La política de género en los últimos casi tres años se ha visto trastocada por la mirada de la administración federal que no la considera prioritaria. Ello ha significado, como sabemos, una reducción sistemática de los presupuestos para acciones como la violencia, la igualdad y la protección a víctimas. Pero no solamente eso, sino el abandono a lo que conocemos como mecanismos para el adelanto de las mujeres: institutos o secretarías de las mujeres estatales y municipales.
No es nuevo que esas instancias —creadas para dirigir y vigilar la aplicación de la política de género en los tres niveles de gobierno— hayan visto mermada su posición. El mecanismo federal, por ejemplo, el Instituto Nacional de las Mujeres, perdió hasta el 75 por ciento de sus recursos en 2020, y en 2019 cerró un importante programa llamado Proequidad, que trasladaba recursos a organizaciones civiles, pequeñas, pero de gran impacto en regiones apartadas, pobres, indígenas o campesinas.
Las instancias estatales y municipales, nunca apoyadas realmente por los gobiernos locales, han sobrevivido a duras penas. Con los cambios de los últimos dos años y medio, han perdido presencia política y recursos. Es decir, están, en algunos casos, sin dirección ni apoyo para, por ejemplo, ser la puerta de entrada a la prevención de la violencia o la atención al embarazo en adolescentes que en México es muy preocupante.
Hoy me parece perturbador e inquietante que se esté prefigurando una política que significaría, en la práctica, su desmantelamiento. Pero igual futuro parece anunciarse para instancias autónomas de atención a víctimas o para capacitación; incluso, para programas o instituciones de promoción de la salud de las mujeres más pobres.
Y ¿Por qué lo digo?
La semana pasada en Guerrero, Félix Salgado Macedonio, el padre de la gobernadora electa, Evelyn Salgado Pineda, inopinadamente anunció que desaparecerán las paraestatales y los organismos descentralizados en esa entidad; entre ellos, la Comisión de Víctimas y la Escuela de Parteras Tradicionales, incluido el Sistema Estatal de Radio y Televisión. Suplantando a la gobernadora electa —cosa que todo mundo sabe y lamenta—, Salgado Macedonio adelantó que el personal de esas instancias será reubicado.
Preocupa el anuncio porque impactará numerosos programas creados alrededor de la declaración de dos Alertas de Violencia de Género contra las Mujeres en Guerrero. Son programas que operan administrativamente como “paraestatales” u “organismos autónomos”, en coordinación con organizaciones de mujeres de la sociedad civil.
Semejante política se sigue en otros gobiernos morenistas. Eso ya impactó a instancias municipales, como en Veracruz o Chiapas. Hay informes de escases de recursos y cambio de políticas específicas para las mujeres.
Ahora tenemos que sumar a todo ello —con razones fundadas— la inquietante directriz que dio el presidente Andrés Manuel López Obrador, apenas el jueves pasado, a las y los gobernadores electos de las once entidades donde ganó Morena las gubernaturas.
Les dijo el presidente, claramente, que en cuanto se hagan cargo de esos gobiernos deberán aportar el 50 por ciento de los recursos estatales para ampliar el número de beneficiarios en pensiones y becas. Vaciar sus haciendas para los programas prioritarios del presidente de la República es un anuncio fatal para la ya pobre y débil política de igualdad y género en los estados de la República. Veremos.
Periodista, directora el portal informativo SemMéxico.mx
