Accionistas del periódico La Jornada están a la espera de su asamblea para determinar el futuro de la directora Carmen Lira quien este año cumplió cinco lustros al frente del rotativo. La periodista celebrará 79 años de edad. Desde el inicio de la pandemia Lira dejó de asistir a las instalaciones del periódico y se refugió en su lujoso condominio de Interlomas (valuado en dos millones de dólares) desde donde atiende las tareas del diario y que consisten en revisar la portada y contraportada y redactar la Rayuela.
El pasado jueves el titular del Juzgado Segundo Penal Ricardo Ojeda Gándara, del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México después de cuatro años de litigio dio por terminado el juicio penal contra la reportera Judith Calderón Gómez, dirigente del sindicato de trabajadores de La Jornada.
Judith y otros de sus compañeros fueron exonerados de toda acusación.
Hace cuatro años los trabajadores del mencionado diario se fueron a la huelga debido a que la empresa desconoció el Contrato Colectivo de Trabajo. El 30 de junio de 2017 al colocar las banderas rojinegras en las instalaciones del periódico los abogados del periódico, con el aval de Carmen Lira, acusaron a los huelguistas del delito de “secuestro”, fue así que Judith Calderón, Maricela Delgado y Leonardo Mondragón, miembros del comité sindical, fueron acusados penalmente de privación ilegal de la libertad, pues decenas de empleados, algunos de ellos reporteros, se atrincheraron en el edificio para continuar con la edición del periódico pese al paro de labores.
El exgobernador de Oaxaca, colaborador de La Jornada y amigo incondicional de Carmen Lira fue quien se encargó de suministrar los apoyos a los trabajadores que se opusieron a la huelga y quienes permanecieron por largo tiempo dentro de las instalaciones.
Para doblegar a la dirigente del sindicato, Carmen Lira y los abogados se confabularon para involucrar al joven Alejandro Caballero Calderón –hijo de Edith Calderón– en la infame acusación del “secuestro”. Alejandro fue desvinculado a proceso en 2019 por el juez Enrique Juárez Saavedra, luego de demostrarse que nunca laboró en ese diario, ni se encontraba durante la colocación de las banderas de huelga. Lo cierto es que Alejandro acudió horas después, acompañado de otros jóvenes para apoyar a su madre y a los trabajadores en huelga.
Pese a que la Suprema Corte de Justicia ordenó desde 2019 restituir el Contrato Colectivo de Trabajo la empresa editora de La Jornada no ha acatado dicho ordenamiento. La compañía editorial tiene adeudos pendientes por 240 millones de pesos con el sindicato en tanto decenas de trabajadores ventilan juicios por despido laboral en contra de La Jornada ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.
El periódico que se ufanaba ser “la voz de los sin voz” ha dado un trato criminal a los líderes de los trabajadores sindicalizados, en tanto la empresa recurre a la recontratación por honorarios; el pago de servicios a empresas outsourcing, liquidaciones a sindicalizados desplazados en sus funciones o que optaron “por retirarse” les ofrecieron “el retiro”, a pesar de que recibieron montos por debajo de la ley, en mensualidades y mediante “convenios” -la gran mayoría verbales- no informados ante las autoridades laborales.
La Jornada no ha demostrado la quiebra económica que alegan sus abogados, como lo revelan los magistrados del Decimoquinto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, en resolución al amparo directo número 289/2018 de fecha 16 de agosto de 2018.
En la referida sentencia -a favor de los trabajadores del Sitrajor- se indica claramente que éstos no son la causa de la supuesta crisis económica a la que hace alusión La Jornada; que Demos, la empresa editora del diario, no demuestra tal crisis y sí en cambio debe corregir la administración de la empresa, además que no se justifica la desaparición del 70 por ciento de las prestaciones del Contrato Colectivo de Trabajo, equivalentes a más de 60 millones de pesos anuales.
Por su parte el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México resolvió que no procedía la petición de Demos de declarar “ilícita” la huelga.
