Ante la negativa de un Juez de Distrito, a la solicitud de orden de aprehensión a diversos ex funcionarios del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), por delitos patrimoniales en contra del erario público, y después de que había sido filtrada a los medios dicha solicitud cuando ya se había presentado ante la autoridad judicial, esta institución considera que es indispensable una información pública, clara y precisa, de cuál es su posición jurídica en este caso.
El Juez de Distrito señala en su negativa que la empresa privada que crearon, autorizaron y fondearon servidores públicos del CONACYT, para después incorporarse a ella; y en la que ellos mismos utilizaron recursos federales destinados a la investigación científica para favorecer a dicha empresa privada en su compra de muebles, vehículos, inmuebles, salarios y servicios directos, no es un hecho delictivo, en razón de que el Foro de Consulta señalado en el estatuto del CONACYT, lo autoriza.
Ese criterio no es aceptable para la Fiscalía General de la República (FGR), ya que un estatuto interno emitido ad-hoc por los propios funcionarios del CONACYT, no puede ir en contra de lo señalado por la Ley de Ciencia y Tecnología y por la Ley Orgánica del propio CONACYT, que son obligatorias para ellos, y que consideran al Foro como un órgano interno de esa Institución, y no permiten, en modo alguno, que dicha dependencia pueda convertirse en una empresa privada, que obtenga sus fondos, sus beneficios, recursos y salarios del presupuesto público destinado a la investigación científica, utilizando dicho estatuto en contra de las leyes ya señaladas, que son de jerarquía superior y obligatoria.
Por esas razones, el Ministerio Público de la Federación no coincide con ese criterio y apoya las denuncias por delitos de carácter patrimonial que se intentan judicializar, exponiendo ampliamente sus fundamentos, motivaciones y pruebas que deben necesariamente de valorarse en su totalidad y hacerse públicas.
Por lo anterior, se volverá a solicitar la orden de aprehensión, explicando con toda claridad lo que se considera un hecho delictivo patrimonial imputable a dichas personas, así como las pruebas que lo acreditan.
De otro lado, Enrique Graue, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), calificó como inconcebible y un despropósito, la pesquisa que realiza la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de 31 científicos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) por lavado de dinero y delincuencia organizada.
Al conmemorar los 100 años de la creación del escudo y lema de la máxima casa de estudios, Graue dijo que confía plenamente en la inocencia de los exfuncionarios señalados por la FGR y a que predomine la división de poderes al momento de tomar una decisión sobre estas imputaciones.
“Ante el desasosiego entre la comunidad académica internacional por este despropósito, por esta acusación inconcebible de asociación delictuosa es que debemos manifestarnos.
“La UNAM reitera su confianza en la correcta y proporcionada aplicación de la justicia y que creemos en la división de poderes y su autonomía en la irrestricta defensa de los posibles involucrados. Estaremos atentos y comprometidos en ello”, lanzó Graue en el evento al que acudió la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum y la fiscal capitalina, Ernestina Godoy.
Conacyt acusa ola de desinformación
El Conacyt afirmó que existe una “ola de desinformación” sobre el tema de los investigadores que fueron señalados por la Fiscalía General de la República (FGR) por supuestos malos manejos de recursos, y subrayó que su única acción en este tema fue denunciar ante las autoridades las “posibles irregularidades” en la asignación “millonaria” de recursos al Foro Consultivo, Científico y Tecnológico (FCCT), como es su responsabilidad legal.
A través de un comunicado, el organismo manifestó su “total rechazo a la ola concertada de desinformación en medios y redes sociales, en alusión a unas ‘órdenes de aprehensión en contra de científicos’”, la cual “tiene la intención de crear confusión, polarizar y generar incertidumbre o temor en la comunidad científica”.
El Conacyt recordó que en 2019 “mantuvo un proceso de diálogo con la asociación civil privada FCCT, que exigía al Consejo recursos anuales por 50 millones de pesos”, pero cuando el organismo le ofreció en cambio “un monto modesto y suficiente para la realización de actividades pertinentes y sustantivas”, debido a la política de austeridad republicana, el Foro rechazó la propuesta, “interpuso un recurso de amparo y judicializó el caso”.
Durante el proceso judicial, dijo el Conacyt, “se hicieron evidentes posibles irregularidades ejecutadas a través de asignaciones directas millonarias a favor del FCCT desde distintos fideicomisos del Conacyt. Como consecuencia, la Unidad de Asuntos Jurídicos del Conacyt presentó una denuncia de hechos, sin señalar a persona alguna, ante el Ministerio Público y el Órgano Interno de Control.
“Es preciso señalar que, ante cualquier presunto acto indebido en agravio del erario y posible daño patrimonial, es obligación jurídica y ética del Conacyt el hacerlo de conocimiento de las autoridades competentes, tanto administrativas como penales. Son éstas, y no el Conacyt, quienes cuentan con las atribuciones para investigar y dar el seguimiento jurídico que corresponda. Las acciones que emprendan estas instancias no son responsabilidad ni atribución del Conacyt”, recalcó.
