En una etapa tan complicada como la que atraviesa el país, a la Facultad de Derecho de la UNAM “le cayó como anillo al dedo” –como diría el clásico– el reconocimiento como una de las mejores escuelas a nivel mundial.
Con sus asegunes, la UNAM –como muchas otras universidades– es una isla entre las instituciones públicas del país. Y justo cuando el presidente Obrador se ha pronunciado en contra de los juristas y profesionistas del Derecho, a los que se ha atrevido a acusar de “traidores” de la patria por defender a las empresas, nuestra universidad se afianza como la máxima casa de estudios en el rubro de Derecho y Estudios Jurídicos en el QS por asignaturas en la clasificación mundial de universidades correspondientes al año 2021 (Law & Legal Studies, QS World University Rankings by Subject 2021).
La merecida distinción a la Facultad de Derecho corresponde a una evaluación de más de 5 mil universidades de todo el mundo en lo que corresponde a dicha asignatura. Esta escuela es la mejor de Iberoamérica y la número 34 a nivel global.
Mientras aumentan los reconocimientos académicos a la UNAM, el presidente Obrador es reprobado de manera constante. El gobierno de la “cuarta transformación” se ha caracterizado por vulnerar el Estado de Derecho. La frase que acuñó el tabasqueño de “mandar al diablo a las instituciones” es una realidad. El de Obrador es un gobierno regido por la ilegalidad y la ausencia de legitimidad en buena parte de la administración pública.
Obrador ha pervertido a las fuerzas armadas al asignar tareas ajenas al ejército, ha cancelado los derechos humanos, ha cortado la libertad de expresión, ha emprendido contra-reformas constitucionales que carecen de legitimidad y legalidad como las energéticas, ha vulnerado las políticas medio-ambientales, lo mismo que a la ciencia y la academia, se ha entrometido en los poderes legislativo y judicial, ha cuestionado de manera facciosa a la autoridad electoral y al sistema de justicia.
Sin considerar el gran fracaso de su gobierno –que consume ya la mitad de su mandato sexenal – en materia de salud pública y cuyos resultados (más de 200 mil muertos por Covid, según Gatell y más de 350 mil, de acuerdo al sistema de salud), deberían indignar a los mexicanos y salir a manifestarse a favor o en contra, según su percepción, en los próximos comicios de junio y en la revocación de mandato prevista para el 2022.
Todos hemos atestiguado cómo Obrador se ha extralimitado en sus funciones presidenciales imponiéndose como el poder de los poderes. Vimos por ejemplo, cómo ordenó a los legisladores de su partido y sus aliados “no cambiar ni una coma” a su contra-reforma en materia de energía eléctrica y de acotar a las empresas que operan en el campo de la industria petrolera. Por esos hechos despotrico contra los jueces que ampararon a las empresas y hubo colaboradores con actitud gansteril como la titular de la Secretaría de Energía (Sener), Rocío Nahle, quien en una entrevista con Carmen Aristegui lanzó la amenaza de que irían en contra del juez federal Juan Pablo Gómez Fierro, quien suspendió temporalmente la aplicación de la reforma eléctrica.
Como si el poder judicial fuera un apéndice de la “cuarta transformación” Nahle y Obrador exigieron al Consejo de la Judicatura Federal sobre el actuar del juez Gómez Fierro.
El juez Segundo de Distrito en Materia Administrativa, Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones de la Ciudad de México, ordenó mantener suspendidas las consecuencias derivadas del decreto que reforma la Ley Eléctrica.
En las últimas semanas las asociaciones de abogados más representativas han cuestionado al presidente Obrador por vulnerar y violentar el Estado de Derecho.
Los abusos de Obrador lejos de cesar, aumentan. Por ejemplo, convocó a los gobernadores del país como invitados de palo –sin voz ni voto– a un presunto “acuerdo nacional en favor de la democracia”, pero en realidad se trató de una farsa más de sus actos de gobierno –sí se les puede llamar así a las ocurrencias del tabasqueño– con motivo de las próximas elecciones del 6 de junio.
Como en la mafia a los gobernadores les dio un trato de “soplones”, así como cuando un capo o un gánster ordena a sus sicarios cuando les dice “encárgate de esto”.
Con cinismo les pidió denunciar la entrega de dinero del crimen organizado o de la delincuencia de ‘cuello blanco’ para financiar campañas en sus respectivos estados. Les pidió también impedir la compra de lealtades o conciencias; a no traficar con la pobreza de la gente; a no solapar a tramposos electorales, a evitar el acarreo y relleno de urnas y los animó también a apoyar a ningún candidato de ningún partido; a no permitir que se utilice el presupuesto público con fines electorales.
Es justo lo que él personalmente hace con el presupuesto público dedicado al bienestar social y cuando se autoproclama como el “árbitro” electoral por encima de sus facultades y en flagrancia intromisión en las tareas y responsabilidades del INE.
En la incompetencia de sus responsabilidades Obrador actúa a ciegas más que como dignatario, como el jefe de un clan faccioso más identificado con la derecha conservadora. De ahí que en las mañaneras todos los días saca su metralla para disparar ráfagas de insultos y descalificaciones a sus críticos a los que señala regularmente, a falta de argumentos, como “ligados” al fraude y la corrupción.
La de Obrador es politiquería barata.
En medio de la estulticia y la ineptitud del presidente Obrador no hay mejor oportunidad que el llamado a las urnas el próximo 6 de junio donde estará en disputa el control de la Cámara de Diputados y la elección de 15 gobernadores y miles y miles de cargos en ayuntamientos, congresos locales, regidurías, etc…
La cereza en el pastel será el referéndum para la revocación de mandato en marzo de 2022 sí se reúnen las firmas necesarias para solicitarlo (un poco más de 2 millones votos).
De ahí la guerra sucia de Morena y el presidente Obrador en contra del INE que tiene esa responsabilidad de conducir el proceso electoral y el referéndum.
Ante el enorme y crecimiento mal humor social, Obrador podría perder en las elecciones junio próximo el control mayoritario de la Cámara de Diputados, de ocurrir así el referéndum sería un mero trámite para echarlo a patadas de Palacio.
La sociedad civil tiene la palabra.
No se equivocó la revista Proceso cuando en la portada de su 42 aniversario vaticinó cómo se cernía sobre el gobierno de Obrador el fantasma del fracaso. Sobre cómo la cuarta transformación se perfilaba como una ominosa tragedia sobre el país. Ahí están los cientos de miles de muertos por la pandemia como testimonio de un gobierno criminal, insolente e insensible cuyas autoridades deberían ser sometidas a juicio para deslindar responsabilidades civiles, administrativas y penales.
En una democracia y en un país donde rige el Estado de Derecho sería lo más normal.
No es una frase barata recordar que “Al margen de la ley, nada; por encima de la ley, nadie”.
¡Es cuanto!
