La ciudadanía mexicana está siendo testigo del desenvolvimiento sui géneris de una figura de democracia directa como lo es la Revocación de Mandato, que “es el procedimiento por el cual los ciudadanos pueden destituir mediante una votación a un funcionario público antes de que expire el periodo para el cual fue elegido” (Alán García Campos, La revocación del mandato: un breve acercamiento teórico).
En nuestro país, la figura de Revocación de Mandato se estableció en la Constitución Política y en la correspondiente ley secundaria a iniciativa del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrado (de Morena), y no por exigencia de la oposición en las cámaras del Congreso de la Unión, ni a iniciativa de la ciudadanía.
La petición de la Revoación de Mandato debe hacerla la ciudadanía en un número de unos 2 millones 700 mil firmas equivalentes al 3% de la Lista Nominal, es decir, que se encuentren instritos en el Padrón Electoral y además cuenten con la credencial para votar con fotografía (no es ciudadanía a secas, sino con calidad de elector) en almenos 17 entidades federativas.
Lo curioso, lo sui géneris, del caso mexicano es que hasta el momento no se ha visto ninguna ola ciudadana pidiendo que el mandatario se vaya a la de ya. Sí, hubo cierta manifestación en el zócalo de la Ciudad de México, pero hasta ahí quedó y fue antes de esteblecer la figura de Revocación de Mandato en la normatividad.
Lo sui géneris es que es el mismo partido en el gobierno (Movimiento Regeneración Nacional –Morena–) es el principal promotor de la Revocación de Mandato del presidente López Obrador mediante militancia y simpatizantes. No es la ciudadanía incluida en la llamada sociedad civil, por lo menos no en su mayoría.
Qué raro, ¿no? Parece el mundo al revés.
Otra cosa bastante peculiar: Establecen la Revocación de Mandato, pero la Cámara de Diputados no le da dinero al Instituto Nacional Electoral (INE) para organizar el proceso correspondiente el cual es prácticamente idéntido al de un proceso para elección de Presidente de la República. Ni un peso, según porque la autoridad electoral no lo necesita.
Ups. Lo que es no saber cómo se organiza un proceso electivo que, como decíamos, es muy parecido a este proceso de democracia directa. Qué raro porque “izquierda” no es sinónimo de ignorancia; es más, en Morena militan personas avezadas en Derecho Electoral académica y fácticamente. Se las saben de todas, todas.
Nada más que tienen un pequeño defecto: Siempre quieren hacer su santa voluntad, hasta por encima de la normatividad electoral. Y terminan acusando de todo al INE.
Y ya ven, algo sui géneris también: Morena y el Instituto se han enfrascado en tremendo pleito mediático porque éste suspendió el proceso de Revocación de Mandato hasta en tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelva lo procedente en cuanto a los recursos para la organización de dicha figura de democracia directa.
Ja. Y se han agarrado a patas, trompadas, puñetazos, degreñones, sin que en el campo fáctico se haya suspendido la Revocación de Mandato en estos momentos. Vaya, no puede suspenderse un proceso que aún no comienza; comenzará hasta cuando el INE valide la existencia del 3% de firmas previa revisión del número recabado.
Aunque, claro, en INE actúo preventivamente. Y quizá también midiendo fuerzas frente a Morena. Amén de cualquier trasfondo político, tienen razón los consejeros electorales: Ni las elecciones, ni los procesos de democracia directa pueden abaratarse, mucho menos correr todo tipo de riesgos por insuficiencia presupuestal.
TIENE RAZÓN COSSÍO
Tiene razón el exministro José Ramón Cossío, no es como se ha dicho, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó al INE que, independientemente del dinero, lleve a cabo el proceso de Revocación de Mandato.
En términos llanos, lo único que hizo la Corte es decir que no podía dar una respuesta a la solicitud planteada porque todavía no hay proceso de revocación de mandato.
Y es cierto, primero deben reunirse las firmas exigidas por la norma.
Lo interesante estará (como bien dice el exministro) es en cómo va a contestar la Corte al planteamiento del INE sobre si la Cámara de Diputados tiene obligación o no de financiar las competencias del Instituto.
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