“Lo superfluo ha llegado a ser tan necesario,
que para obtenerlo hay muchos
que tratan a lo necesario de superfluo”. VOLTAIRE
Toda política pública tiene tres elementos fundamentales (1) la predicción: siempre se tiene un futuro deseado como referente al tratar de acercarse -mediante medidas administrativas- a un ideal de sociedad en cualquiera de los campos. (2) la decisión: formular políticas no es otra cosa que decidir y es necesario saber cómo se decide, quién (es) ejerce(n) influencia, qué elementos utilizan, etc. Decidir, a su vez, implica escoger entre dos o más alternativas: cuando no hay sino una sola, no hay decisión ya que la decisión involucra racionalidad y voluntad. (3) la acción: mientras no exista, se está frente a un discurso, frente a una intención. Lo que caracteriza a la política, es el hecho de que ésta se ejecuta, se materializa y se concreta en acciones. La “predicción” (que tiene que ver con la prospectiva) y la “acción” (que se representa en la puesta en marcha o implementación) se concretan en la “decisión” y en ella hay 4 círculos:
(1) Por el cual transitan sin excepción todas las decisiones. Compuesto por el Presidente de la República (con su “entorno”, es decir su Gabinete y, especialmente, el secretario general de la Presidencia) el Primer ministro (con su gabinete y la Secretaría general del Gobierno) y el ministro de Hacienda (su gabinete y el estado mayor de las más importantes Direcciones). Es donde se realiza la interfaz entre la dimensión administrativa de la decisión y la dimensión política. Las estrategias partidistas se atropellan contra las exigencias de la regulación y estas últimas están tamizadas por las finalidades políticas. Allí se debe asegurar (a veces con dificultades) la coherencia de las diferentes políticas públicas.
(2) El conjunto de las administraciones sectoriales (o al menos de sus estados mayores) que intervienen cuando su sector esta implicado. Estas defienden y promueven intereses sectoriales y sus estrategias consisten en superponer estos intereses sectoriales sobre las exigencias globales y cuando juegan un papel importante los estudios de prospectiva para que las administraciones aumenten su capacidad de influencia.
(3) El de los socios externos al Estado: sindicalistas, gremios, asociaciones, empresas públicas y privadas. Hay que preguntarse, hasta qué punto estos actores ejercen funciones estratégicas en campos como la política industrial, la energética o de las telecomunicaciones.
(4) el conjunto de los órganos políticos (el Parlamento) y jurisdiccionales (Consejo Constitucional, el Consejo de Estado y la Contralorías) que pueden intervenir en la decisión. Su papel es limitado (el Parlamento interviene al final y modifica sólo marginalmente la decisión) o decisivo (cuando “le devuelve su texto” al Gobierno). Depende de la configuración del campo de fuerzas que moldea el medio decisional central. Así son los límites -borrosos y jerarquizados- de este medio conformado por organizaciones y por redes interindividuales. Para el representante de una asociación o los políticos, el acceso a los círculos de la decisión es un recurso político fundamental que muestra su capacidad para influir sobre la decisión y el ideal es aproximarse lo más posible al primer círculo, aunque el acceso a los otros círculos, también puede representar ventajas importantes.
Esta manera de considerar las políticas públicas es diferente a la forma como lo conciben algunos expertos en derecho y abogados para quienes las políticas públicas equivalen a normas, leyes, reglamentos, códigos, pero éstos son sólo una parte que corresponden a la formalización de ella. Además, no todas las políticas necesitan el mismo tipo de normatividad (acuerdo, reglamentación, ley). La ley es la formalización y perfeccionamiento de una decisión ya tomada. Tampoco es lo que piensan ciertos economistas al creer que la política pública corresponde únicamente a la política económica. Esta es sólo un tipo de política pública tal y como pueden ser la política social, la ambiental, la tecnología, la industrial…
Una política pública es un curso de acción que involucra la omisión voluntaria. Cuando un se “impulsa” un proyecto de ley se está decidiendo y ese es el curso de acción escogido que tiene un blanco u objetivo movible y no es algo que se pueda observar, tocar o sentir y se debe entender como una serie de intentos concretados en acciones y comportamientos de varias agencias, institutos, organismos y agentes gubernamentales, comprometidos en procesos decisorios que trascienden en el tiempo. De ahí que una política es mucho más que las leyes, decretos, reglamentos y demás instrumentos formales de que dispone un gobierno –tanto a nivel ejecutivo como a nivel legislativo- para llevar adelante un curso de acción. Por eso, bien decía el candidato a su asesor de Politing: luego de ganar su quinta re-elección: “todo llega tarde…hasta la muerte”.
