Ulpiano, un jurista romano clásico de clásicos, definió lajusticiacomo“la constante y perpetua voluntad de dar a cada uno su propio derecho”.
En términos más precisos:“Dar a cada quien lo que le corresponde”.
Y en justicia a las mujeres corresponden cargos públicos y de elección popular de forma paritaria en relación a los hombres. No es capricho, necedad, ni agandalle; es justicia.
Como bien lo dijo la consejera Dania Ravel:La paridad en siete de las 15 gubernaturas que estarán en juego en las elecciones 2021, “es una medida de justicia social y de legalidad”.
Y, por supuesto, de constitucionalidad.
El consejero Ciro Murayama fue enfático al respecto:“(La) reforma, aprobada por unanimidad apenas en 2019, estableció que la paridad aplica a las candidaturas a los distintos cargos de elección popular, por lo que, si la propia Constitución no exime a ningún cargo, ni distingue, ni discrimina, el INE no tendría por qué hacerlo.”
Cierto, el artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece como derecho de la ciudadanía“poder servotada en condiciones de paridadpara todoslos cargos de elección popular…”
¿Entonces por qué el Senado insiste en atacar los principios recién aprobados por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) para la paridad en gubernaturas en 2021; la Junta de Coordinación Política mandó su carta-amenaza argumentando que el órgano electoral está legislando, lo cual corresponde al Poder Legislativo.
Pero Dania Ravel puntualizó:“El INE no está legislando, da operatividad a una norma que ya existe y está establecida en la Carta Magna, lo que ya no puede ocurrir es que los derechos que están en la Constitución sean letra muerta…”
Y la consejera Adriana Favela ácidamente recordó:Que la reforma “paridad en todo” fue aprobada con el respaldo de todas las fuerzas políticas, sin excluir los cargos unipersonales como son las gubernaturas.“Si los legisladores no entendieron lo que se estaba aprobando y los alcances de esta reforma es una circunstancia distinta…”
La consejeraCarla Humphrey, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación, estuvo genial; prácticamente en respuesta a la carta de las Jucopo citó normas internas, tratados internacionales y todo el andamiaje jurídico que dan sustento a los criterios para la paridad en gubernaturas.
O sea, puso en su lugar a los senadores y senadoras integrantes de la Jucopo de manera educada y correcta; con argumentos jurídicos.
¡Uy, las senadoras! ¿Cómo creer ir en contra de su propio género?
Ahí está el problema; que (con sus honrosas excepciones) mujeres empoderadas obedecen ciegamente a los hombres con tal gozar de privilegios y canonjías políticas y económicas, amarrando, incluso, el siguiente cargo o impunidad para miembros de la cúpula de su respectivo partido políticos.
En fin, el consejero presidente Lorenzo Córdova recordó“esta no es la primera vez que se aprueban acuerdos que buscan una democracia más justa, equitativa e incluyente, al grado de que estas medidas afirmativas fueron plasmadas posteriormente por el Poder Legislativo en la Constitución que hoy mandata una paridad en todos los niveles de gobierno.”
Ciertamente. Muchas de las reglas electorales, incluidas las de paridad y las de inclusión indígena en los cargos de elección popular, se han confeccionado a punta de lineamientos, criterios y sentencias. En su mayoría, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ha confirmado las decisiones del INE.
Por cierto, una de las consejeras mencionó que el rechazo a la paridad en las gubernaturas es similar a lo que se vivió en 2014 cuando se judicializó la aplicación de la paridad en las presidencias municipales y que terminó con la validación de la medida por el órgano jurisdiccional competente.
También, por cierto, otro caso fue cuando por demanda de una oaxaqueña se garantizó el derecho al acceso al cargo –no solo a la postulación–.
Un camino similar siguió ponerle candados al caso de las “juanitas”.
EL RIESGO
El riesgo para los principios de paridad en las gubernaturas no es que los partidos o los senadores impugnen vía los medios y recursos correspondientes, sino que los juzgadores les den la razón.
Y no porque la tengan, sino por presiones políticas por parte de partidos o de los senadores, principalmente por parte de Ricardo Monreal (cuyo hermano aspira a la gubernatura de Zacatecas), a sabiendas de que el principio de paridad es constitucional.
No obstante, ya ven Ricardo Monreal hasta subió a redes sociales un video donde intenta justificar su oposición a la decisión del INE, pues está legislando, insiste; incluso se auto define como constitucionalista.
Constitucionalista cuando le conviene, porque el Senado en repetidas ocasiones ha bailado el jarabe tapatío sobre la Constitución.
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