La reforma política de 1978 tuvo la intención de construir un régimen basado en el equilibrio de la representación de la pluralidad nacional existente. Sin embargo, el resultado nunca pudo superar el modelo originario de estructura de poder basada en el dominio de la figura de autoridad –con tendencia al autoritarismo– del jefe del ejecutivo federal.
No se trató de una desviación reciente. La falta de sociedad civil y de sociedad política por el predominio presidencialista es un vicio de configuración del poder que viene desde las sociedades de las monarquías indígenas, se consolidó con el sistema de gobierno fundado por el virreinato español y la salida independentista tomó el camino equivocado de centralizar el desarrollo social y político en la figura del presidente de la república.
El único período político de la república en el que funcionó el modelo de equilibrio de poderes fue durante el liberalismo juarista, pero dependió de la figura dominante del líder Benito Juárez y nunca pudo consolidarse como un régimen institucional republicano. Porfirio Díaz y la Revolución Mexicana potenciaron la estructura piramidal del poder y construyeron reglas, leyes, instituciones y protocolos basados en el dominio del titular del poder ejecutivo federal.
En México moderno creado por la Constitución de 1917 partió del vicio del dominio presidencial para desviar el modelo estrictamente presidencial hacia un esquema presidencialista, el primero con equilibrio de poderes y reglas de acotamiento de abusos y el segundo determinado por la vieja historia nacional del salvador de la patria o, con la experiencia de Díaz, el necesariato, es decir la necesidad de un hombre fuerte para garantizar el ritmo nacional con la sobrevigilancia de un poder absolutista.
De 1917 a 1976, México se movió en un régimen que el ensayista marxista José Revueltas se caracterizó como “un estado total y totalizador”, no totalitario, modelo que fue precisado por Mario Vargas Llosa y 1991 al señalar el régimen mexicano era la dictadura perfecta porque está avalado por bases sociales organizadas en el partido y toda la disidencia, absolutamente toda, tenía espacios dentro de ese Estado que administraba los espacios de funcionamiento inclusive a la disidencia antisistémica pacífica o violenta.
El sistema de partidos reventó en el trienio 1973-1976 con la crisis interna en el PAN motivada, entre otras razones, por la exigencia de grupos internos que exigían autonomía relativa al partido respecto del poder presidencial y comenzaron a plantear ya la función originaria de los partidos: la conquista del poder presidencial. Hasta 1973, el PAN era considerado, como lo caracterizó con certeza la politóloga Soledad Loaeza, una “oposición leal”, es decir, una oposición de equilibrio político en el Congreso y sin capacidad ni estructura para aspirar a la alternancia presidencial.
La gran crisis ocurrió en 1976 cuando el PAN no presentó candidato presidencial y el PRI se quedó dando la imagen de un partido absolutista. En este contexto, el presidente López Portillo presentó en 1977, a través de su secretario de Gobernación, Jesús Reyes Heroles, una reforma política que buscaría modificar el entonces sistema de partidos basado en registros estrictos: el PRI como partido de Estado, el PAN como partido de oposición conservadora, el PPS como partido marxista leninista-siempre aliado las candidaturas del PRI y el PARM como una concesión del sistema político a los militares que acompañaron al presidente Carranza su Estado Mayor Presidencial.
Hacia 1977, el sistema político estaba presentando ya una implosión radical interna por la opción de lucha armada socialista de una guerrilla proveniente de la fuente ideológica de la revolución cubana y que tenía el apoyo de la Unión Soviética y sobre todo de Corea del Norte. Varias acciones guerrilleras afectaron a la cúpula del poder y demostraron que la efervescencia podía estallar en violencia política armada generalizada.
El único partido de oposición era el Partido Comunista Mexicano –de filiación marxista y con vínculos provenientes de Moscú, aunque con autonomía relativa para salirse del instructivo corporativo–, pero se trataba de una organización semiclandestina, perseguida con los instrumentos judiciales del Estado autoritario y de muchas maneras patrocinando aún de manera indirecta a la guerrilla más activa.
La reforma política-electoral de López Portillo buscó construir un sistema de partidos para nuevos equilibrios sociales y políticos, siguiendo la norma de Mariano Otero de que la organización política de la república debería reflejar a todas las corrientes ideológicas existentes. Las exigencias para que el PCM aceptará las reglas institucionales que nunca había respetado desde su fundación en 1919 fueron cumplidas y firmadas.
Pero como siempre ocurre en la vida política mexicana, la oportunidad de construir un sistema de partidos que representaran la pluralidad ideológica y social del país fue pervertida por los liderazgos partidistas y de muchas maneras permitida por el Estado como mecanismo de control de los nuevos partidos. A la vuelta de 44 años, los partidos políticos ya no representan corrientes sociales o ideologías concretas o propuestas alternativas de ejercicio del poder, sino que han derivado en lo que podría llamarse como la maldición Michels en su muy reiterada conclusión conocida como “la ley de hierro de la oligarquía”: toda organización social tiende a derivar en la construcción de una dirigencia oligárquica que se olvida de ideas y de los compromisos con sus bases.
La reforma política del López Portillo duró muy poco: el PCM le tuvo miedo a la palabra comunista en su identificación y buscó dos alternativas para transformar su identidad comunista en una pantalla socialista; en 1988, el entonces PCM-PMS-PSUM decidió no proponer candidato presidencial, se sumó a la candidatura coalicionista de Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, un expriísta que buscó reconstruir la propuesta poscardenista; y en 1989 decidió colgar su propuesta socialista, le entregó el registro del PCM a Cárdenas y sus seguidores priístas y allí terminó el papel histórico de la ideología marxista como motor ideológico de importantes sectores vinculados al proletariado mexicano aún desorganizado, aunque con de presencia importante como equilibrio ideológico diferente a la consolidación del régimen priísta cómo garante de una economía mixta dominada por los intereses del sector empresarial.
Los partidos políticos perdieron su sentido como organizaciones de masas y de ideas y quedaron en manos de las oligarquías partidistas. A partir de 1989, el sistema mexicano de partidos derivó en organizaciones burocrática con funciones de agencia de colocación, con evidencias más que conocidas de militantes de un partido que saltaban a otro solo en busca de un cargo público y no en la construcción de una opción ideológica y de gobierno.
En este contexto histórico, los partidos son meras estructuras oligárquicas y perdieron su vinculación con las bases sociales, al grado de que las aspiraciones de cargos públicos encuentran salidas en el cumplimiento de requisitos de lealtades ajenas a cualquier propuesta ideológica o de gobierno. Desde 1988, los ciudadanos no votan por una propuesta o por lo que significaría el nombre o la imagen de un partido, sino que lo hacen por figuras individuales que lo mismo podrían competir por cualquiera de los partidos registrados.
Las elecciones del 2024 seguirán hundiendo al sistema de partido en una competencia de agencias de colocaciones, sin que los electores encuentren opciones ideológicas o de propuestas de gobierno que respondan a sus exigencias de soluciones a sus respectivas crisis. En este sentido, lo que se dirime en las elecciones no serán opciones ante el acotamiento de la vieja República Priísta, sino un reacomodo burocrático ajeno al colapso del modelo de desarrollo del PRI.
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