Casi como una regla política, todo presidente de la República realiza una reforma electoral para ajustar el sistema de votaciones a sus propias necesidades políticas. Sin embargo, cada nueva reforma no hace sino complicar y distorsionar la función primordial del proceso electoral: garantizar elecciones libres, contar los votos sin interferencias políticas y garantizar la libre información del electorado.
El actual Instituto Nacional Electoral fue creado como IFE para sustituir el agotado modelo de la Comisión Federal Electoral por las irregularidades en las elecciones presidenciales de 1988, pero la gestión del consejero presidente Lorenzo Córdova Vianello ha convertido –o tratado de convertir– al INE en algo así como la Secretaría de Estado para la definición y defensa de la democracia.
El IFE-INE nunca ha dejado de tener la influencia dominante del gobierno federal. Córdoba Vianello fue producto de una negociación política directamente con el presidente Enrique Peña Nieto y su tarea ha sido la de bloquear el avance de Morena. Una cosa es que este partido carezca de estructura formal como partido, pero otra cosa es que se haya desatado una guerra entre el organismo electoral y el partido que ostenta la primera fuerza política.
El país necesita un organismo electoral que se dedique solo a organizar elecciones y contar los votos, sin interferir con los pronunciamientos políticos de los partidos y sin querer imponer un modelo específico de régimen, incluyendo la tergiversación hasta teórica de suponer que la democracia es una forma de gobierno, cuando en realidad se trata de garantías para la participación de los ciudadanos en la definición de la estructura de poder.
En los años del sexenio actual el INE ha estado en constante choque político con morena y con el presidente de la república, pero no por razones electorales sino por enfoques políticos. Córdova Vianello se ha convertido en una especie de ariete político contra el populismo y ha identificado al gobierno actual en esa propuesta que ha avanzado en muchos países del mundo. Pero el problema no es si el consejero presidente tiene o no alguna preferencia, sino que sus intervenciones contra el populismo y para imponer reglas autoritarias de control electoral están contribuyendo a distorsionar las prácticas realmente democráticas.
Todas las reformas electorales han tenido el objetivo de convertir a la autoridad electoral en un poder autónomo para beneficiar a algún grupo, ya sea el gobierno federal o afectar al partido en el poder. La gran reforma electoral que necesita el país debe regresar al esquema de una autoridad electoral que organice elecciones y cuente votos y que sean los partidos los que defiendan en el Congreso las reglas de participación.
De manera paradójica, Córdoba Vianello ha construido un INE como poder autónomo muy similar al cuarto poder que opera en la Venezuela populista. La reforma electoral de 1992 le permitió a Salinas evitar la libertad electoral convirtiendo a la autoridad en una especie de aduana con facultades coercitivas que han impedido una democracia electoral real.
La gran reforma electoral tendrá que desaparecer al consejo general del INE y crear un organismo dirigido por un director general y directores de área, pero quitándole poder adicional a los funcionarios. La tarea de poner casillas y contar votos no requiere de un consejo general con facultades que los pongan por encima del poder legislativo y con reglamentos operativos que violan los mandatos constitucionales.
El choque de INE-Morena en torno a la revocación de mandato desgastó la funcionalidad del Instituto y lo colocó ante una inminente reforma que le disminuya facultades autoritarias al organismo electoral.
Nunca existirá una reforma electoral definitiva, pero sí se puede construir un organismo electoral ajeno a los posicionamientos mediáticos de los funcionarios electorales.
