Ni en el más delirante de sus sueños, López Obrador llegó a contemplar la concentración de tanto poder. Dispone discrecionalmente del dinero público para garantizar amigos y neutralizar enemigos. Así, ha dotado de mayor poder y dinero a las fuerzas armadas.
En medio de la mayor crisis económica y sanitaria en muchas décadas de manera súbita y sorprendente le llovió dinero al ejército.
En sus irrefrenables desplantes por demostrar que él es quien rige sobre el destino del país asume decisiones extraordinarias sin reparar en las consecuencias que estas puedan acarrear. Una de ellas es la militarización del país. La prueba de ello es la Concesión del nuevo aeropuerto internacional de Santa Lucía a las fuerzas castrenses.
Durante años encabezó las protestas en contra de la militarización del país y convirtió en una “causa” su lucha contra el emplazamiento del ejército en las tareas de seguridad. Incluso se llegó a mofar del jefe supremo de las fuerzas armadas –cuando criticó al presidente Felipe Calderón al que endilgó el apodo de “comandante Borolas”– por declarar la guerra al narco.
Las burlas y ataques que Obrador hizo a lo largo de tantos años en contra de las fuerzas armadas ahora las está pagando muy caras el país y los ciudadanos. Para nadie es un secreto el espíritu rijoso que caracteriza al tabasqueño quien en su papel de opositor mandó “al diablo a las instituciones”, cuando el INE declaró a Calderón ganador de las elecciones en 2006.
Durante años Obrador llenó de agravios al instituto castrense y los altos mandos tomaron nota de sus desplantes.
En el escenario de la “cuarta transformación”, las fuerzas armadas no estaban contempladas como un actor preponderante su papel hasta entonces estaba restringido a la contribución para la seguridad nacional de nuestro país a través de la defensa de la integridad territorial de la independencia y soberanía de la Nación, así como su participación en tareas de labor social entre los sectores más marginados del país.
Sin embargo, sobre la marcha se fueron tomando medidas apremiantes a partir de las ocurrencias y “necesidades políticas” del gobierno obradorista.
Los expertos en temas de seguridad han alertado que el presidente Obrador está llevando a México hacia una “latinoamericanización” de las fuerzas armadas al estilo de los países de Sudamérica en la segunda mitad del siglo XX.
En esa regresión, desde el inició de su mandato Obrador comenzó a dotar de poder a las fuerzas armadas como ningún otro presidente a lo largo en la historia del país. Ha llegado a trastocar las funciones constitucionales de las fuerzas armadas, generando un coto de poder nunca antes visto y los ha puesto a competir con el sector empresarial en el área de servicios que le fueron arrebatados mediante una “consulta popular” para cancelar la construcción de un aeropuerto que estaba proyectado para ser uno de los más modernos del mundo.
Nuestra Constitución como documento fundamental del pacto social armonizó dos preceptos contenidos en los artículos 39 y 35, ya que es prerrogativa de los ciudadanos tomar las armas en el ejército para la defensa de la República y sus Instituciones y además la soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo, por ello todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste, en consecuencia lógica las Fuerzas Armadas en general no tienen mayor objetivo que éste. Las Fuerzas Armadas tienen un sustento constitucional para su régimen que les da la especialización, que no un fuero en sentido de privilegio y tampoco una situación de excepción.
En el contexto de su política de expropiaciones anunció la entrega al ejército de la Concesión del nuevo aeropuerto de Santa Lucía por un período de 50 años y una prórroga de 15 años, cuyas ganancias de sus operaciones comerciales irán a parar a las arcas de las fuerzas armadas.
La Concesión del nuevo aeropuerto internacional “Felipe Ángeles” fue pactado por el presidente Obrador con la cúpula militar. Veamos:
Desde el inició de su mandato Obrador formalizó la suspensión de las obras de construcción del nuevo aeropuerto de Texcoco.
El 26 de abril de 2019 se publicó el documento “Razones para la cancelación del proyecto del Nuevo Aeropuerto de Texcoco”.
En agosto de ese mismo año se anunció el finiquito de 692 contratos con una erogación de 71, 000 millones de pesos.
Según el gobierno “se identificó que el costo total de la cancelación del NAICM estimado por la Auditoría Superior de la Federación de 331 mil 996 millones 517.6 mil pesos, es superior al costo de 100 mil millones de pesos calculado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes”.
En octubre, también de 2019, el presidente Obrador anunció el arranque de la construcción ahora del aeropuerto en Santa Lucía.
La construcción fue encomendada a las fuerzas armadas.
En febrero de 2020 el periodista Carlos Marín entrevistó al general de brigada e ingeniero constructor Gustavo Ricardo Vallejo Suárez en su programa “El Asalto a la Razón” de Milenio Televisión, en la charla el militar hizo saber que “las ganancias que genere el aeropuerto de Santa Lucía serán en beneficio de las fuerzas armadas”. https://www.youtube.com/watch?v=bZ_6hSXrfxk
Ni siquiera se sabía de los acuerdos pactados por el presidente Obrador con los altos mandos de las fuerzas armadas.
El general Gustavo Ricardo Vallejo Suárez ya hablaba de las ganancias del negociazo del nuevo aeropuerto sin que estuvieran formalizado un contrato de Concesión.
