Cabe la posibilidad que algunas de las valoraciones sobre el desempeño del presidente Andrés Manuel López Obrador recaigan sobre tres factores. El primero, la ausencia de compromiso en el combate a la corrupción; segundo, en la caída en el fortalecimiento a los derechos humanos; y tercero, en la falta de colaboración en seguridad y defensa, así como en temas migratorios.
Pese a que han transcurrido tres años de su mandato desde el inicio de su administración el presidente dio aviso a sus secretarios de Estado que no permitan actos de corrupción, incluso de su propia familia. Pero parece que comienza a pagar el costo de los errores de sus subalternos cambio del apoyo recibido en su campaña presidencial.
El encarcelamento de Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos, en realidad fue por un descuido al asistir a un restaurante de lujo en la ciudad de México, y no como consecuencia de un proceso legal; tampoco se ha sabido que exista alguna investigación sobre el paso express de Cuernavaca que causó la muerte de dos personas o del nuevo aeropuerto de la ciudad de México.
Mucho menos se ha sabido que abran expediente por responsabilidades en la Fiscalía General de la República y de la cancillería mexicana sobre el apoyo institucional de que se dio a Humberto Moreira, que fue acusado por la Fiscalía Española de nexos con el narco, quien fue literalmente rescatado por la embajada mexicana y la Agregaduría de la PGR en ese país.
En el tema de derechos humanos, no ha habido avance en los asuntos sensibles de la pasada administración, como Tlatlaya, Ayotzinapa, Ostula, que dan cuenta del estado de vulnerabilidad en que se encuentran los derechos humanos en México.
No hay una política entre las corporaciones de seguridad de respeto a los derechos humanos, se siguen presentando casos de tortura y violaciones a los derechos humanos. El costo que ha pagado nuestro país ha sido el descrédito, y con ello, diversas oportunidades políticas en el plano internacional, para llevar a nuestro país múltiples oportunidades surgidas a los ojos del mundo, producto de la ventana de oportunidad que abrió el nuevo gobierno.
En el plano de la seguridad y defensa, la vulnerabilidad de las instituciones de seguridad se traslada a su ineficacia y sumado a la penetración de la corrupción en su clase política, dan como resultado, el aumento en los índices de violencia.
Además, la desconfianza de la administración de la Casa Blanca sobre los cuerpos de seguridad mexicanos. Esta es una preocupación real, sobre todo por la liberación del hijo de Joaquín Guzmán Loera, mientras que Washington responde con una recompensa por la captura de sus hijos.
En el tema migratorio, la entrada de cientos o miles de centroamericanos principalmente y la reapertura de la política “remain in Mexico” que hizo Washington, coloca a México en un dilema de atención o abandono.
Más allá de sus escándalos, el punto es la vulnerabilidad del gobierno mexicano por los diversos frentes de crisis que ha abierto en el tiempo que lleva esta administración.
El autor es Maestro en Seguridad Nacional por la Armada de México
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