- Del total de sanciones el 91 por ciento corresponden a los partidos con registros nacionales, el 8 por ciento, a partidos políticos locales y el 0.5 por ciento a candidatos independientes.
- INE argumentó que no discute con los actores políticos, discute en la mesa del Consejo General y quien no esté conforme con las resoluciones tiene el legítimo derecho de impugnar.
El Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó los dictámenes de multas a gastos de campaña de las elecciones federales y en las 32 elecciones locales con un monto global de mil 203 millones de pesos, un conjunto de sanciones que suman las multas más elevadas de la historia. De ese monto 210 millones de pesos correspondieron a las elecciones federales y 993 millones de pesos a comicios estatales.
Estas penalizaciones derivaron de la revisión de operaciones por una suma de 11 mil 346 millones de pesos: 5 mil 644 millones de pesos de ingresos y 5 mil 702 millones de pesos de egresos de partidos políticos y candidatos. El consejero Ciro Murayama destacó que del total de sanciones el 91 por ciento corresponden a los partidos con registros nacionales, el 8 por ciento, a partidos políticos locales y el 0.5 por ciento a candidatos independientes.
El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova sostuvo que esta ha sido una de las fiscalizaciones más exhaustivas que se han realizado, alertando que la falta de mayor incidencia en que incurrieron los partidos políticos fue el gasto no reportado. No es un asunto menor, se trata de uno de los rubros más desafiantes para la fiscalización.
Al respecto, la presidenta de la comisión de fiscalización, Adriana Favela destacó que de los 35 mil 558 informes de gastos de campaña que se esperaban de los candidatos, se recibieron 34 mil 969, es decir, hubo cumplimiento del 98.4 por ciento de cumplimiento y sólo 1.6 de incumplimiento.
Mencionó que de los informes se detectaron 274 rebases de topes de casos de campaña de los cuales únicamente 35 correspondieron a candidaturas ganadoras. Asimismo, solamente en cinco casos a nivel local se trata de aspirantes que rebasaron por más del 5 por ciento el tope de gastos de campaña y el margen de victoria fue a inferior al 5 por ciento de diferencia, que son supuestos de ley para su anulación.
Además, estableció que el INE “no discute con los actores políticos, discute en la mesa del Consejo General y después, quien no esté conforme con las resoluciones del INE tiene todo el legítimo derecho de impugnar”.
Lo anterior, tras las críticas del gobernador electo de Nuevo León por las sanción de casi 449 mil pesos que se prevé se le aplique y de 55.4 millones de pesos a Movimiento Ciudadano, por el apoyo de su esposa e influencer, Mariana Rodríguez, en su campaña electoral.
“Creo que en México todo mundo tiene derecho a decir lo que quiera decir y ejercer las acciones legales que tenga que ejercer. Lo demás es entrar en una discusión que no le corresponde al órgano electoral”, subrayó.
Argumentó que “a veces la aplicación de las reglas no gusta, pero está claro lo que establece el Reglamento de Fiscalización. Están muy claras las conductas, está muy claro, por ejemplo, que se establece que las personas con actividad empresarial no pueden hacer aportaciones en especie a las campañas electorales o a los partidos políticos en algún aspecto o en algún ámbito que tiene que ver con la actividad empresarial de que se trata”.
“Es lo que dice el Reglamento de Fiscalización” por lo que “lo que venga le corresponde hacerlo a los tribunales, cada quien puede hacer lo que quiera en el ámbito de las leyes en el país”, concluyó.
