Generalmente, en los procesos electivos existen tres actores electorales: Los partidos políticos, las autoridades electorales y la ciudadanía. Sin embargo, en la realidad social y en la praxis parece haber un dinámico cuarto actor electoral: El crimen organizado.
Quizá entendiendo como crimen organizado no solamente a los grupos que trafican drogas o estupefacientes, sino también a quienes se incrustan en los órganos de gobierno como servidores públicos y se organizan para asaltos en despoblado al erario con fines electorales.
Aunque la Constitución Política hace una elegante separación en las hipótesis de causas de nulidad de una elección. Dice: “Se reciban o utilicen recursos de procedencia ilícita o recursos públicos en las campañas.”
En ambos casos hay ilicitud, ¿no?
Y como dijo Jesús: “¿Qué arroje la primera piedra quién esté libre de culpa?”
Vaya, quien haya tenido el privilegio de obtener una candidatura a cargo de elección popular en cualquier proceso electivo, seguramente recibió y/o pellizcó dinero público para su campaña; incluso, usar el vehículo oficial o disponer de empleados al servicio del Estado, también son recursos públicos.
Esa es una práctica muy recurrente.
La otra quizá empieza a serlo, pero es más difícil de probar. Aunque las personas beneficiarias tal vez lo intuyan cuando su respectivo partido, líder, padrino, jefe político, le hace entrega de cantidades industriales de dinero para la campaña sin referir la fuente ni palabra alguna.
Existen otras causas consideradas igualmente graves, dolosas y determinantes para anular una elección: “Se exceda el gasto de campaña en un cinco por ciento del monto total autorizado; y “se compre o adquiera cobertura informativa o tiempos en radio y televisión, fuera de los supuestos previstos en la ley”.
En fin, podría decirse que la litis principal en la impugnación a la elección del morenista Américo Villareal Anaya como gobernador de Tamaulipas, y el debate político sobre el caso, se centra en la hipótesis de la intervención a su favor de bandas criminales y de servidores públicos durante la campaña electoral. Amén del argumento de violencia generalizada en un municipio de la entidad.
Pero ¿y cómo intervino el crimen organizado?
Ahí está lo difícil.
Resolver la nulidad de una elección, no son enchiladas, máxime cuando las presumibles causas versan en la injerencia del crimen organizado, en la transgresión a los principios de neutralidad e imparcialidad en la contienda electoral, y en violencia generalizada.
Para tener la certeza de que sí hubo acciones de tal naturaleza es indispensable realizar un exhaustivo análisis de las pruebas aportadas; estudiarlas en su conjunto, ordenar diligencias para mejor proveer; razonar; agotar todos los elementos permitidos por la ley.
Así que es complejo ponerse en los zapatos de magistradas y magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) con relación a resolver la impugnación a la elección de Américo Villareal Anaya como gobernador de Tamaulipas.
Y justo en la víspera del cambio del titular del Poder Ejecutivo en dicha entidad federativa: 1º de octubre.
El proyecto de sentencia publicado hace unos días en el portal del TEPJF sobre el caso, se compone de 342 cuartillas; es el SUP-JRC-101/2022. El magistrado ponente, José Luis Vargas Valdez, habrá terminado con dolor de cabeza y con mucha preocupación porque el caso no es nada fácil, ni jurídica ni políticamente.
El ponente concluye que no se acreditan de manera fehaciente la presumible intervención del crimen organizado para favorecer al entonces candidato de la coalición morenista
Lo que sí da por acreditada es la intervención con expresiones a favor de Américo Villareal, de dos servidores públicos, pero considera que no es determinante para anular la elección. Tampoco la violencia en un municipio o distrito.
Así que propone confirmar la validez de la elección del morenista como gobernador de Tamaulipas.
Eso propone. Y puede que en la discusión del proyecto por parte del Pleno de la Sala Superior del TEPJF, la mayoría de personas magistradas voten a favor del proyecto de Vargas Valdez; o, que voten en contra y entonces se anule la elección.
A ver qué pasa.
Lo que sí, ya sea que se vote en un sentido o en otro, a la ciudadanía ya se le clavó la duda sobre la validez de la elección, pero sobre todo sobre el papel que haya jugado el crimen organizado, si es que lo jugó.
También lo que sí, la resolución que dicte el Pleno de la Sala Superior, cualquiera que sea su sentido, puede que impacte en la paz social, en la gobernabilidad, de Tamaulipas.
Correo: [email protected]
