización del Estado por los funcionarios y burócratas sustituye las funciones sociales de la administración. Para acceder a contratos, cobros, cargos y beneficios de la administración, el funcionario completa ingresos cobrando cuotas y el ciudadano se acostumbre a esas aportaciones adicionales a las cuotas legales.
La corrupción en México fue hija de la patrimonialización del Estado por los funcionarios públicos, desde el más alto hasta el empleado de ventanilla. El círculo se cierra con el hecho de que el Estado carece de instituciones para vigilarse a sí mismo en casos de corrupción. Como el Estado no tiene fondos para satisfacer las necesidades salariales de millones de empleados públicos, entonces tolera que el ciudadano tenga que hacer una doble tributación: el salario que se paga con la recaudación fiscal y el complemento que se paga fuera de las recaudaciones legales.
Por ello, la corrupción es un problema del Estado, no del ciudadano. A ninguna persona fuera del gobierno le gusta tener que pagar cuotas o propinas por decisiones de funcionarios que debieran de ser cubiertas con salarios normales. Y son más los ciudadanos a los que les exigen pagar corrupciones, que los ciudadanos que buscan pagar esas comisiones ilegales para facilitar trámites.
El gobierno de Miguel de la Madrid creó en 1983 la Secretaría de la Contraloría General de la Federación, en 1994 se transformó en la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo y en 2003 quedó como Secretaría de la Función Pública. Su tarea debiera ser la de combatir la corrupción pública, pero a la fecha sólo se dedica a exonerar a funcionarios acusados de corrupción. Ciertamente, hay una larga lista de funcionarios bajos que han sido despedidos por actos de corrupción, pero esa dependencia no ha podido regular el funcionamiento del Estado ni terminar con los usos patrimonialistas de las funciones públicas.
Todos los presidentes desde Adolfo Ruiz Cortines han condenado la corrupción, pero ninguno ha roto con la patrimonialización del Estado. La corrupción sigue latente y los ciudadanos se quejan, pero la toleran y avalan.
@carlosramirezh
