La estrategia de seguridad pública del gobierno del presidente Peña Nieto se encontró con la misma piedra que hizo tropezar a la estrategia del presidente Calderón: la falta de compromiso de gobiernos estatales y municipales en la reorganización de sus policías.
La acción federal se ha centrado en la persecución de cabecillas de los cárteles y en enfrentamientos con bandas armadas, además de ir desmontando a organizaciones de secuestradores y extorsionadores. Pero una vez limpiada alguna zona, los estados y municipios carecen de fuerzas propias de seguridad para hacerse cargo de la vigilancia.
En el actual sexenio, la situación recorre un camino similar a lo comentado en los párrafos anteriores.
El tema es de seguridad interior. Existen zonas de la república donde el poder está en manos de organizaciones criminales porque las policías están contaminadas o no salen a combatir criminales. El sistema nacional de seguridad pública –que pudiera ser considerado como el sistema nervioso de la república– sólo tiene la posibilidad de funcionar en las fuerzas federales.
La extorsión y el secuestro, que son delitos de fuero común y de espacios locales muy localizados, son el ejemplo del fracaso de las autoridades estatales y municipales. La estrategia del gobierno federal en el gobierno de Peña Nieto no alcanzará para resolver el problema local, ni siquiera con la existencia de la gendarmería.
La seguridad pública se convierte en un asunto de seguridad interior cuando pone en riesgo la soberanía del Estado sobre el territorio; sería una de las expresiones internas de acción de grupos en contra de la unidad de la república. Pero desde que el problema del narcotráfico estalló allá por los ochenta, gobernadores y alcaldes se justificaron con los argumentos de que eran delitos de fuero federal y que la responsabilidad recaía entonces en la Procuraduría General de la República. Sin embargo, en los años posteriores el crimen organizado se encontró que la fuerza federal carecía de cobertura y se dedicaba sólo a perseguir capos y que las autoridades locales eran fáciles de corromper.
Entre que se descubrió la presencia local de cárteles y los gobiernos estatales se desentendieron del problema, la república entró en una especie de vacío de poder. La ofensiva del gobierno de Calderón se encontró con la pasividad de las autoridades locales y la tardanza para certificar sus policías. Ahora el gobierno de Peña Nieto encara exactamente el mismo problema: la falta de compromiso de corto plazo, con cronograma explícito, para crear policías locales para enfrentar con decisión a la delincuencia.
Lo que está en riesgo no es el espacio político sino la soberanía del Estado. Lo que los críticos de la ofensiva contra el crimen organizado no han entendido es el hecho de que la disputa por las plazas es de economía cero: lo que pierde un sector lo gana el otro; el repliegue de las fuerzas federales de seguridad se convierte automáticamente en recuperación de la plaza por los delincuentes.
La estrategia de seguridad, en este contexto, se convierte en un asunto de soberanía del Estado. Por ello el plan del gobierno de Peña Nieto debería aumentar las presiones institucionales para que gobernadores y alcaldes se hagan cargo de sus espacios de movilidad local. Y para ello necesitan barrer los establos locales del poder que fueron contaminados por la corrupción de la delincuencia.
