Si como afirman Carlos Loret y El Universal, Rosario Robles busca ya ser “testigo colaborador” de la Fiscalía General de la República, entonces la “Estafa Maestra” sí existió.
Y si este entramado existió, entonces no sólo está en vilo el registro del PRI, el partido -creo- en estos momentos más antiguo del mundo y que se supone fue el destinatario de miles de millones de pesos para varias campañas electorales, sino que estarían ya expidiéndose las órdenes de aprehensión del expresidente Enrique Peña Nieto y su exsecretario de Hacienda y de Relaciones Exteriores, y su cómplice más íntimo, Luis Videgaray así como varios rectores de universidades estatales.
Bueno, eso si Rosario y el fiscal Alejandro Gertz Manero no comienzan a bailar el tango que baila hoy el exdirector de Pemex Emilio Lozoya, y que simplemente no lo ha dejado continuar con las grandes revelaciones que se esperaba iba a darnos a todo México.
No quiero ser aguafiestas, pero a lo mejor Gertz (y quien desde Palacio le habla al oído), le dicen a la señora Robles que no, que gracias, que ya para explicaciones sobre la “Estafa Maestra” tienen a su otro testigo, el “soprano” chiapaneco Emilio Zebadúa.
No nos extrañe que la noticia de que Rosario quiere cenar caliente y dormir en su casa provoque una desbandada en el exilio peñista.
No es para menos.
UNA REFORMA CONSENSUADA
EL Senado inició ayer un Parlamento Abierto, en el que participarán especialistas y miembros de la Suprema Corte, la Judicatura y Tribunales a fin de avanzar en la reforma al Poder Judicial.
Un objetivo central, se indicó, es que la Suprema Corte -como el máximo tribunal constitucional-, deje de ser de élite y que el eje transversal de los cambios se refleje en una justicia expedita y más cercana a la población.
En este arranque, los ponentes, quienes participaron a distancia, en la segunda mesa de análisis denominada “Decisiones Judiciales”, fueron moderados por la senadora Ana Lilia Rivera Rivera, presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda.
Fabiana Estrada Tena, coordinadora general de asesores de la Presidencia de la SCJN, dijo que la iniciativa de esta Reforma profundiza las garantías institucionales con las que cuentan la Corte y la Judicatura, las cuales blindan a ambos órganos y les permiten ejercer sus funciones de manera armónica y con plena autonomía.
Explicó que el objetivo es consolidar a la Corte como Tribunal Constitucional y que sus criterios den sentido a todo el sistema de justicia. Consideró que para que este modelo pueda ser exitoso es imperativo reducir la carga de trabajo, pues la SCJN resuelve anualmente alrededor de 7 mil asuntos, cantidad que no es acorde con su carácter de máximo intérprete de la Constitución.
En cuanto al Consejo de la Judicatura, indicó que se buscará fortalecerlo como encargado de la administración, disciplina y vigilancia del Poder Judicial de la Federación, a través de mejores herramientas para combatir la corrupción y el nepotismo, dos males que han afectado gravemente al Poder Judicial.
A su vez la magistrada de Circuito, Gloria Avecia Solano, propuso que en la reforma no sólo se conserven las facultades del Poder Judicial de la Federación, sino que fortalezca la revisión administrativa para que el Consejo de la Judicatura Federal esté facultado a emitir acuerdos generales para el debido ejercicio de sus funciones.
Para ello, dijo, la Suprema Corte de Justicia podría solicitar al CJF la expedición de aquellos acuerdos generales que considere necesarios para un adecuado ejercicio de la función jurisdiccional general. Además, el Pleno de la Corte podría revisar y revocar también, a petición de alguno de sus integrantes o de juzgadores federales, los acuerdos que apruebe por mayoría.
El recurso de revisión administrativa deberá fortalecerse para cumplir con los acuerdos internacionales en materia de derechos humanos.
“Debe ser un principio de aplicación efectiva y que se analice la posibilidad de aplicar de presentación para la sustanciación de este recurso y que sus resoluciones sean inatacables”, indicó
En su oportunidad Gumersindo García Morelos, investigador en derechos Humanos de las universidades Complutense de Madrid, y San Nicolás de Hidalgo, Michoacán, solicitó a los senadores fortalecer el mecanismo de control de los acuerdos generales del Consejo de la Judicatura.
Consideró que ello ayudaría a que exista plena justiciabilidad de los derechos humanos para los juzgadores, porque se les fiscaliza por haber realizado una actividad, “en relación a respuestas que la sociedad plantea cotidianamente”.
Señaló que se necesita contar con un sistema de control judicial robusto, “hacia fuera y hacia dentro”, que ayude a mantener el diálogo permanente entre todos los involucrados”.
Ricardo Antonio Silva, rector de la Escuela Libre de Derecho, señaló a su vez que el acercamiento de las normas y de los tribunales a la ciudadanía es lo fundamental y trascendental de la reforma constitucional.
“El eje transversal debe ser la justicia cercana”, subrayó.
Es necesario hacer, dijo, una reforma que simplifique los procesos y la toma de decisiones para generar confianza. Para esta labor, indicó, el Poder Legislativo debe formular normas que sean ajenas a los tecnicismos que hacen complejos los propios procedimientos; tenemos que apostar a operaciones sencillas y accesibles, sin perder la profesionalidad de los jueces.
Apuntó que debe haber una estrategia y un plan de implementación, así como principios constitucionales que delimiten de qué manera se le va a dar seguimiento a estos precedentes y como se va a generar este cambio en la cultura jurídica. “La Constitución debe reconocer esta gran complejidad”, indicó.
Ana Laura Magaloni, catedrática e investigadora del Centro de Investigación y Docencia Económicas, CIDE, aseguró que mientras los argumentos de la Suprema Corte y los razonamientos de los ministros no sean parte de los insumos claves de la justicia ordinaria, “seguirá siendo un Tribunal de élite, que resuelve poquitos casos y que beneficia a algunos pocos, pero que no logra desplegar su efecto a toda la población”.
Coincidió en que la dirección correcta es fortalecer el papel de la Suprema Corte como órgano vértice del sistema de justicia mexicano y al mismo tiempo robustecer las capacidades del Consejo de la Judicatura, para definir un verdadero servicio civil de carrera, “donde no dependa de que son amigos de alguien para poder ser jueces y magistrados”.
Precisó que esta reforma se encamina a los temas medulares del Poder Judicial, a fin de tener grandes jueces y lograr buenas decisiones judiciales que convenzan, pacifiquen y que “nos hagan sentir que en México todos compartimos un conjunto de valores que nos articulan como comunidad, para generar coherencia, eje y rumbo a futuro”.
Este mecanismo de Parlamento Abierto continuará hoy con mesas de análisis, para analizar la iniciativa de Reforma del Poder Judicial con los temas: mecanismos de control constitucional y aspectos funcionales del Poder Judicial.
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