Cuando en el Congreso de la Unión se empezó a cocinar la revocación de mandato para establecerla en la Constitución General como un derecho de participación ciudadana, legisladores de oposición intentaron evitar la influencia del ejercicio en procesos electorales tanto federales como locales.
Sin embargo, no se consiguió del todo.
El proceso de revocación de mandato va a influir de algún modo en los procesos locales de renovación de gubernatura de Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas, entidades donde en 2022 habrá elecciones, pero con inicio electivo este año.
Carambola de dos bandas. El presidente Andrés Manuel López Obrador hará campaña para ratificarse en el cargo y de paso, se la hará a las personas que aspiran a la candidatura de Morena para la gubernatura de alguno de los seis estados.
No importan los plazos legales en ambos procedimientos; la hará y punto. ¿Algún problema? AMLO harto ha demostrado su desinterés por lo que digan el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) a través de sus resoluciones y sus sentencias, respectivamente.
Total no hay quien lo sancione. Y el Congreso de la Unión tampoco se atrevería. Por cierto, el juicio político es otra alternativa para cesarlo de su mandato.
Retomando el tema: También ocurrirá a la inversa: Que personas aspirates a gubernaturas, vía Morena, aprovechen los meses de duración del proceso de revocación de mandato del Presidente de la República para promover la ratificación de éste y al mismo tiempo hacer campaña simuladamente rumbo a la sucesión de la entidad federativa de que se trate.
Por ejemplo, el equipo de Salomón Jara Cruz no ha perdido el tiempo ni un segundo, y aunque el senador anda malito, prontísimo mandaron colocar algunos espectaculares en lugares estratégicos promoviendo la “ratificación” del mandato mediante una brigada con el nombre del aspirante.
Las personas aspirantes a candidaturas a gubernaturas olvidan que acciones tan evidentes pueden considerarse como actos anticipados o pueden configurar alguna otra falta a la ley electoral en términos de los procedimientos sancionadores y cualquier persona podría promover la denuncia respectiva.
En épocas electorales, los procedimientos sancionadores son armas hasta para los propios adversarios internos que también buscan la misma candidatura. Claro, en ocasiones los promueven a través de un tercero para evitar verse involucrados directamente. En fin.
Por otra parte, el proceso de revocación influirá en los procesos electorales locales para las elecciones de gubernatura, sea cual fuere el resultado de dicho ejercicio de participación ciudadana: Procedente o improcedente.
Si fuera procedente, imagínense el tamaño de los efectos que tendría en Morena la ausencia absoluta de AMLO en la Presidencia de la República. De entrada, el canibalismo interno por la designación de la persona que concluirá el sexenio; provisionalmente lo ejercerá quien en ese momento ocupe la titularidad de la presidencia del Congreso.
Quizá previsoramente esa sea una de las razones por las cuales Morena negoció la presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, cuando bien pudo presidir la Junta de Coordinación Política en el primer año de este ejercicio legislativo.
Entonces, imagínense el tamaño del lío interno en la definición de las candidaturas a las gubernaturas 2022. Porque ya no sería lo mismo AMLO en la Presidencia de México y al mismo tiempo en la praxis política jefe de su partido, que López Obrador sin el poder, aun cuando siga siendo el líder moral de Morena.
Claro, tales escenarios son poco probables. Porque el tabasqueño y Morena van por la ratificación del mandato por el tiempo restante del sexenio. Todo lo vienen preparando para que así suceda. Y sucederá, salvo caso fortuito o fuerza mayor.
DIMISIÓN SIN REVOCACIÓN
Para qué esperar que el “pueblo” le diga al gobernante si debe irse o quedarse, cuando puede hacer maletas y emprender la retirada por decisión propia. Sobran razones por las cuales un mandatario debería dimitir sin pasar por un proceso de revocación de mandato.
Incluso, bastaría la siguiente razón: Por vergüenza de realizar una mala administración pública en la primera mitad del periodo para el cual fue electo, debido a ineficiencia, falta de proyecto, fallas graves del equipo solapadas por el mandatario, etc.
En la actual administración, por ejemplo, bastaría contar el número de muertes a causa de la pandemia Covid-19 y cuántas pudieron evitarse aplicando políticas públicas preventivas: Obligatoriedad del uso del cubre bocas, cierre de accesos al país, pruebas de laboratorio para visitantes y diversas medidas más.
Quien sabe si el presidente Andrés Manuel López Obrador duerma tranquilo sabiendo que en el país donde gobierna el registro Covid-19 va así: Número de casos positivos confirmados por día: 15,784; defunciones confirmadas por día: 1,071; total de casos positivos confirmados: 3,449,295; total de defunciones confirmadas: 264,541.
Solo al siete de septiembre del año en curso. Claro, son cifras oficiales; el sub-registro es mayor.
Y uno se sigue preguntando: ¿Cuántas muertes pudieron evitarse si en nuestro país se hubiese decretado el uso obligatorio de cubre bocas desde el inicio de la pandemia?
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