El próximo domingo 1 de agosto de 2021, se realizará el primer ejercicio de Consulta Popular en nuestro país. Es un ejercicio inédito, el cual confronta lo que ha sido la democracia procedimental -enfocada sólo en el perfeccionamiento del procedimiento electoral que garantiza el voto libre y secreto para la designación de representantes en elecciones periódicas e ininterrumpidas- versus la democracia decisional, -esa que busca involucrar al ciudadano en la toma de decisiones del poder político, en situaciones trascendentales y de interés nacional-. La democracia procedimiental es una realidad, la decisional es una aspiración. A una hemos llegado producto de un largo camino de reformas electorales que han posibilitado el cambio político, a la otra, apenas si la encontramos en algunos esfuerzos básicos, como la ley de condóminos, las leyes de presupuestos participativos y, desde 2014 en la ley federal de consulta popular.
Sin embargo, el primer ejercicio de Consulta Popular que tendremos, luego de 7 años de que la ley se aprobara, resultado del Pacto por México peñanietista, será todo menos una oportunidad para abrirle paso a la democracia decisional. La consulta se ha convertido en un instrumento de estratagema político y no en un proceso de deliberación pública nacional, es posiblemente, un punto de quiebre más que un avance nacional en materia de participación política. Pero lo que quizá es más grave, es que la Consulta Popular puede ser el detonador potencial para transformar las instituciones electorales en México, una suerte de un Waterloo para el Instituto Nacional Electoral. Y que, al igual que aquella que vivió Napoleón en 1815, sea una derrota multifactorial, intempestiva, no avizorada pero claramente orquestada por el otro frente militar. Será una batalla que quizá marque el inicio del agotamiento del modelo de sistema de elecciones tal y como lo tenemos actualmente y, paradójicamente, sea por la organización de una consulta y no de una elección. Existen al menos cinco temas que están generando las tensiones necesarias para perfilar un escenario de ese tipo. Me explico.
El resultado vinculante. En la Ley se establece que cuando la participación total corresponda, al menos, al 40% de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores (sin importar sí la mayoría vota por el Sí o por el No), el resultado será vinculatorio para los Poderes Ejecutivo y Legislativo federales y para las autoridades competentes. Este 40% en términos brutos de acuerdo a listado nominal que es de 93.5 millones de electores requeriría la participación de 37.5 millones de personas. Para dimensionar este esfuerzo, y entender que prácticamente es nula la posibilidad de alcanzar ese 40% y por ende vincular el resultado a una acción política y en este caso, judicial, es que en la elección federal del 2021 participaron cerca de 49.1 millones de personas inscritas en la lista nominal, solo 14% más de lo que pide la ley de consulta para que ésta sea vinculante. ¿Cómo se logrará que la ciudadanía asista a participar casi con la misma afluencia que en una elección federal, cuando para el caso de la consulta, no habrá candidatos, partidos, proyectos políticos en disputa, debates, amplia difusión de spots de partidos y de la autoridad electoral? Si la pregunta además es un galimatías, completamente compleja, lograr esa participación es prácticamente imposible.
La instalación de las mesas receptoras. Los números en la logística organizativa de la consulta contrastan abismalmente con el resultado ansiado del 40% de la participación por los promoventes de la consulta. El 2021 se instalaron 162,570 casillas, ahora, para la consulta el número de mesas receptoras para depositar la opinión será 57,907. Los ciudadanos que participarán como voluntarios para recibir la votación en la consulta asciende a 285,575 mientras que en la pasada elección fueron 944,010. Los capacitadores asistentes electorales que en 2021 capacitaron a la ciudadanía que contó los votos de sus vecinas y vecinos fue más de 48 mil, mientras que en la consulta los instructores asistentes serán de alrededor de 9,630. El déficit logístico está directamente relacionado con el tamaño de los presupuestos que se ejercen, por ejemplo, la consulta costará 520 millones de pesos mientras que la organización del proceso electoral de hace unos meses, descontando las prerrogativas de los partidos, fue de 7,800 millones de pesos. Al revisar los números llanamente se advierte que todo está dispuesto para evidenciar una autoridad electoral parcial, que ha obstaculizado el desarrollo pleno de ese ejercicio democrático, cuando la mayoría de los procesos están condicionados en términos presupuestales, de tiempo o definidos así, en la normatividad vigente.
