Sara y Elizabeth Uruchurtu Cruz tienen razón en exigir la aparición con vida de su hermana Claudia y, en consecuencia, la justicia correspondiente por la presumible desaparición forzada de la activista, ocurrida desde el 26 de marzo del año en curso en Asunción Nochixtlán, municipio de la mixteca oaxaqueña.
Pero la familia de Lizbeth Victoria Huerta también tiene razón en exigir diligencias judiciales apegadas a derechos humanos, así como en argumentar la inocencia de ella, a quien alguien señala como presunta culpable junto con otras dos personas de tal hecho.
Nadie en su sano juicio quisiera estar ni en lo zapatos de la activista desaparecida, ni en los zapatos de la joven presidenta municipal y candidata en reelección, ni de los familiares de ninguna de las partes en este escabroso caso que parece salido de un cuento de terror.
Claudia desapareció tras una manifestación en contra de la alcaldesa y la última vez que se le vio fue en los corredores del Palacio Municipal; dicen que se la llevaron a bordo de una camioneta roja.
Pero ¿esa es la verdad? ¿Las autoridades competentes ya la conocen a ciencia cierta, sin temor a cometer una injusticia sobre otra injusticia?
En diversos comunicados, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, a cargo de Arturo Peimbert Calvo, ha afirmado realizar de manera exhaustiva la investigación desde la presentación de la denuncia de la desaparición de Claudia, cuya búsqueda y localización es prioridad en la indagatoria.
Según una cronología de la propia Fiscalía, el 29 de marzo recibe la denuncia; los días 3 y 4 de abril hubo un operativo de búsqueda en parajes de San Pedro Coxcaltepec Cántaros; luego 15, 16 y 17 de abril se puso en marcha un plan de búsqueda en puntos de San Pedro Coxcaltepec y en la localidad de San Pedro Quilitongo; y el 7 de mayo fue ejecutada orden de aprehensión contra tres personas señaladas como probables responsables de este delito de lesa humanidad: Lizbeth Victoria Huerta y dos hombres identificados como J. R. M. M. y J. A. H. M.
Además de las dependencias estatales, colaboran en la indagatoria la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del gobierno federal a través de la Coordinación Nacional Antisecuestro (CONASE); la Secretaría de Gobernación (SEGOB) vía la subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración, y la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB).
Pregunta: ¿Sin la intervención de las instancias federales la Fiscalía General de Oaxaca habría actuado tan rápido? Además, en el caso de la desaparición de la activista hay una fuerte presión internacional, pues sus hermanas de nacionalidad méxico-británico solicitaron ayuda a la ONU, a Amnistía Internacional y al primer ministro del Reino Unido.
En fin, independientemente de la culpabilidad o inocencia de la Lizbeth Victoria Huerta, el caso parece estar envuelto en una maraña más allá de las fronteras de la justicia.
Y nadie mejor que el Fiscal Peimbert Calvo para investigar el caso, pues conoce la realidad social y política de Asunción Nochixtlán, municipio donde en 2016 ocurrió el enfrentamiento entre policías y maestros (y militantes de organizaciones sociales) cuando los uniformados intentaron el desalojo de éstos que mantenían bloqueada la carretera.
Entonces, Peimbert Calvo fungía como Defensor de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) y prácticamente se acuarteló en dicho municipio; en 2019, por conclusión de su periodo, es relevado en la Defensoría por Bernardo Rodríguez Alamilla electo por el Congreso del Estado.
En 2016 en Asunción Nochixlán gobernada el PRI, pero como resultado de las elecciones de ese año, para el siguiente trienio el ayuntamiento quedó en el entonces partido local Social Demócrata (PSD).
Luego, en los comicios de 2018 gana Lizbeth Victoria Huerta, quien se asumió como morenista, pero de acuerdo a la página del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO) encabezó una planilla registrada por el PT aunque postulada por la coalición entre este partido con Morena y el PES. Su suplente es Ángela Raquel Santiago León.
Para las elecciones de junio próximo, Morena registró a la joven presidenta municipal para reelegirse en el cargo, llevando como suplente a Matilde Vázquez Sandoval. Tras la detención de Lizbeth, Morena-Oaxaca emitió un escueto comunicado, en el cual adelanta que respetará el resultado de las investigaciones, pide a las fuerzas políticas evitar hacer uso faccioso del caso en las campañas electorales y que la Comisión Nacional de Elecciones es el órgano facultado para determinar si se sostiene el registro de la inculpada como candidata.
Su padrino político, podría decirse, Salomón Jara Cruz dio RT al comunicado de Morena-Oaxaca como su postura sobre el caso de Lizbeth Victoria. Y hasta ahí. ¿Por qué? El senador y aspirante a la candidatura de Morena a la gubernatura de Oaxaca a disputarse el próximo año, prácticamente dejó sola a la munícipe y candidata.
Incluso antes de que el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en su mañanera, se pronunciara por esclarecer los hechos y se haga justicia sea quien sea porque no llegaron “para eternizar la corrupción”.
Toda la maraña empezó cuando habitantes de Asunción Nochixtlán y defensores de derechos humanos protestaron frente al palacio municipal por la detención arbitraria del señor Alfonso Avendaño, quien había ido a cobrar un material de ferretería. Y tras la manifestación, la activista desapareció porque alguien se la llevó.
¿Fue esa protesta el motivo real de la desaparición de la activista (quien ya había denunciado a la alcaldesa por corrupción)? ¿Quién o quiénes se la llevaron? ¿Desaparecer a la activista en realidad fue una orden de la presidenta municipal? ¿O quién dio la orden?
La autoridad competente resolverá este jueves la situación jurídica de la presunta culpable. La investigación sobre el caso, quizá sea el hilo de una gruesa madeja, resulte culpable o no la alcaldesa.
En fin, como reza el principio del derecho penal: “Nadie es culpable hasta que se demuestre lo contrario”.
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