Una de las principales causas de pérdida del registro de los partidos políticos es la siguiente: No obtener por lo menos el 3% de la votación válida emitida en alguna de las elecciones federales tratándose de partidos políticos nacionales, o en alguna de las elecciones locales tratándose de partidos políticos estatales.
Pero no es la única causa; la Ley General de Partidos Políticos enuncia más: No participar en un proceso electoral ordinario; dejar de cumplir los requisitos para obtener el registro; incumplir de manera grave y sistemática sus obligaciones; disolverse por acuerdo de sus miembros conforme a sus estatutos, y haberse fusionado con otro partido.
Y tres de las más importantes obligaciones son: Cumplir las reglas de fiscalización, incluyendo el origen y destino del financiamiento; mantener el mínimo de militantes para su constitución y registro; y erradicar la violencia política en razón de género.
Sin embargo, no se ha visto que algún partido político haya perdido el registro por falta de la membresía mínima. Porque aún cuando el Instituto Nacional Electoral (INE) revisa los padrones de afiliados, los partidos recurren a prácticas fraudulentas para hacer parecer que sí mantienen la afiliación legal.
En relación a dicha obligación a lo más que ha llegado la autoridad administrativa electoral es la imposición de multas millonarias a diversos partidos por “infringir las disposiciones electorales de libre afiliación de ciudadanos”; es decir, por hacer afiliaciones indebidas. Entonces, ¿se presume la existencia de membresías infladas?
Y en materia de fiscalización, el INE se han limitado a amonestarlos, a imponerles multas y si mucho a suspenderles parte del tiempo de radio y televisión. Ahí están los más recientes casos de los partidos Movimiento Ciudadano (MC) y Verde Ecologista de México (PVEM).
Al Verde lo sancionó con una multa de 40 millones 933 mil 568 pesos y con la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral por el periodo de un año, a partir del mes de agosto, por la campaña publicitaria a través de 104 influencers el día de la jornada electoral del pasado seis de julio.
Y a MC lo multó con más de 83 millones de pesos por beneficiarse de aportaciones en especie a través de publicaciones en redes sociales (aparte está la sanción al ahora gobernador electo de Nuevo León, Samuel García).
En fin que al resolver 491 quejas y procedimientos sancionadores, el Consejo General del INE determinó sanciones por un monto global de 129.8 millones de pesos a los partidos políticos y sus candidaturas por diversas conductas indebidas en materia de fiscalización.
Y al concluir la fiscalización del Proceso Electoral Federal y los 32 locales concurrentes 2020-2021, aprobó sanciones por más de 1,203 millones de pesos por diversas irregularidades en que incurrieron los partidos, coaliciones y candidaturas independientes.
En total fueron 60 tipos de irregularidades.
En ocho de esas conductas se concentró el 73.10% de las sanciones impuestas, entre las cuales destacan los egresos no reportados.
Además: Egresos no comprobados, omisión de reportar operaciones en tiempo real, eventos registrados extemporáneamente, ingreso no comprobado o no reportado, reporte sin veracidad, omisión de reporte de gastos por el uso o goce temporal de los inmuebles utilizados como casas de campaña, egreso no reportado de representantes de casilla, reporte de informe distinto, y beneficio indebido entre candidaturas.
Y por si fuera poco, el INE detectó la omisión de partidos políticos para destinar el 40% de sus recursos públicos a las candidaturas de mujeres a nivel local.
HORA DE APLICAR LA SANCIÓN MÁS SEVERA
Y siempre es lo mismo: El Instituto aplica amonestaciones y multas millonarias a los partidos políticos, y a éstos les da lo mismo; vuelven a incurrir en conductas “irregulares”.
No les duelen las multas; primero porque el dinero es financiamiento público, y segundo, porque si les quitan, buscan la manera de allegarse de recursos provenientes quien sabe de donde y que no reportan a la autoridad electoral.
Se necesitan sanciones más severas para inhibir las conductas “irregulares” de los partidos, como bien han reconocido mismos consejeras y consejeros del Consejo General del INE.
Varios partidos políticos ya han caído en irregularidades de manera sistemática.
Entonces, va siendo hora de aplicar la sanción más severa en materia de infracciones: La cancelación del registro como partido político en los casos de graves y reiteradas conductas violatorias de la Constitución y la ley, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y destino de sus recursos, así como las relacionadas con el incumplimiento de las obligaciones para prevenir, atender y erradicar la violencia política contra las mujeres en razón de género.
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