Gerardo Lozada Morales
Luego de que salieran a la luz pública los sueldos y los gastos multimillonarios del INE, y de que el TEPJF les diera la orden de realizar el ejercicio democrático de revocación de mandato acorde a la ley ya establecida, el gobierno federal con representación del Secretario de Hacienda Rogelio Ramírez y el Secretario de Gobernación Adán Augusto López, presentaron el plan de austeridad para el INE donde podrán contar con una disponibilidad de 2 mil 972 millones de pesos.
Dicho plan puede lograrse siempre y cuando ajusten de manera principal lo siguiente: a) nuevo tabulador de sueldos y salarios para servidores públicos de mando y enlace (parte superior) b) suprimir pagos del gasto de servicios médicos mayores de mandos medios y superiores, c) gastos de operación de acuerdo a la ley de austeridad, lo que comprende: telefonía celular, combustibles, arrendamientos, beaticos y pasajes, alimentación, bienes informáticos, congresos y convenciones, y muchos más conceptos de austeridad que ya están emprendidos dentro de la administración pública federal.
Por su parte, la oficial mayor de la Secretaría de Hacienda: Thalia Lagunas Aragón, señaló que el INE tiene 1,360 millones de pesos en dos fideicomisos; un fondo para atender el pasivo laboral y otro para el cumplimiento del programa de infraestructura inmobiliaria, de atención ciudadana y mejoramiento de módulos del INE, de los cuales, se puede hacer uso.
Los consejeros del INE respondieron con un plan distinto, al hacer caso omiso a la recomendación antes mencionada, al pedir a la Secretaría de Hacienda 1 mil millones 738 mil pesos y solicitar respuesta para el día 30 de enero del presente año 2022, pues siguen la postura que mantiene Lorenzo Córdova y Ciro Murayama de negarse a un ajuste económico. Córdova le respondió en audiencia al diputado morenista Mario Rafael Llergo que no están dispuestos a renunciar al seguro de gastos médicos argumentando que es “ir contra la ley”, en cuanto al plan de austeridad mencionó que “no tiene un sustento técnico ni seriedad”. Por otra parte Murayama salió en spots exponiendo que se atenta en contra de los trabajadores y que se “malbarata el funcionamiento del instituto”. De la misma forma la consejera Claudia Zavala, justificó que es una medida “anticonstitucional” ya que va en contra de la suspensión que les proporcionó el TEPJF, y que “no pueden ir en contra de la ley”, así como aseguró que no pueden recortar los altos salarios de los consejeros debido a que “es parte de la garantía que tienen los servidores públicos para que puedan acatarse a lo que la ley exige y les permita tener una autonomía”.
En suma, la élite burocrática del INE ha olvidado la defensa democrática por la defensa de sus sueldos y prestaciones multimillonarias que contrastan con los sueldos modestos de los trabajadores que se encuentran en contacto directo con la ciudadanía, los cuales perciben 7 mil 664 pesos mensuales sin prestaciones. Es relevante el papel del INE rumbo al 2024 porque depende de su funcionamiento, reformas o extinción, el que se pueda garantizar un buen proceso democrático para la elección presidencial del 2024.
El autor es doctor en Ciencias de Gobierno por el ICGDE-BUAP y Catedrático de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP).
