¿Está en riesgo la vida de la periodista Azucena Uresti luego de que un cartel de las drogas la amagara con “hacerle comer sus palabras” por supuestamente favorecer como conductora de radio y televisión a sus rivales en Michoacán?
El lunes México amaneció con la noticia de que por vez primera una organización criminal se atrevió a amenazar a periodistas y medios informativos con sede en la capital del país.
Después de agradecer la solidaridad de colegas, de su auditorio y de las autoridades “por su inmediata respuesta”, la principal involucrada le contestó al CJNG que continuará haciendo su trabajo como hasta ahora.
La organización que lanzó el ultimátum es quizá la más poderosa de su tipo en México, y tiene en su haber la autoría del atentado en contra del jefe de la policía de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, lo que muestra su grado de peligrosidad: se atrevió a atacar al funcionario encargado de la seguridad en la capital del país, en pleno corazón político de la nación.
En resumen, el CJNG posee capacidad de sobra para atentar contra Uresti, pues no tuvo empacho en lanzar una ofensiva contra el funcionario capitalino que está mejor protegido incluso que el propio presidente de la república.
Si bien el mandatario Andrés Manuel López Obrador dijo en su mañanera del martes que ya se había contactado a la periodista para solidarizarse con ello, no se le escuchó manifestarse en contra de la organización criminal más violenta de México.
De hecho, fue más puntual el pronunciamiento de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, quien no solo se solidarizó con ella, sino que también le ofreció la protección de su gobierno.
“Toda nuestra solidaridad para Azucena como a cualquier periodista que tenga alguna amenaza, (los periodistas) tienen que tener toda la protección del Estado que requieran, entonces ahí ofrecemos la protección de la Ciudad; sé que el gobierno federal está ofreciendo todo el apoyo que requiera, así que nuestra mayor solidaridad con Azucena y un saludo desde aquí”, señaló.
En su columna de ayer, Jorge Fernández Menéndez, especialista en temas de seguridad, apuntó: “Todos los periodistas que hemos trabajado temas de seguridad a lo largo de los años hemos recibido, en uno u otro momento, algún tipo de amenaza, pero estas casi siempre habían sido privadas. Los que trabajamos en la Ciudad de México y en medios nacionales contamos, además, con espacios de protección mucho mayores que los colegas que lo hacen en los estados y en el ámbito local, lo que los deja mucho más expuestos: el dato cierto, duro, es que unos 45 periodistas, todos de medios locales, han sido asesinados en lo que va del sexenio y prácticamente ninguno de esos casos ha sido resuelto”.
Carlos Ramírez, autor de ‘Indicador Político’, precisó: “Hasta ahora las bandas delictivas se preocupaban más por medios locales, sobre todo con los que se dedicaban a apoyar a sus adversarios”.
A su vez, Raymundo Riva Palacio escribió este miércoles en su columna ‘Estrictamente Personal’: “El narcotráfico tocó la puerta de los medios de comunicación en la Ciudad de México, por años resguardados por una burbuja porque sabían que cualquier intento de atacarlos tendría consecuencias negativas para las organizaciones criminales, al enfrentar a más de 130 mil políticas locales y federales y más de un centenar de policías privados, además de soldados y marinos que aquí tienen sus principales bases”.
@RodulfoReyes