La difusión. El 15 de julio, de acuerdo a lo que la normatividad indica, el INE inició a través de los tiempos oficiales en radio y televisión, así como en otros espacios digitales, la difusión de la Consulta Popular. Asimismo, durante este periodo se ha suspendido la propaganda gubernamental. La presión que existe para implementar una amplia estrategia de difusión y así lograr una nutrida participación ha sido la constante por parte de los promoventes de la consulta, sin embargo, los tiempos para realizar la difusión son un mandato legal que el INE debe acatar, en el cuál sólo se estipuló que serían 15 días de difusión y eso genera tensión acusando a la autoridad electoral de omisa al respecto. En los hechos, el INE difundirá en televisión y radio 377, 606 impactos publicitarios, en más de 3,400 emisoras concesionadas del país, ha pautado inserciones publicitarias en prensa y exteriores, se han pautado materiales e información en el circuito digital, se habilitó un micrositio, se desarrolló una app y se convocaron a 335 “Jornadas de Diálogo” para difundir la consulta, de las cuales, tres nacionales, 32 estatales y 300 distritales. No será suficiente, aún con todo ese esfuerzo comunicativo, el ansiado 40% de participación es prácticamente imposible de lograr, y aún no siendo responsabilidad directa de la autoridad electoral, en el escenario post consulta, lo será. Al menos en la narrativa gubernamental.
La pregunta. La pregunta es en exceso compleja, inteligible, conlleva una negación implícita en su propia redacción y pide como respuesta un SÍ o un NO, una doble negación podría interpretarse por algunos consultados como un sí; la pregunta, además, potencia múltiples interpretaciones de tiempo y de los sujetos a los cuales aplicaría; por si no fuera poco, la pregunta ha caído en un debate complejo y desordenado sobre si el objeto de la consulta se debe preguntar o simplemente la ley se debe aplicar. Sin importar que la Ley de Consulta Popular se establece que la pregunta que se proponga para la consulta deberá ser elaborada sin contenidos tendenciosos o juicios de valor y formulada de tal manera que produzca una respuesta categórica en sentido positivo o negativo, esto no ha sido resuelto con la redacción elaborada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y ha enrarecido aún más la implementación de este ejercicio de participación directa.
La participación de la gente. La consulta enfrentará un alto nivel de polarización social, incentivado por varias fuerzas políticas que disputan el control político del Estado mexicano, o lo que queda de él. Aunado a ello, la ciudadanía interesada en participar en procesos electorales o entusiasta de la democracia decisional, tendrá para sí, en los siguientes días, y hasta el mismo domingo, un dilema hamletiano: si decide participar, puede optar por el “Sí” a la pregunta consultada, lo cual la “etiqueta” como una hacedora del juego de los promoventes, será sujeta a críticas, porque para otro grueso de la población, la justicia no se consulta, se aplica. Si opta por el “No”, entonces el dilema es opinar que no se lleven a cabo acciones pertinentes, para emprender un proceso de esclarecimiento encaminado a garantizar justicia. Si decide ir, y no votar por el “No”, ni por el “Sí”, sino anular o abstenerse, entonces le está dando la espalda al inédito mecanismo de democracia directa en México. Por último, si decide no ir, y no participar, entonces se le cuestionará que le está haciendo “el caldo gordo a las mafias del poder” que presuntamente han cometido actos ilícitos y al no participar, se les está justificando a los mismos. En ninguno de los escenarios habrá comodidad y respeto para la ciudadanía que quiera o no ejercer su derecho.
En historiografía básica, se sabe que la derrota en Waterloo significó el principio del fin del Imperio napoleónico francés y, por ende, la reconfiguración de un nuevo mapa europeo en los siguientes años. La batalla fue a todas luces una suma de errores estratégicos por parte del ejército francés, y una apuesta importante por parte del bando contrario por propiciar dicha derrota. Si bien el símil no puede aplicar completamente para el problema aquí planteado, sí se advierte que en el escenario hay un montón de cabos sueltos, causales no definidas y una apuesta a una estrategia post consulta popular, muy definida.
Habrá una serie de evaluaciones y de rendición de cuentas obligada después del l de agosto. Se pondrá a debate público, liderado desde el poder y los promoventes, la evaluación y razones por las cuales ganó el “Sí” o el “No”, se evaluará también, el mecanismo de participación, la pregunta, el porcentaje obtenido para que la misma sea vinculante, además de la capacidad del INE para organizar, difundir y convocar una consulta descafeinada por la Suprema Corte. Se convertirá entonces en una elección sin campañas, ni candidatos ni con los mismos presupuestos, ni la misma logística pero sí cuestionada por no obtener el mismo resultado en cuanto a participación ciudadana.
Después de la consulta, la narrativa presidencial tendrá el pretexto ideal para continuar instigando al INE, el resultado ya no importará, pero sí la movilización de la gente y la politización de los “fallos”. El éxito del 40% de participación sería solo suyo, pero al no lograr el carácter vinculante, la retórica del “fraude” será el aderezo de muchas de las decisiones políticas e iniciativas de ley que se planteen en la nueva legislatura. La consulta parece perfilarse como el Waterloo del INE, se erosionará aún más su prestigio institucional, regresará el asedio y la persecución presidencial, acompañada, como ha solido ser, por un lenguaje violento y peyorativo. La apuesta, como sucedió después de Waterloo, será la restauración del antiguo régimen.
El autor es doctor en ciencia política y profesor en el Centro de Estudios Políticos de la Universidad Nacional Autónoma de México -UNAM-.
