José María Méndez
Primero. En las elecciones generales, abolir la provincia como obsoleto distrito electoral. En su lugar establecer un único distrito, que cubra todo el territorio nacional. El recuento y suma de los votos sería mucho más rápido. Se podría reducir el número de diputados y senadores. Y sobre todo, no tendríamos veinte partidos políticos, sino tres o cuatro.
Segundo. Exigir el 5% de votos válidos a nivel nacional para para obtener representación en el Congreso o en el Senado. Con esta medida, y la anterior, se evitaría que un partido como Teruel existe, con un solo diputado, estuviera en el Parlamento nacional. Su lugar es el Parlamento de Aragón. Y los partidos catalanes y vascos serían redimensionados a la objetiva importancia que tienen dentro del conjunto de España.
Tercero. El partido que obtenga más votos adquiere el derecho a constituir inmediatamente un gobierno estable, aunque sea en minoría. Se evitarían así las largas negociaciones buscando la mayoría para formar gobierno, que ahora dejan en suspenso la responsabilidad efectiva del interés general, a veces durante muchos meses. Y luego, según sea el caso, se negociarán las diferentes mayorías requeridas para los diferentes textos legales, o bien se pacta una mayoría estable.
Cuarto. Ganar una moción de censura obligaría a convocar elecciones generales en dos meses. Se evitaría así la estafa a la ciudadanía que supone un gobierno que no pasa por las urnas.
Quinto. Los partidos son financiados únicamente por sus militantes y simpatizantes. Prohibido destinar dinero público para este fin. Sólo se consienten donaciones de personas físicas, y probando que se hacen con cargo al patrimonio exclusivo del donante. Las donaciones de personas jurídicas quedan prohibidas. Y el mismo criterio para todo tipo de regalos. La persona física que hace un regalo a un partido debe justificar que proviene de su propio patrimonio personal. Y en ningún caso las personas jurídicas pueden hacer regalos a los partidos políticos.. Que los partidos políticos manejen menos dinero es muy conveniente para todos. Pero será especialmente saludable para los que hacen de la política su modus vivendi. Tendrán menos tentaciones.
Sexto. Exigencia de plena democracia interna en los partidos políticos. Todos los altos cargos sólo pueden ser nombrados por elección. Y con la debida publicidad. Cada tres años sería obligatorio un Congreso Nacional en cada uno de los partidos. La desgracia mayor de la democracia española desde 1978 ha sido el desastroso nombramiento a dedo de Rajoy por Aznar.
Séptimo. Suprimir de raíz la intervención de los partidos políticos en el Consejo General del Poder Judicial. Todos sus miembros serían elegidos por los jueces y magistrados en ejercicio. Debiera darse alguna participación a los Colegios de abogados y procuradores. A los jueces y magistrados que hagan públicas sus preferencias políticas, se les computará esa conducta como un dato negativo en los ascensos dentro de la carrera judicial.
Octavo. El Tribunal Constitucional dictamina y juzga únicamente sobre textos, leyes o disposiciones dadas por las diferentes autoridades. No juzga a personas, ni físicas ni jurídicas. Es absurdo que el TC haya decidido si Toni Cantó podía o no presentarse a unas elecciones en Madrid. Salvando las distancias, se trata de algo tan fuera de lugar en verdadera democracia como el nombramiento de Rajoy por Aznar.
Noveno. Los miembros del Tribunal Constitucional serían nombrados por el Rey. Y con carácter vitalicio, como en el Tribunal Supremo de USA. Reforzar el poder del Rey y del Tribunal Constitucional sería una garantía de estabilidad institucional para toda la sociedad española.
Décimo. Todo diputado o senador, una vez elegido, representa al conjunto del pueblo español, en el cual radica la soberanía. Está más obligado respecto a toda la ciudadanía que respecto al partido que le puso en la lista electoral. Esto es bien claro, si hay un único distrito electoral. Por tanto, es libre para poner su propio criterio por encima de la orden que reciba de su partido, si es el caso. Lo ordinario será que esa oposición de criterios no surja. Pero si surge, debe estar garantizado el derecho de cualquier diputado o senador a votar en contra de lo que le indique la dirección de su partido.
Presidente de la Asociación Estudios de Axiología de España
Publicado originalmente en elimparcial.es
