El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, parece estar decidido al franco desacato a las medidas dictadas por el Instituto Nacional Electoral (INE), el cual solo aplica las normas aprobadas en otros tiempos por las cámaras legislativas.
El pasado 19 de abril, la Comisión de Quejas y Denuncias del INE, al resolver sendas quejas del PRD y de Movimiento Ciudadano, determinó dictar una medida cautelar vía tutela preventiva ordenado al mandatario nacional que:
“Durante las campañas electorales y hasta el día de la Jornada Electoral a celebrarse el seis de junio del dos mil veintiuno, se abstenga de difundir logros de gobierno -incluyendo programas sociales y las personas beneficiarias-, obra pública, e incluso emitir cualquier tipo de información que pueda incidir en las preferencias electorales de la ciudadanía, incluso cuando responda a las preguntas que le son formuladas en las conferencias de prensa.”
Porque así lo manda la Constitución Política General, así que no es mala fe, ni intento de coartarle su derecho a la libre expresión (el cual también tiene límites), como argumentan morenistas en defensa de su jefe político.
Para que vean que la obediencia ciego no es exclusiva del PRI, donde poco a poco ha ido en amento la rebeldía en contra de la sumisión, aunque todavía existe bastante arraigada en aquellas entidades federativas con Ejecutivo emanado de las filas priistas.
Retomando el tema: Como se dice comúnmente: A AMLO “por un oído le entró y por el otro le salió” la medida cautelar de la Comisión de Quejas y Denuncias. Quizá ni la oyó y mucho menos la escuchó.
Porque (según la nueva resolución) tras dictarle la medida, “al día siguiente, durante la conferencia matutina del martes 20 de abril, el Presidente de México volvió a realizar pronunciamientos relacionados con propaganda gubernamental y de índole electoral, lo que motivó que en esa misma fecha se presentara otra queja por el incumplimiento a la medida cautelar dictada por la Comisión de Quejas un día anterior.”
Y no solo eso. Si se han fijado, en las conferencias matutinas no ha dejado de abordar temas polémicos que le dan foro y le permiten continuar en las primeras planas de los diarios (impresos o digitales), en los noticieros radiofónicos y televisivos, y en redes sociales.
Ahí está el tema Zaldívar, por ejemplo, cuya ampliación del periodo como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es para AMLO constitucional porque solamente dicho ministro garantiza la instrumentación de la reforma judicial porque se trata de una persona honesta, según el mandatario.
Otro tema: La posibilidad de presentar una reforma para modificar el INE. Algo así.
O sea, temas polémicos con los cuales fácilmente se coloca en el debate nacional y hacer, implícitamente, presencia y proselitismo.
Por lo tanto, difícilmente acatará cabalmente las órdenes del INE; órgano, al cual provoca constantemente quien sabe por qué razones. Quizá para que pierda credibilidad.
Y hay personas que se preguntan: ¿Por qué el presidente López Obrador la trae en contra del Instituto, si es el mismo árbitro que organizó la elección del 2018 cuando él ganó de manera contundente e inobjetable?
En fin, volviendo al tema. Por incumplir la prohibición de realizar propaganda de gobierno y/o electoral, la Comisión de Quejas y Denuncias resolvió justificado y oportuno ordenarle al mandatario nacional que cumpla.
Y lo apercibió “que, de no hacerlo, se le impondrá como medida de apremio una amonestación pública”.
Uy, ¿obedecerá? Debería hacerlo, y así poner el ejemplo del respeto a la ley y a las instituciones. Sin embargo, es tanto como pedirle un suspiro al viento.
Quizá, por el contrario, la amonestación pública le sirva a él y a Morena para victimizarse con fines electoreros.
CONSUMMATUM EST
Este vienes, 262 diputados y diputadas federales consumaron la más grave violación a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al aprobar la llamada “Ley Zaldívar” ampliando el periodo al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación mediante un artículo transitorio a una ley secundaria.
Veremos qué viene, empezando por conocer si algún partido político se atreve a presentar una acción de inconstitucionalidad, la cual tendría que resolver la propia Corte que precisamente preside el ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea.
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