Diez meses después de la polémica entrevista del general Vallejo Suárez con el periodista Carlos Marín, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 14 de diciembre de 2020 una resolución autorizada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en la que se informaba la participación del gobierno federal en la concesionaria y su constitución como sociedad anónima dejando en las fuerzas armadas la administración del nuevo aeropuerto bajo el nombre de la sociedad denominada Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles S.A. de C.V.
Ahora se ha hecho público que la Secretaría de la Defensa Nacional tiene una participación accionaria de 99 por ciento y el restante uno por ciento es propiedad del Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada para la operación y administración del Aeropuerto Internacional “Felipe Ángeles” (AIFA). De acuerdo al capítulo IV del Título de Concesión tendrá una duración de 50 años, con la posibilidad de que sea prorrogado por una o varias ocasiones, sin que se exceda el plazo de tiempo antes mencionado, más una prórroga de 15 años.
El encargado de la administración de la nueva empresa será el general de brigada, René Trujillo Miranda.
La Concesión del nuevo aeropuerto es la cereza del pastel en la entrega de más poder a las fuerzas armadas por parte de quien prometió regresar a los militares a sus cuarteles.
Los militares tienen la concesión de un tramo del Tren Maya, y mantienen a su cargo la construcción de 1.600 sucursales del Banco del Bienestar, en la crisis de abasto de las gasolinas las pipas estuvieron a cargo del ejército al igual que en el reparto de libros de texto gratuitos, participan en tareas de seguridad pública y combate al narcotráfico y controlan los puertos y las aduanas.
Amnistía Internacional en su informe 2020/21 sobre la situación de los derechos humanos en el mundo, refirió que en mayo pasado el presidente Obrador emitió un decreto que permite el despliegue permanente de las fuerzas armadas en operaciones de seguridad pública hasta marzo de 2024.
Este decreto del gobierno obradorista, dice Amnistía Internacional, carece de normativa sustantiva para garantizar que el comportamiento de las fuerzas armadas sea conforme con las normas internacionales.
Bajo el “argumento” de que las fuerzas armadas son “incorruptibles”, Obrador decidió militarizar a la Guardia Nacional. A esta nueva institución la ha dotado de funciones extralegales y le ha concedido recursos extraordinarios. En 2020 La Guardia Nacional recibió 29 mil 286 millones de pesos y en 2021 un monto de 35 mil 671 millones de pesos. Para el próximo años de 2022 se le tiene programado un presupuesto 30% más de fondos públicos que en el último año. En una investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad advierte que la Guardia Nacional tendrá en 2022 un presupuesto de 112 mil millones de pesos (70 por ciento más que en 2021) y apunta que 59 por ciento de sus elementos son miembros de la Defensa Nacional. En tanto la nueva institución no ha utilizado ni un solo peso en la construcción de los 266 cuarteles que se proyectaron desde su creación.
La opacidad hacia el interior de las fuerzas armadas es más que evidente cuando no hay claridad sobre los escándalos de corrupción y sobre la penetración de los cárteles de la droga en sus filas, incluso hasta los más altos mandos de la institución castrense.
En la gestión del general Cienfuegos al frente de la Secretaría de la Defensa Nacional esta dependencia recurrió a las “factureras” para obtener comprobantes fiscales falsos que amparaban obras simuladas, inexistencias o ficticias. Entre 2013 y 2019, diversas instancias del ejército pagaron 2 mil 371 millones de pesos a 250 compañías que fueron declaradas como “fantasma” por el Servicio de Admnistración Tributaria. https://elpais.com/mexico/2020-08-25/el-ejercito-mexicano-desvio-156-millones-de-dolares-a-empresas-fantasma-entre-2013-y-2019.html
También el ejército se encargó de la construcción de una barda perimetral del aeropuerto de Texcoco mediante un contrato que le permitió encarecer la obra 89 por ciento y el uso de al menos dos empresas fantasma. De acuerdo con un reporte de Aristegui Noticias, en la página de transparencia del aeropuerto se anota que el proyecto de barda perimetral tenía un costo original de mil 547 millones de pesos, pero tras cuatro convenios modificatorios el muro se encareció hasta llegar a 2 mil 930 millones de pesos, lo que significa un encarecimiento de 89 por ciento.
Muchas de las anomalías ocurrieron durante la gestión del general Cienfuegos quien fue detenido por la DEA en territorio estadounidense y sometido a un proceso penal por delitos de narcotráfico en una Corte del distrito este de Nueva York.
La liberación de Cienfuegos se dio en el marco de la independencia del poder judicial de ese país, y como parte de los arreglos políticos como parte de los asuntos de la seguridad nacional y la política exterior. De todo ello en aras de intereses superiores. Sin duda alguna, el presidente Obrador y el canciller Marcelo Ebrard resultaron los más fortalecidos de este escándalo, echándose al Ejército en la bolsa.
Nunca en la historia del país, ningún presidente se mostró tan generoso como Obrador con las fuerzas armadas, ni el dictador Porfirio Díaz quien llegó al poder proveniente del ejército.
Sin duda alguna, los militares son un poder incógnito.
