Una nueva medida fiscal siempre trae dudas. Y quien sabe hasta dónde pueda repercutirle electoralmente a Morena la aprobación en la Cámara de Diputados Federal de la obligación para los jóvenes de 18 años de inscribirse en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC).
Eso aun cuando una misma diputada de Morena –fíjense—Lidia García Anaya propuso modificar la disposición, para precisar que no se aplicarán sanciones a los jóvenes que no se inscriban. Imagínense, la iniciativa original estaba terrorífica.
Con todo y cambio, inscribirse en el RFC implica una serie de obligaciones fiscales y molestias. En ese momento el gobierno empieza a vigilar al ciudadano hasta con lupa, y el ciudadano pierde su paz, su tranquilidad.
Y no precisamente por evasor, sino porque muchas normas más que fiscales son penales; la autoridad ya no trata al ciudadano como contribuyente, sino como delincuente sin darle la oportunidad de defenderse. Bueno, sí se la da, pero en la mayoría de las ocasiones hace todo porque la versión del ciudadano carezca de fundamentos.
Claro, porque la autoridad siempre buscará recaudar a costa de lo que sea. Pagas impuestos porque pagas, y si es por el doble o el triple, mejor. Y ahí se desencadenan todas las sanciones. En vez de ayudar al ciudadano a pagar, lo criminalizan hasta con el riesgo de la pérdida de su libertad y de sus bienes.
Y sí, en parte tiene razón la autoridad, el actual gobierno de la “4-T”, había mucha evasión y elusión fiscal que beneficiaba a los multimillonarios. Pero justos pagan por pecadores porque cayeron en la aplicación de la ley a raja tabla. Y la verdad, los peces gordos siguen nadando en aguas mansas.
Mientras que ciudadanos comunes viven aterrorizados porque cualquier error, ¡zaz!, van tras ellos sin que las autoridades les concedan el beneficio de la duda.
Y por si fuera poco, los legisladores hacen las leyes tan llenas de tecnisismos que el contribuyente poco entiende, y tiene que contratar contadores y abogados en materia fiscal, que a veces son los mismos que hunden al contribuyente.
En fin, retomando el tema: Quizá resulte incómodo para los jóvenes inscribirse en el RFC; a la edad de 18 años apenas van saliendo del bachillerato, y de ahí hasta los 22-23 años están dedicados a la carrera profesional. Solamente se dedican a ello. Claro, los que tienen la oportunidad de estudiar y la bendición de contar con un padre, una madre, que los procure.
Quienes no tienen ni esa oportunidad, ni esa bendición, pues deben trabajar para sostenerse sus estudios o para sobrevivir.
Imagínense que las autoridades empiecen a fiscalizar por todo a los jóvenes y que empiecen a ser requeridos para comprobar hasta la colegiatura depositada en una tarjeta bancaria. O los jóvenes que trabajan de sol a sol, sean requeridos por cualquier cosa.
Será fastidioso para los padres de familia tener que estar pagando servicios contables para las declaraciones fiscales de los jóvenes y cualquier efecto del RFC. Y los jóvenes sin padres o sin posibilidades económicas, ¿de dónde van a sacar dinero para pagar contador y hasta abogado?
¿O no será así? Las diputadas y los diputados, ya que aprobaron tal cosa, deben explicar hasta con bolitas y palitos de qué se trata. Las autoridades en la materia también. Por lo pronto, habrá padres de familia y jóvenes que ya estén odiando a los autores de la propuesta de obligar a darse de alta en el RFC a quienes cumplan 18 años de edad.
Y aquí volvemos al dicho: “Justos pagan por pecadores”. Amén de los argumentos vertidos por la oposición en contra de tal medida, cualquier persona puede preguntar: ¿Cuál es el fin, el propósito, de obligar a los jóvenes a inscribirse en el RFC? ¿La autoridad detectó algo? ¿Es con dedicatoria a “Jóvenes construyendo el futuro” o a los juniors?
Francamente no entiendo.
Lo que sí entiendo es que en la historia de la humanidad, muchas de las rebeliones tuvieron su origen en el descontento por la severas medidas fiscales de la autoridad de la época.
En fin, ¿cuántos votos le costará a Morena el RFC de los jóvenes?
PRECAMPAÑAS
Hablando de fiscalización. El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) acaba de aprobar ejercer su facultad de atracción para determinar fechas únicas de conclusión del periodo de precampañas y para recabar apoyo de la ciudadanía para las candidaturas independientes, durante los Procesos Electorales Locales 2021-2022 en Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas.
O sea, tanto las precampañas de los partidos políticos para la selección de sus candidatos o candidatas a las gubernaturas en dichas entidades, como el periodo para recabar firmas por parte de aspirantes a candidaturas independientes, deberán terminar a más tardar el jueves 22 de febrero de 2022.
Eso quiere decir que las precampañas y el periodo de recolección de firmas deberán estar empezando entre finales de diciembre, principios de enero, según la entidad federativa de que se trate. Y los procesos internos de los partidos, entre finales de noviembre, principios de diciembre; también según el estado de que se trate.
¿Y cual es el fin de homologar fechas de fin de precampañas y de periodo de recolección de firmas? Lo explicó el Secretario Ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo Molina, en términos de la facultad de atracción:
“Está motivada por la gran diversidad de plazos y fechas establecidas en las legislaciones locales que agregan un grado de complejidad mayor a la planeación y organización de las actividades de los procesos electorales entre las que destacan la fiscalización”.
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