Esta última resolución de los magistrados, emitida en octubre de 2018, fue un triunfo legal inédito para el Sitrajor y sus agremiados que fueron denostados y acusados de actuar “ilegalmente”.
Con tal resolución se echan por tierra todos los argumentos utilizados por la JLCA, la empresa y periodistas que se dicen progresistas y defensores de las causas sociales, entre ellos Rafael Barajas El Fisgón y Paco Taibo II , quienes entre el 30 de junio y el 2 de julio de 2017 trataron de desvirtuar el legítimo derecho de huelga de los trabajadores del Sitrajor, utilizando viejos argumentos macartistas, como “el que había mano negra” detrás del movimiento democrático, y hasta Taibo II pidió a gritos a los lectores de La Jornada realizar una concentración en las instalaciones del diario para romper la huelga.
Ante la ausencia de Carmen Lira en las tareas cotidianas del diario, una parte de la conducción del periódico está a cargo de Miguel Ángel Velázquez, involucrado en actos de corrupción. El empresario Carlos Ahumada en su libro Derecho de réplica Revelaciones de la más grande pantalla política de México narra los chayotes que entregaba a varios periodistas:
“Apoyé económicamente a algunos periodistas como fueron Miguel Badillo, para el financiamiento de su revista Fortuna, así como a Miguel Ángel Velázquez, mejor conocido como el Patán, autor de la columna ‘Ciudad Perdida’, que se publica en La Jornada. A raíz de un artículo que Velázquez había publicado sobre mi persona, un día desayunamos en Casa Lamm. En esa ocasión fue bastante ameno, me confió que tenía algunos problemas económicos, no recuerdo por qué motivos, y enseguida le ofrecí mi apoyo. Después de darse un poco a desear, aceptó y me dijo que con 100 mil pesos solucionaba su problema. Me levanté de la mesa, le pedí a mi chofer que mandara traer de mi oficina 50 mil pesos y los pusiera en un sobre de nómina de papel manila. Se los entregué cuando nos despedimos y le dije que el resto se lo podía dar la próxima semana. Me dijo que muchísimas gracias, que le serían muy útiles y que en ese mismo momento se dirigiría a la notaría para ver a Morales Lechuga y aclarar el malentendido que tenía sobre mi persona y por el cual había publicado ese artículo. Claro que yo sabía que se trataba de un préstamo de esos que no se pagan jamás”.
La Jornada, el ejemplo de la “prensa buena” que tanto presume el presidente Obrador.
El periódico donde escribe Epigmenio Ibarra quien recibió un “crédito” de 150 millones de pesos del gobierno de la cuarta transformación.
El diario de la “izquierda” donde La Maestra fue “articulista” estrella por casi un decenio. Elba Esther Gordillo la que financió con 25 millones de pesos al que fuera subdirector de La Jornada Humberto Mussachio para producir su diccionario biográfico Milenios de México (y cuyos documentos están en poder de la Contracolumna).
La Jornada a la que el gobierno de Obrador le condonó el pago de impuestos por 9 millones 746 mil pesos durante el primer semestre de 2021 y a la que en sus dos primeros años del sexenio de la cuarta transformación le entregó contratos de publicidad por 575 millones de pesos.
El periódico oficialista de la Cuatro Té que junto con Televisa y TV Azteca son los medios que mayor cantidad reciben del gobierno.
A sus casi ochenta años Carmen Lira se niega a renunciar a la dirección, como Carlos Payán quien cobra como aviador en el consulado de México en Barcelona a donde se da una vida de lujos a cargo del erario público y con una jugosa pensión del periódico que contrasta con el trato despótico a los trabajadores y el maltrato criminal a los líderes del sindicato.
La censura que impera en La Jornada y que llevó a abandonar sus páginas a un importante número de intelectuales.
La Jornada convertida en un pasquín como los despojos del unomásuno que aún circulan por ahí.
