Reza un principio de derecho que “nadie está obligado a lo imposible”. Y si el órgano competente negó, omitió o no quiso otorgar recursos al Instituto Nacional Electoral (INE) para la “consulta popular” solicitada por el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, entonces técnicamente la autoridad electoral está imposibilitada para realizarla.
Para la consulta el INE puede usar material electoral que empleará en las elecciones de junio próximo, como por ejemplo urnas y mamparas. Y con eso haría un pequeño ahorro. De hecho el Instituto viene utilizando material reciclado de este tipo, porque desde el inicio de la era de la “4T” ha sufrido recortes a su presupuesto.
No obstante además del uso de algún material reciclado, se necesita otro como crayones y tinta indeleble. Quizá no sea recomendable utilizar lo mismo de la próxima jornada electoral, pues quien asegura que ningún representante partidista guarde a propósito algunos botes de tinta o crayones de la casilla donde fungió como tal.
Precisamente con el ánimo de utilizarla con fines aviesos en la jornada de la consulta popular, a celebrarse el primer domingo de agosto próximo.
Además, para poder llevar a cabo la consulta en INE necesita documentación electoral: Papeletas, actas de la jornada correspondiente y de escrutinio y cómputo, formatos de paquetes electorales, entre otros.
También necesitará volver a visitar a ciudadanas y ciudadanos para convencerlos de actuar como funcionarios de las mesas receptoras de las papeletas marcadas.
Y todavía falta el mobiliario para montar las mesas o casillas, el apoyo para los alimentos a los funcionarios de las mismas, el sueldo de los asistentes electorales (si es que los hay), etc., etc. Ah, y entre otras necesidades importantes, se encuentran todos los productos para garantizar la protección anti Covid-19: Gel, cubrebocas, caretas, sanitizantes.
Para nada se trata de un trabajo sencillo y barato; ni fácil, como pudieran suponerlo o pensarlo personajes de la “Cuarta Transformación”.
Sin embargo, no autorizaron presupuesto al INE, lo cual hasta supone tratarse de una trampa para provocar a consejeras y consejeros electorales del Consejo General, para desacreditarlos, para acusarlos de oponerse a la democracia participativa.
Un justificación para que Morena y aliados argumenten la necesidad de desaparecer al INE y hasta de enjuiciar políticamente a consejeras y consejeros, principalmente a Ciro Murayama y al consejero presidente Lorenzo Córdova Vianello.
Con las ganas que les traen tras sancionar a Félix Salgado y Raúl Morón con la cancelación de la candidatura a la gubernatura de los estados de Guerrero y Michoacán, respectivamente; y con la aprobación del acuerdo para evitar la sobre-representación en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.
Y vaya, el Instituto ha hecho lo que ha podido con el poco presupuesto con el cual cuenta. En tiempo y forma inició con la primera etapa del proceso para la consulta popular, pero no puede avanzar en la preparación de la misma porque poco o nada de puede hacer.
Con el actual Gobierno Federal, al INE le pasa lo que a la Bartola cuando en la canción le dicen: “Oye Bartola, hay te dejo estos dos pesos; de ahí pagas el teléfono y la luz (y veinte mil cosas más), y de lo que sobre me compras mi alipus”. Algo así.
Y como decíamos en ocasión pasada, esta consulta popular es totalmente banal. La pregunta ni siquiera tiene claridad sobre el propósito de la misma…más bien, sobre el propósito del presidente López Obrador de enjuiciar a sus antecesores Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox Quesada y Enrique Peña Nieto.
Ja. Si el mandatario quisiera, hubiese bastado con presentar una denuncia penal en contra de los ex presidentes por los delitos de los cuales tenga pruebas la 4T.
Sin embargo, el último de los ex mandatarios anda del tingo al tango sin temor alguno de ser apresado en cualquier momento, o por que no cometió ningún delito o porque pactó.
Además la pregunta hasta carece de lógica. ¿Recuerdan? Es la siguiente:
“¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?”.
Por supuesto que todo mundo puede estar de acuerdo. ¿Pero qué decisiones políticas? ¿Y qué actores? Además, el pasado es ayer mismo.
En fin.
Correo: [email protected]
